CARLOS CANTÓN ZETINA*
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“Es un acto monumental de corrupción”, dijeron partidos de oposición. Y están en lo cierto…
La familia Ballesteros, acusada de fraude en Estados Unidos y una de las grandes beneficiarias del atraco a los mexicanos a través del Fobaproa, ratificó en Quintana Roo su condición de consentida del gobierno fallido de Enrique Peña Nieto.
Es la “ganona” de que, en total secreto y sin consultar a la ciudadanía, los alcaldes de tres importantes municipios hayan mangoneado a sus cabildos para autorizar que la empresa privada Aguakán opere el suministro de agua potable y alcantarillado hasta el año 2053. La compañía es dirigida por ciudadanos de Argentina, pero formalmente sus dueños son los Ballesteros.
Aguakán es premiada, en vez de que se le cancele la concesión por su “servicio” que es deficiente, dañino y caro en perjuicio de las familias quintanarroenses.
Además, con la prórroga se marcó la extinción de la dependencia estatal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). De inmediato iniciaron el remate de sus activos, el endeudamiento y el despido de trabajadores.
La jugarreta gubernamental es condenable, pues evita que una empresa particular se declare en quiebra pero manda al diablo a una entidad pública y a sus cientos de empleados.
Como parte de la opacidad con que se manejan las autoridades de Quintana Roo, se ha ocultado la razón de fondo de la apresurada prórroga, que habría sido ordenada por Peña Nieto y operada por el gobernador priista Roberto Borge Angulo:
Se trata de salvar a Desarrolladores Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (DHC), cuyo nombre comercial es Aguakán y que está ahogada por las deudas a pesar de que sus ingresos netos aumentan cada año. En 2013 obtuvo 960.7 millones de pesos, contra los 940.9 millones de pesos que logró en 2012 y los 857.3 de 2011.
Al 30 de septiembre de este año, DHC debía 515 millones de pesos. Principalmente a causa de dos créditos por 355 millones de pesos que le otorgó la dupla de consorcios aliados Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y GBM Hidráulica. Otras cuentas por pagar suman 68.2 millones, y adeuda otros 55.9 millones por concepto de impuestos.
Para atenuar su crisis financiera, DHC tiene proyectado emitir certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 900 millones de pesos. Significa que recurrirá a una deuda bursátil de cinco años, dando como garantía… ¡el agua quintanarroense!. Es decir, su principal activo que es la concesión otorgada por el gobierno del estado y los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres el 20 de octubre de 1993. El de Solidaridad (Playa del Carmen) será nuevo cliente.
Como condición para la bursatilización (instrumento de deuda), los evaluadores financieros exigieron a Aguakán conseguir la prórroga de su concesión para “evitar riesgos de una revocación” e incluso una eventual expropiación por parte de los gobiernos federal o estatal. Se entiende que la mafia dueña de la empresa recurrió al presidente de la República.
Todas esas consideraciones las hace DHC en un “prospecto” de bursatilización con fecha del 14 de noviembre de este año. Entre otras cosas, la empresa de los Ballesteros recuerda que en el convenio de concesión se estipulan las causas por las que las autoridades de Quintana Roo podrían cancelarle la concesión, y entre ellas figura la siguiente:
“5. Las violaciones graves e imputables a los términos o condiciones del Título o la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, así como incurrir en deficiencias e irregularidades notorias en la prestación del servicio”.
Es evidente el pésimo servicio que ha brindado en Cancún e Isla Mujeres, lo cual serviría de apoyo al gobierno para quitarle la concesión.
En el extenso documento, la empresa da como un hecho, en noviembre, que la prórroga será aprobada por los alcaldes priistas de Cancún, Paul Carrillo de Cáceres; de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, y de Isla Mujeres, Agapito Magaña Salazar. Ello, porque establece una fecha para el registro de los certificados bursátiles ante la Bolsa de Valores: 11 de diciembre de 2014.
Sin empacho, Aguakán (o DHC) menciona también que las autoridades se comprometieron, y han cumplido, a concederle un incremento ANUAL en las tarifas de agua potable y alcantarillado. Por eso los cada vez más altos recibos que le llegan al pueblo.
El “prospecto” de bursatilización contiene los balances financieros de la empresa, los volúmenes de agua que vende, el equipo de que dispone, sus “inversiones” para mejorar la red de agua potable y alcantarillado, así como su “responsabilidad ambiental”… y su enorme deuda. Así como la necesidad que tiene de allegarse de recursos frescos.
Al referirse a la cobertura de servicios indica que atiende a 1.6 millones de habitantes y a 3 millones de turistas. El agua que vendió el año pasado: 34.2 millones de metros cúbicos.
Usted puede leer el documento completo en esta liga:
http://www.aguakan.com/uploads/files/Prospecto.pdf
¿Y quiénes son los dueños de Aguakán?
El Consejo de Administración de Desarrolladores Hidráulicos de Cancún (DHC) está formado por 4 consejeros propietarios y 4 suplentes.
BALLESTEROS ZAVALA
Los primeros son: Jorge Eduardo Ballesteros Franco (presidente), su hijo Jorge Eduardo Ballesteros Zavala; Diego Ramos González de Castilla y Enrique Rojas Blásquez.
Los suplentes: Diego Xavier Aviles, Paul Andrew Rangel Merkley, Fernando Ramos Gonzalez de Castilla y Manuel Rodriguez Arregui.
Además figuran los “funcionarios”, los que realmente operan Aguakán, y son originarios de Argentina:
1.- Roberto Enrique Robles, director general.
2.- Carlos Ignacio Broggi, gerente técnico.
3.- César Gastón Borda, gerente comercial.
El contralor, de quien no se dice su origen, es Jorge Guerrero Escandón.
El presidente del Consejo de Aguakán, Jorge Eduardo Ballesteros Franco, es también directivo del poderoso consorcio Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), y en esa calidad fue acusado de fraude por el fiscal de Distrito Sur de Nueva York (EU), el 9 de mayo de 2011. Igual que 15 familiares suyos, incluido su hermano José Luis, fallecido en 2010.
Se les acusó de haberse beneficiado ilícitamente utilizando información privilegiada. Obtuvieron una ganancia de 3.7 millones de dólares.
El 17 de junio de 1999, José Luis Ballesteros Franco se enteró en junta de directorio de la venta de la empresa química Nalco Chemical Company. De inmediato avisó a su parentela y juntos compraron acciones a través de una cuenta suiza del fideicomiso familiar.
El clan Ballesteros ha sido consentido del régimen priista. Con el presidente Carlos Salinas de Gortari se benefició del generoso uso de recursos públicos a través del Fobaproa, que lastimó la economía de millones de mexicanos. El Grupo Mexicano de Desarrollo de los Ballesteros también le sacó a CSG, en 1989, el contrato para construir la Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco), que resultó un fraude por lo mal hecha.
Además obtuvo “apoyos” por medio del programa de rescate carretero autorizado en los años 90s por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Ahora, todo indica que le toca a Peña Nieto echarle la mano.
El poderoso grupo GMD lo mismo construye carreteras que maneja 28% de los minerales del país, y 7% de la energía que se produce se hace con carbón que surte a través de sus puertos. El cemento también está presenta en su cartera de negocios. Ah!, y el agua de Cancún e Isla Mujeres y, pronto, de Playa del Carmen.
Ballesteros Zavala, el hijo, es director de una empresa filial, GMD Resorts, que tiene proyectos de desarrollo turístico en Cancún, Isla Mujeres y Acapulco.
Apenas en abril de 2013, los dos Ballesteros, padre e hijo, fueron demandados por la empresa Obras y Proyectos del Pacífico, S.A.
Son unas “fichitas” que quieren más y más dinero…
En cuanto a Mauricio Góngora Escalante, quien permitió que Aguakán entre ahora a la Riviera Maya y aspira a ser gobernador de Quintana Roo, ha sido acusado de ser tapadera de sus antecesores Filiberto Martínez y Rafael Kantún en el endeudamiento de Solidaridad por casi 900 millones de pesos. Los créditos se “esfumaron”.
El pasado martes 9, la diputada federal Alicia Ricalde Magaña y el senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz denunciaron al actual alcalde priista ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.
Ex tesorero del ayuntamiento, Góngora estaría involucrado en el desvío de recursos federales por 70 millones de pesos a través de “empresas fantasma”.
La demanda es además contra otros priistas: el ex alcalde y actual diputado federal, Román Quian Alcocer; el también ex edil y diputado local, Filiberto Martínez Méndez; el ex tesorero de esa Comuna y actual diputado José Luis Toledo Medina (otro que quiere ser gobernador), y Juan Pablo Guillermo Molina, ex director de Finanzas de Solidaridad y actual secretario de Planeación y Finanzas del gobierno estatal.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas que fueron de circulación nacional Quehacer Político y Polémica.
TWITTER: @cantonzetina
http://carloscantonzetina.blogspot.com
Creo mi comentario ya es tardío, el Cartel Político ya avanzo en la devastación . Siento gran tristeza, que no defiendan y permitan la destrucción de la Biodiversidad, de los Ecosistemas. Para qué luego digan \”Cambio Climático\”.,Calentamiento Gloval\” . Todo menos Corrupción, y cobardía.
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