Solamente cinco días duró la buena expectativa financiera en torno a la ampliación por 39 años más de la concesión a la empresa privada Aguakán del servicio de agua potable para Cancún, Isla Mujeres y ahora también para el municipio de Solidaridad, que tuvieron a bien aprobar en sesión secreta y al “fast track” sus respectivos cabildos y posteriormente el Congreso del estado, pues la calificadora crediticia internacional Fitch Ratings castigó con una calificación negativa a la empresa pública descentralizada del gobierno de Quintana Roo, denominada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

El pasado 17 de diciembre, Fitch Ratings decidió cambiar la calificación crediticia de CAPA luego de las iniciativas de decreto planteadas y avaladas en el Congreso Estatal, precisamente las relacionadas a la concesión a un privado de los servicios al municipio de Solidaridad y a la contratación de deuda hasta por 980 millones de pesos por parte de CAPA.

Por eso, Fitch ratings estimó que las decisiones legislativas en torno al negocio del agua potable en Quintana Roo podrían tener un impacto relevante en el perfil operativo y financiero de la CAPA.

El Congreso del estado aprobó una prórroga anticipada al vencimiento de la concesión- otorgada en 1993- con la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) para la prestación de los servicios públicos de agua en Benito Juárez (Cancún) e Isla de Mujeres a cargo de Aguakán. Lo anterior, bajo los mismos términos y condiciones vigentes así como la ampliación del plazo de vigencia pero hasta el año 2053. Asimismo, se planteó la incorporación del municipio de Solidaridad a dicha concesión.

Con lo anterior, menciona Fitch Ratings la cartera de usuarios, el perfil operativo y financiero de la CAPA atraviesan cambios estructurales relevantes para su calidad crediticia.

Actualmente, la CAPA opera el servicio de agua potable y alcantarillado en ocho municipios del Estado: Othón P. Blanco, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar. Por otra parte DHC opera los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres desde el 1 de enero de 1994.

El impacto a la flexibilidad financiera de CAPA fue resaltado por Fitch Ratings y con mayor razón luego de la manifestación en Playa del Carmen por parte de unos 200 empleados de CAPA tan pronto conocieron que la empresa para la cual trabajan entró en proceso de liquidación para dar entrada al nuevo patrón en el municipio de Solidaridad, Aguakán.

La alerta de Fitch Ratings obedece a que además de entregarse la concesión del servicio de agua potable a Aguakán en el municipio de Solidaridad, también se rematan activos, junto con el endeudamiento de la institución más el despido de sus trabajadores.

Tal es el caso de la desincorporación de un lote con valor comercial de hasta 4 millones de dólares donde antes estaban las oficinas de CAPA en Playa del Carmen que pasa de dominio público a privado, mismo que cuenta con una superficie de mil 206 metros cuadrados (clave catastral 4020100609), ubicado en la Calle 6 con el número 138, en confluencia con avenida 10.

Adicionalmente, llamó la atención de los especialistas financieros internacionales el hecho de que en estas operaciones que impactan la contabilidad de CAPA para contratar deuda o certificados bursátiles hayan quedado como garantía el 100% de los ingresos derivados de la contraprestación por prórroga de concesión a favor de Aguakán, por un plazo de 15 años.

Así, la referida observación negativa indica una posible baja de calificación crediticia en el corto y mediano plazo, la cual está en función de los efectos que pudieran tener las resoluciones del congreso estatal en la estructura operativa y financiera de CAPA, que incluye su adicional endeudamiento.

A nivel nacional es conveniente que observemos que a septiembre de este año, Chihuahua, Quintana Roo, Chiapas y Coahuila presentaron el mayor nivel de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto. Según la Secretaría de Hacienda los pasivos de Quintana Roo representaron el 7.4% del PIB estatal, toda vez que su nuevo endeudamiento supera los 17 mil millones de pesos,

En detalle, Marketing Consultans indica que la deuda pública de Quintana Roo asciende a 17 millones 762 mil 800 millones de pesos, lo que la hace la novena más grande entre las 32 entidades federativas y la segunda si dividimos esta deuda entre su población (la deuda per cápita es de 11 mil 962 pesos por habitante, según datos de INEGI y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Así, por su nivel de endeudamiento la deuda del gobierno de Quintana Roo es de las peor calificadas a nivel nacional por las tres más reconocidas calificadoras internacionales, que consideran que presenta elementos especulativos que ponen en riesgo su pago (Fundación Preciado, Panorama de la deuda de los estados del país, 2014).

El pago de la deuda pública de Quintana Roo está garantizado por las participaciones federales, que son el principal componente del presupuesto de egresos del Estado. La deuda pública del gobierno estatal equivale al 89% de las participaciones federales, y esto pone una seria limitante a la capacidad de obra pública para la ampliación de infraestructura.

Por eso, Fitch Ratings observa las repercusiones adicionales del crédito hasta por 980 millones de pesos previsto para CAPA, dependiente del gobierno del estado, pero esto será motivo de análisis en otra entrega en punto de la Hora 14.mauricio_conde@msn.com

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