IFT aprueba que gobierno tenga las facultades de revisar toda clase de intercambio de voz y datos, desde llamadas hasta mensajes de texto, de cualquier ciudadano; hace caso omiso a quejas de operadores.
Ciudad de México (elsemanario.com).- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) avaló la facultad del gobierno federal de poder acceder a todo tipo de intercambio de información entre cualesquier ciudadanos, ya sea por vía telefónica o Internet; según publicó el periódico Reforma. Con esto, el Instituto aprobó que nuestros correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas y búsquedas de Internet sean legalmente accesibles a funcionarios de las dependencias de seguridad.
Próximamente serán votadas las reglas y procedimientos que los operadores de las compañías de telecomunicaciones tendrán que seguir cuando les sea solicitado que se intervenga el servicio de alguna persona específica.
De acuerdo a lo establecido en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se creó el proyecto de Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia, con la cual se establece la participación de las empresas de este sector en la recopilación de datos sobre los usuarios de los servicios, so pretexto del combate a delitos electrónicos.
Hace caso omiso de su propia consulta
El IFT, al recibir la propuesta, realizó una consulta que se realizó del doce al 27 de noviembre del año pasado, en que se solicitaba vía correo electrónico comentarios acerca del anteproyecto de los Lineamientos. Los operadores contestaron sobre varios puntos polémicos, pero con esta nueva información se exhibe que se hizo caso omiso ante su propia consulta.
Las direcciones IP de los usuarios, con lo que se podrá tener acceso a la actividad en la red de una o más personas, así como su geolocalización, fue criticada por los operadores del sector, solicitando que esta información no fuera contemplada por la nueva ley. Sin embargo, sus peticiones fueron rechazadas por el IFT y fueron incluidas en la legislación.
Los Lineamientos establecen que todos los “concesionarios de telecomunicaciones, autorizados y los proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes.”
La mayor parte de los esfuerzos por parte de este proyecto se pone la mayor carga de responsabilidades a las compañías de radio y telecomunicaciones, las cuales deberán invertir para crear una infraestructura y una división especializada que se responsabilice de cumplir con cualquier petición que les sea dada por las “autoridades competentes” y en “tiempo real”.
Además, la propuesta generó reclamos a raíz de la falta de claridad en quiénes serán las autoridades que podrán solicitar información privada de las usuarios. En el anteproyecto de esta legislación se nombra como autoridades designadas a “todo aquel servidor público que haya sido designado por lo titulares de las instancias de seguridad y procuraduría de justicia que cuenten con la facultad explícita en ley para requerir la información…” A pesar de todavía no darse a conocer los pormenores en este aspecto, se puede esperar que haya una decisión importante por parte del IFT en este punto. (Fuente: El Semanario)
