CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 350 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones el proyecto de reformas constitucionales para acotar y regular el endeudamiento de estados y municipios, que tan solo entre 2007 y 2014 aumentó de 186 mil millones de pesos a 490 mil mdp en conjunto.
La reforma avalada por los diputados federales y turnada al Senado de la República prevé la creación de un registro público y un sistema de alertas sobre las deudas locales, además de otorgarle al Congreso de la Unión la facultad de legislar las bases para la contratación de créditos y establecer sanciones para los funcionarios que incumplan dichas disposiciones.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, remarcó que el objetivo de la enmienda constitucional es frenar el abuso de gobernadores y alcaldes en la contratación de deuda, que en 10 años aumentó 400 por ciento, así como transparentar el destino de los recursos y sancionar a quienes violenten las disposiciones de disciplina financiera.
“Las cifras hablan por sí solas; el incremento sustancial de la deuda pública de municipios y estados es evidente, por lo que ante esta situación tan alarmante resulta imperativo que nosotros como Poder Legislativo llevemos a cabo las acciones necesarias para controlar la deuda pública de los distintos órdenes de gobierno”, puntualizó a su vez el perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al fundamentar el dictamen.
En su turno, la priista Lizbeth Loy Gamboa negó que la reforma constitucional violente de algún modo la autonomía estatal o municipal y remarcó que se trata simplemente de un mecanismo adicional de control para evitar el dispendio o mal uso de los fondos obtenidos mediante líneas crediticias.
El proyecto considera la creación de una comisión bicamaral de diputados y senadores para analizar las estrategias de ajuste financiero y formular observaciones a las entidades y ayuntamientos con altos niveles de endeudamiento que soliciten garantías del gobierno federal para incurrir en nuevos empréstitos.
Ente las modificaciones y adiciones a seis artículos de la Constitución se establece asimismo la obligación de estados y municipios de saldar sus deudas de corto plazo tres meses antes de concluir sus respectivos periodos de gobierno y les impide asimismo contratar más endeudamiento en ese mismo lapso.
Impone adicionalmente la prohibición de destinar deuda al gasto corriente y determina como requisito el voto calificado de las dos terceras partes de los congresos locales para autorizar los montos y garantizar las “mejores condiciones” para la contratación de créditos.
Con el respaldo mayoritario de las fracciones parlamentarias, el proyecto establece la obligación del Estado de velar por la estabilidad de las finanzas públicas y amplía las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar el destino de la deuda garantizada con las participaciones federales.
El dictamen subraya la necesidad de frenar la tendencia creciente del endeudamiento local, que en diez años aumentó el equivalente a 1 por ciento del PIB nacional.
Detalles
-La reforma establece que estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y las condiciones que prevea la ley general que expida el Congreso de la Unión.
-Entidades y municipios enviarán al Ejecutivo federal y al Congreso un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor de ese decreto en un plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquel emita. (Fuente: Milenio)