CANCÚN, MX.- Por despojo de un terreno de casi 4 hectáreas, Alberto Millar, director de la revista ‘Polémica’ y hermano gemelo de Heriberto, director del periódico ‘Respuesta’, ambos ligados al Gobernador Roberto Borge, fue demandado por la Unión de Posesionarios y Colonos Alfredo V. Bonfil.

En entrevista, Eduardo Paredes Moreno, representante legal de esta Unión, dijo que desde antes de 1993, cuando se constituyó esta Asociación Civil, ellos ya tenían la posesión de estos terrenos y ese mismo año recibieron la ratificación por parte del Ejido para el usufructo de estas tierras, en donde desde hace años mantienen un vivero y tres pistas para actividades recreativas al aire libre.

Una de las pistas es usada para autos a radio control, la otra para aeronaves también a radio control y la tercera es una pista para aviones ultraligeros que cuenta con autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil desde el año 2003.

Sin embargo, denunció que desde el 20 de enero pasado, Alberto Millar se presentó en estos terrenos con un grupo de 30 personas que portaban armas cortas y largas y los echaron por la fuerza de la propiedad, la cual mantienen ocupada desde entonces, amedrentando a los que se acercan y sin que ninguna autoridad parezca dispuesta a intervenir a pesar de las denuncias hechas.

Dijo que ese día, Alberto Millar llegó ingiriendo bebidas embriagantes y en una actitud prepotente, argumentando que ellos eran los dueños y que los que estaban en el lugar se tenían que salir inmediatamente.

Señaló que los invasores se mostraron agresivos en todo momentos y sólo mostraron unos documentos que, al parecer, dijo, son falsos.

Afirmó que si los documentos fueran verdaderos y si realmente fueran los dueños, el asunto se debió dirimir por la vía legal, pero esto no es así.

Tras apoderarse del predio, explicó que estas personas metieron maquinaria al predio y están realizando diversos destrozos, pero no les dejan pasar para ver lo que están haciendo.

Refirió que ya interpusieron una denuncia por despojo, daños, amenazas, privación ilegal de la libertad y lo que resulte.

“Nosotros no tenemos armas, pero tenemos todo el derecho”, expresó.

El denunciante dijo que aunque ya interpusieron su denuncia ante el Ministerio Público, las autoridades no parecen interesadas en el caso y acusó que este tipo de acciones lo único que provocan es una gran incertidumbre legal que desmotivará a realizar inversiones en la zona. (Noticaribe | Foto: @MarcrixNoticias)

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