CANCÚN, MX.- El desahuciado proyecto Dragon Mart Cancún se ha convertido en una papa caliente para el Gobernador Roberto Borge Angulo y para su antecesor, Félix González Canto, que promovieron y avalaron permisos irregulares para el desarrollo de este complejo comercial y habitacional en el predio “El Tucán”, ubicado entre Cancún y Puerto Morelos.
Este martes, la Profepa solicitó a la Semarnat, al Gobierno del estado de Quintana Roo y al Ayuntamiento de Benito Juárez que inicie procedimientos para sancionar a los a funcionarios que dieron los permisos al proyecto Dragon Mart Cancún.
Específicamente, al Gobierno del estado y al ayuntamiento de Benito Juárez, la Profepa les pidió que revisen de manera exhaustiva todas y cada una de las autorizaciones otorgadas al proyecto, a fin de “constatar su legalidad y deslindar en función de sus atribuciones, las responsabilidades legales correspondientes”.
Por lo contrario, el Gobernador, el día de ayer, evadió el tema en entrevistas que concedió en el marco del homenaje al recién fallecido Roberto Cintrón, quien fue presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, y en el acto de inauguración de una cancha en la Región 217.
Incluso, un reportero le preguntó sobre el asunto y el mandatario optó por guardar silencio y se dio la vuelta para retirarse a su camioneta.
De hecho, desde que el pasado 26 de enero la Profepa clausuró las obras del proyecto ‘Dragon Mart Cancún’ en el predio “El Tucán” -por carecer de permisos federales de manifestación ambiental y de cambio de uso forestal-, el tema fue censurado en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y los demás medios afines o dependientes del Gobierno del estado.
‘DRAGON MART’, PROYECTO LIGADO A FÉLIX Y BORGE
A unos días de dejar el cargo, el 22 de marzo de 2011, el entonces gobernador Félix González Canto encabezó en el Centro de Convenciones Cancún Messe la presentación del proyecto Dragon Mart, acompañado por el presidente de la empresa Chinamex, Hao Feng.
Aunque, no tuvo a su cargo, al entrega de permisos, González Canto concedió “estímulos fiscales” a los inversionistas.
El 14 de junio de 2012, el proyecto fue relanzado en un acto presidido por el Gobernador Roberto Borge.
Al actual Gobierno le correspondió otorgar los permisos ambientales a los promoventes del ‘Dragon Mart’.
CON COMPLICIDAD DEL GOBIERNO DE QR, SE SALTARON AL GOBIERNO FEDERAL
El 6 de septiembre de 2012, el director del Inira, Juan Pablo Ortega Ceballos, otorgó la autorización de impacto ambiental a la empresa ‘Real Estate Dragon Mart’.
“Se autoriza de Manera Condicionada en materia de impacto ambiental el proyecto denominado ‘Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras asociadas’”, se estableció en el resolutivo INIRAQROO/DG/DIA/156/2012.
Organismos ecologistas impugnaron el otorgamiento de este permiso, pues el asunto no era facultad del Gobierno del estado, sino de autoridades federales, pues el predio “El Tucán” corresponde a un ecosistema costero.
A la larga, esta impugnación, fue la que derivó en que la Profepa clausura en días pasados el proyecto del ‘Dragon Mart’, en el predio “El Tucán”.
Y sin contar con los permisos federales, los inversionistas acudieron a solicitar la licencia de construcción al Ayuntamiento de Benito Juárez.
Tras la solicitud de este permiso municipal por parte del apoderado legal de la empresa Real Estate Dragon Mart, Juan Carlos López Rodríguez, el entonces alcalde Julián Ricalde, sometió el proyecto a una consulta con colegios de profesionistas, universidades, grupos ecologistas y representantes de la sociedad civil de Puerto Morelos.
Después de esta consulta, el entonces titular de la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano (SMEDU), Humberto Aguilera, resolvió no otorgar la licencia de construcción.
‘Real Estate Dragon Mart’ impugnó la resolución de la SMEDU ante a la Sala Constitucional y Administrativa (SCA) del Tribunal Superior de Justicia, para exigir vía la “positiva ficta “que se les otorgue la licencia de construcción pues la autoridad municipal había excedido el plazo de 45 días hábiles establecidos en el Reglamento de Procedimiento Administrativo”.
En unas cuentas semanas, con una celeridad extraordinaria, el magistrado –único- de la SCA, Manuel Ávila Fernández, resolvió a favor del apoderado legal de la empresa Real Estate Dragon Mart, Juan Carlos López Rodríguez.
El 27 de agosto de 2013, la SCA resolvió el expediente /109/2013:
“La Sala Constitucional y Administrativa determinó declarar la configuración de la resolución afirmativa ficta, al estimar que la resolución expresa dictada
por el secretario municipal de Ecología y Desarrollo Urbano no fue legalmente notificada dentro del plazo previsto en la reglamentación municipal aplicable”.
Pero este no ha sido el único resolutivo cuestionado del magistrado Ávila Fernández, pues en días pasados también dio su aval para el aumento de las tarifas de transporte urbano de Cancún.
Y finalmente la ‘Real Estate Dragon Mart’, con la autorización ambiental otorgado por el Inira y la licencia de construcción ordenada por el Tribunal Superior de Justicia, inició en enero de 2014 los primeros trabajos para el desarrollo del complejo de 722 viviendas, 20 naves comerciales y tres mil locales en 203.83 hectáreas. (Noticaribe)
DOCUMENTO:
RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DEL ‘DRAGÓN MART’ POR EL GOBIERNO DE BORGE
