CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el Senado ocultó la forma en que gastó mil 200 millones de pesos que asignó a sus grupos parlamentarios en 2013, año en que el panista Ernesto Cordero presidió la cámara durante ocho meses y después fue sucedido por el priista Raúl Cervantes Andrade.
Además, de acuerdo con la revisión de ese año, el Senado aumentó el apoyo económico de sus secretarias de la Mesa Directiva hasta 200 mil pesos mensuales, dio a su Mesa Directiva bonos extra por 50 mil pesos y entregó dos millones de pesos mensuales adicionales por cada senador para compra de boletos de avión.
La auditoría detalla que los senadores tenían un presupuesto original de mil 89 millones 471 mil 100 pesos para asignaciones a los grupos parlamentarios, pero sin justificación decidió aumentarla a 120 millones 109 mil 600 pesos, lo que da un total de mil 209 millones 580 mil 700 pesos.
Revela que, al pedirle explicaciones, el Senado “sólo proporcionó un resumen y el auxiliar contable de los importes y conceptos que fueron transferidos a dicha partida durante el ejercicio 2013, los cuales se revisaron y cotejaron contra los recibos emitidos por los coordinadores de los grupos parlamentarios.
“La documentación que sustenta la aplicación de los recursos, otorgados a través de la partida 39903 Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, no fue proporcionada a la Auditoría Superior de la Federación, por tanto no se pudo comprobar si éstos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, precisa el reporte.
El informe que da cuenta de las irregularidades en el Senado es parte de la Cuenta Pública 2013 de la ASF, en la que siete auditorías podrían derivar en denuncias penales.
Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación, dijo ayer que las anomalías en el gobierno federal durante 2013 suman más de 50 mil millones de pesos.
Derrochan y no muestran facturas
La ASF descubrió que, en tiempos de Ernesto Cordero, la Mesa Directiva se asignó apoyos y bonos, además de repartir boletos de avión.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió los excesos del Senado en el uso de recursos públicos, pues durante 2013 omitió comprobar la forma en que gastó mil 200 millones de pesos que asignó a sus grupos parlamentarios, lo que equivale a un tercio del presupuesto total de esa instancia legislativa, que en dicho año ascendió a 3 mil 756 millones de pesos.
Además, el Senado aumentó el apoyo económico de sus secretarias de la Mesa Directiva hasta 200 mil pesos mensuales y dio a su Mesa Directiva bonos extras por 50 mil pesos.
Adicionalmente, decidió entregar dos millones de pesos mensuales extras por cada senador para que compre boletos de avión, pero ya no se puede comprobar si los usan ellos o alguien más.
La revisión de la Auditoría Superior se refiere al año 2013, en el que el panista Ernesto Cordero Arroyo fue presidente de la Mesa Directiva del Senado, desde enero hasta el 31 de agosto (su periodo comenzó el 1 de septiembre de 2012), y el priista Raúl Cervantes Andrade asumió la presidencia desde el 1 de septiembre de ese año.
Entre las revelaciones de la Auditoría Superior se observa que los senadores tenían un presupuesto original de mil 89 millones 471 mil 100 pesos para Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, pero, sin justificación, decidió aumentarla en 120 millones 109 mil 600 pesos, por lo que en total ejerció mil 209 millones 580 mil 700 pesos.
Al pedir comprobación de la forma en que se gastó este dinero, el Senado “sólo proporcionó un resumen y el auxiliar contable de los importes y conceptos que fueron transferidos a dicha partida durante el ejercicio 2013, los cuales se revisaron y cotejaron contra los recibos emitidos por los coordinadores de los grupos parlamentarios.
“La documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados a través de la partida 39903 Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, no fue proporcionada a la Auditoría Superior de la Federación; por tanto, no se pudo comprobar si éstos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, precisa la Auditoría.
También explica que este hecho “cobra mayor relevancia al observar que el presupuesto ejercido en la citada partida presupuestaria se incrementó 120 millones 109 mil 600 pesos, equivalentes a 11% respecto a su presupuesto original; y 152 millones 944 mil 400 pesos equivalentes al 14.5% con respecto a los mil 56 millones 636 mil 300 pesos ejercidos en 2012”, dice.
Panista generoso
Revela que el 26 de agosto de 2013, cuando Ernesto Cordero era todavía presidente de la Mesa Directiva, se autorizó “por única vez” un apoyo económico de 517 mil 800 pesos a un integrante de uno de los grupos parlamentarios; la Auditoría no precisa quién, pero sí recuerda que esa decisión se tomó “no obstante que los senadores cuentan con una póliza de gastos médicos mayores; además, cada grupo parlamentario recibe un apoyo trimestral para gastos médicos menores”.
También saca a la luz que el 1 de octubre de 2013, ya con Raúl Cervantes como presidente del Senado, “se consideró conveniente apoyar el trabajo legislativo de las senadoras y senadores que desarrollan actividades como secretarios de la Mesa Directiva, por lo que se autorizó incrementar un importe de 100 mil pesos al apoyo económico que mensualmente recibían, para quedar en 200 mil pesos mensuales”.
La Mesa Directiva tiene cinco secretarias: las priistas Lucero Saldaña y Lilia Merodio; la panista Rosa Adriana Díaz Lizama; la verde María Elena Barrera y la petista Martha Palafox.
Pero además de ese incremento, la Mesa Directiva autorizó otorgar mensualmente un monto de 50 mil pesos “para gastos de representación de todos los integrantes de la Mesa Directiva, por la demanda frecuente de reuniones de trabajo con diputados federales, sectores de la sociedad mexicana y agrupaciones sociales”. Descubrió que desde 2008 hasta 2013, las asignaciones extraordinarias con cargos a la partida de Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, creció anualmente 27.7 por ciento.
Encontró que desde el 1 de octubre de 2013, la Mesa Directiva eliminó los cupones canjeables por boletos de avión, sólo para los senadores, para que puedan trasladarse del DF a sus lugares de origen en días de sesiones, y optó por entregar dinero en efectivo, por lo cual transfirió un monto de dos millones 613 mil 500 pesos para cubrir estos costos, amén de que transfirió otros cinco millones 96 mil 200 pesos a los grupos parlamentarios para comprar boletos de avión de los asesores de los senadores.
Anomalías de 2013 alcanzan 50 mil mdp
La revisión del gasto del primer año del gobierno de Peña Nieto incluye siete auditorías forenses, que podrían derivar en denuncias penales.
La Cuenta Pública de 2013, la primera del actual sexenio, contiene siete auditorías forenses que podrían derivan en denuncias penales, en caso de no aclararse las dudas advertidas, algunas de las cuales corresponden a particulares contratados por las dependencias federales y que involucran a la Sedesol, SEP y Registro Agrario Nacional.
Así lo resumió el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, quien señaló que las anomalías detectadas involucran recursos por 50 mil 721 mdp, de un total de mil 413 auditorías.
Destacó que a la fecha, gracias a las observaciones, ya fueron recuperados 5 mil 804 millones de pesos. Confió en que este monto pueda incrementarse si se solventan las acciones vinculadas a recuperaciones probables.
En la entrega del documento a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor precisó que gracias a la fiscalización practicada se emitieron 10 mil 861 acciones, de las cuales 6 mil 902 son recomendaciones, 783 son solicitudes de aclaración, 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, mil 321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 798 pliegos de observaciones.
En promedio, en los ejercicios revisados, la recuperación fue de 22% de los recursos señalados en las acciones que incluyen posibles recuperaciones de recusos federales. De mantenerse esa tendencia, podrían ser devueltos unos 12 mil 453 millones de pesos.
Detalló Portal Martínez que del total de las mil 413 auditorías contenidas en la Cuenta Anual 2013, 877 son de cumplimiento financiero; 525 de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas y tres son estudios.
En cuanto a las posibles auditorías forenses —como se le nombra a los casos que no son comprobados y ameritan presentación de denuncia penal en la PGR por uso indebido de recursos públicos—, el titular de la ASF aclaró que éstas se formularían en caso de que existan elementos conforme a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Los diputados de todas las fracciones parlamentarias que integran la Comisión de Vigilancia emprenderán ahora la revisión de la Cuenta Pública.
No ve anomalías en L12
A pregunta expresa, el auditor descartó la existencia de irregularidades documentadas por la ASF en el caso de los recursos federales que se aplicaron a la Linea 12 del Metro
En conferencia de prensa, Portal Martínez explicó que las observaciones en torno a esa obra, correspondiente a gastos federales, fueron realizadas en ejercicios pasados y solventadas en su momento.
“En esto no están en absoluto involucrados lo que corresponde a los trenes o a las vías; es obra civil básicamente lo que vimos y lo que se observó en su momento está en nuestros informes pasados”, explicó.
Aclaró que los problemas señalados por la ASF se refirieron a falta de escaleras, elevadores, escaleras eléctricas y terminación. Y enfatizó que todas “fueron solventadas, puesto que hasta estuvo operando (el Metro de la Línea 12).
Inaugurada el 30 de octubre de 2012, al cierre del sexenio anterior, dicha linea suspendió el servicio de la mitad de sus estaciones en marzo del año pasado, al reconocerse que tenía fallas.
En la Cámara de Diputados se analiza el ejercicio de los recursos públicos federales mediante una Comisión Especial, misma que deberá formular un reporte final.
Sostuvo Portal Martínez que la revisión al financiamiento de esta obra, en la Cuenta Pública 2013 “fue pequeño”, toda vez que “ya no había gasto”.
Desaseo en Guerrero
Al ser cuestionado sobre el caso de la entidad, el auditor admitió que existen irregularidades significativas en el caso del gobierno de Guerrero, en distintos rubros en materia de gasto federalizado, como salud, educación, básica y Seguro Popular.
“El caso de Guerrero es uno de los que tenemos quizá con montos observados importantes”, planteó en entrevista con los medios.
Señaló que la Auditoría Superior de la Federación a su cargo tiene en proceso “muchas denuncias, 40 o 50; no le puedo dar el dato ahorita, un buen número”.
Calificó las irregularidades como “observaciones importantes” y expuso que con base en éstas ahora se encuentran en fase de integración de las denuncias correspondientes, para eventualmente presentarlas ante la PGR.
“Nosotros estamos armando aquellas denuncias que pensamos que puedan proceder y proceden en algunos casos en forma muy clara, cuando terminamos una auditoría y existe una evidencia de una desviación clarísima de recursos”, comentó Portal Martínez.
Respecto a la evaluación de si hubo desvíos en el gasto federalizado, planteó que primero se tiene que fiscalizar cada rubro, “tanto de lo que es fondo para la educación básica, como lo que es para salud, como para seguro popular, son muchos los fondos”.
En cuanto al dinero que la Federación canalizó a la entidad con motivos de los daños generados por los desastres naturales catastróficos de 2013, el auditor precisó: “No tenemos ninguna observación pendiente en lo que corresponde al Fonden (Fondo de Desastres Naturales)”.
Faltantes
Las irregularidades contables de 2013 halladas por la ASF ascienden a 50 mil millones de pesos. Ta l cantidad equivale a:
12.7 veces el presupuesto que el INE autorizó a los partidos políticos para este año, que asciende a 3 mil 909 millones de pesos.
40 por ciento del recorte presupuestal aplicado por la Secretaría de Hacienda en enero pasado, el cual será de 124 mil millones de pesos.
Poco menos del presupuesto que este año ejercerá el Poder Judicial (SCJN, Consejo de la Judicatura Federal y TEPJF), que es de 51 mil 769 millones de pesos.
33 veces el gasto autorizado para la Secretaría de la Función Pública, que este año asciende a mil 483 millones de pesos.
Auditor propone anticipar entregas
El auditor de la Federación Juan Manuel Portal Martínez fijó su postura respecto a los cambios que deben darse en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, destacando el señalamiento de compaginar sus funciones con la fiscalización, así como la medida de ir presentando las auditorías conforme se vayan completado y no esperar a presentarlas todas 14 meses después del ejercicio fiscal.
Consideró el titular de la ASF como una necesidad adelantar la fecha de la presentación de la Cuenta Pública, así como entregar, mediante informes individuales, los resultados de nuestras auditorías conforme se vayan concluyendo, y no como actualmente ocurre, con una única presentación, que se ejemplifica con el día de hoy: una cantidad abrumadora de información catorce meses después del término del año fiscal que se revisa”.
En su mensaje ante los diputados, sostuvo que no existe ninguna institución que pueda prescindir de factores como la credibilidad y la confianza, al tiempo que admitió que ésta “no se genera a través de la retórica o de acciones espectaculares”, sino por medio de un trabajo sistemáticamente profesional, ordenado y apegado a la normativa.
“Para nadie es un secreto que, en la presente coyuntura, uno de los elementos más representativos del sentir general es la crisis de confianza por la que atraviesan las instituciones de la República”, señaló Portal Martínez.
Expuso que distintos sectores de la ciudadanía han asumido una actitud de escepticismo y de reserva respecto a la actuación del Estado, “llegando, en algunos casos, hasta a asumir tintes de disenso y confrontación”.
Habló de 13 áreas de riesgo de mayor impacto y representatividad en el sector público, entre las que encuentran la integridad gubernamental; cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos; rendición de cuentas en las entidades federativas; padrón de beneficiarios de los programas sociales.
Incluyó en esa lista la revelación de pasivos y gasto; adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado; proyectos de infraestructura sin planeación, supervisión ni seguimiento; participación de intermediarios en la dispersión del gasto público; subejercicios; incorporación de Tecnologías de Información en el ejercicio gubernamental; programas públicos duplicados, sin coordinación o injustificados, y servicios suministrados por particulares.
Se pronunció por un Sistema de Fiscalización que se sustente en distintos mecanismos de coordinación, en el intercambio de información y ejecución de acciones conjuntas entre las instituciones fiscalizadoras y los órganos internos de control de los entes auditados en todo el país.
Y se manifestó a favor de fortalecer los vínculos de la ASF con la Secretaría de la Función Pública, una vez que se concrete dicho sistema. (Fuente: Excélsior)