La llamada mesa para la reforma política presenta graves problemas de credibilidad y legitimidad.
Si bien se presenta como un intento de la oposición frente al inminente planchazo del PRI en el Congreso del estado para la nueva ley electoral, la mayoría de los integrantes de esta “mesa” ha protagonizado relaciones inconfesables con el Gobierno.
Por ejemplo, la actual dirigencia estatal del PRD y la mayor parte de los comités municipales son resultado de un acuerdo entre la senadora Luz María Beristaín y el Gobernador Roberto Borge.
La situación no cambia mucho en el PAN, en donde la voz cantante la lleva Patricia Sánchez Carrillo, quien como diputada local ha estado al servicio del gobernador priista en turno e incluso ha sido literalmente empelada del Gobierno, como Subprocuradora, en el sexenio de Félix González Canto.
La cosa se ve aún peor en el Movimiento Ciudadano, en donde la mitad de sus dirigentes está al servicio del secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti y la otra, del Gobernador.
Ni hablar del PT, en donde la democracia no es precisamente una de sus banderas, pues sus dirigentes llevan años y años y, por si fuera poco, este partido fue instrumento clave para dividir el voto opositor en las elecciones locales de 2013.
En realidad no queda muy claro el valor de esta mesa, si la mayoría de sus integrantes bailan al son que les ponen desde Chetumal.