CIUDAD DE MÉXICO.- Dentro de la reingeniería del presupuesto que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó poner en marcha, un rubro que es necesario revisar es el gasto federalizado que se destina a los estados del país y al Distrito Federal, afirmaron especialistas, pues del total de recursos que a escala nacional se pierden por desvíos, subejercicios, gastos sin comprobar y fraudes, 65 por ciento se cometen con los fondos que la Federación inyecta a los gobiernos locales.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2013, las irregularidades detectadas en toda la administración pública federal ascienden a 56 mil 525 millones 989 mil pesos. De ese total, el gasto federalizado arroja anomalías por 36 mil 959 millones 231 mil pesos, lo que equivale a dos terceras partes de los recursos que se malemplearon en todo el ejercicio del gasto del primer año de gobierno de Peña Nieto.
En este marco, los partidos políticos tienen diversos niveles de responsabilidad en el ejercicio del gasto. De las cuatro fuerzas políticas que gobiernan las 32 entidades federativas del país, el PRI es quien tiene mayores irregularidades contables, pues del total de recursos federales que en 2013 le fueron auditados a los 22 estados que domina (302 mil 075 millones 395 mil pesos), 8.5 por ciento presentó anomalías.
En segundo lugar está el Partido Verde, que gobierna en Chiapas. De los 27 mil 811 millones de pesos que le auditaron, dos mil 425 reportaron inconsistencias, lo que equivale a 8.4 por ciento de las participaciones federales.
En una tercera posición está el PAN, que gobierna en siete estados (Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Sonora). De los 109 mil 764 millones que les auditaron en 2013, hubo irregularidades en cinco mil 557 millones, lo que representa 5% de las participaciones.
El PRD es quien tiene menos observaciones en la Cuenta Pública 2013. De los 83 mil 705 millones que le fueron auditados a las cuatro entidades que gobierna (Distrito Federal, Guerrero, Morelos y Tabasco), dos mil 863 millones tuvieron un mal uso, lo que es equivalente a 3.4% de los fondos federales, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Violencia merma la capacitación: INAP
Para el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), órgano encargado de capacitar a los servidores públicos y que, entre otras tareas, ofrece cursos de contabilidad gubernamental, una de las dificultades que enfrentan los gobiernos estatales para rendir buenas cuentas es la violencia, pues “están más preocupados por combatir al crimen organizado que en capacitar a sus funcionarios en el adecuado manejo de las finanzas locales”.
En entrevista, Rommel Rosas, secretario del sistema INAP (Instituto Nacional de Administración Pública), afirmó que en las entidades donde hay más presencia de grupos delictivos es más difícil ver inversión en formación de administradores. Lo mismo ocurre en territorios como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde “las autoridades están más atentas a resolver movimientos sociales que en subsanar las carencias de los servidores públicos encargados de administrar los recursos”.
Al preguntarle si las anomalías contables detectadas por la ASF en los estados de la República obedecen más a falta de preparación de los funcionarios o a actos de corrupción, Rommel Rosas se inclina por la primera opción: “Muchos funcionarios no saben de comprobación de gastos ni de los protocolos para el ejercicio de los recursos. Sobre todo en el ámbito municipal, es muy fácil que los despachos privados se aprovechen de la ignorancia de presidentes municipales que no tienen idea de cómo llevar la contabilidad”.
Así como hay casos graves de desempeño administrativo, como Jalisco, Veracruz y Michoacán, el secretario del INAP sostuvo que también hay ejemplos de buenas prácticas, tales como Colima y Tabasco, que han instrumentado amplios programas de capacitación: “Colima es un caso que ha sido reconocido por la OCDE y, en el caso de Tabasco, el gobernador Arturo Núñez se vio sometido a la presión ciudadana de limpiar una administración donde el antecesor se llevó hasta los muebles”, comentó.
Mayores pérdidas
De los estados gobernados por el PRI, el caso con más irregularidades contables es Veracruz; de los 38 mil 248 millones auditados en el año de referencia, los malos manejos arrojaron pérdidas por nueve mil 245 millones, lo que equivale a 24% de los recursos transferidos por la Federación.
En las auditorías al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el ciento por ciento de los dos mil 36 millones de pesos asignados a Veracruz presentan irregularidades. Algo similar ocurre con el programa Escuelas de Tiempo Completo, pues, de los 302 millones de pesos transferidos a Veracruz, 233 millones fueron mal ocupados.
Otro caso llamativo es el de Michoacán. Al estado gobernado por Salvador Jara se le auditaron 21 mil 496 millones de pesos provenientes de la Federación, y las fallas contables arrojaron pérdidas por cinco mil 867 millones, lo que significa 27 por ciento de las participaciones.
La bolsa con más anomalías en Michoacán es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB, cuyo nombre ahora es Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, Fone), el cual es utilizado principalmente para pagar el sueldo de los profesores. De los 11 mil 767 millones auditados, dos mil 467 millones fueron mal utilizados.
Despilfarro
México es uno de los países que más recursos transfiere de la Federación a los estados, señala Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (Imco), quien agrega que el promedio de las transferencias entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 11%, mientras que en México llega a 30% de los recursos federales.
“Los gobiernos estatales tienen subutilizadas sus facultades tributarias y de recaudación, y eso los ha vuelto dependientes de los recursos que les envía la Federación”, dijo Guadarrama. “Esta dependencia no sólo desalienta a los estados para autogenerar recursos, sino que facilita la mala utilización”, agrega.
Al recordar que 30% del gasto federalizado no se ejerce y no es devuelto a la Federación, Guadarrama refiere que otra necesidad urgente es la capacitación de los funcionarios locales encargados de administrar los recursos, pues “los estados sólo cumplen con 68% de las obligaciones de transparencia que exige la Ley de Contabilidad Gubernamental, y los municipios sólo 27%”. (Fuente: Excélsior)
