La realidad no son necesariamente las gacetillas y las inserciones pagadas.

Y es que para nada, la propuesta de una ley de protección a periodistas tiene el consenso de los representantes de los medios.

Algunos la apoyan, otros quieren que perfeccione y otros la rechazan. Pero no hay consenso.

En más de una ocasión, la Unidad del Vocero ha publicado desplegados de periodistas en contra de una periodista y muchos de los formalmente participantes se enteraron hasta que vieron su nombre publicado.

Es cierto que el Gobierno del estado tiene las formas de control para cabildear y dar la apariencia que su ley tiene el consenso.

Pero se trata de una iniciativa ilegitima de origen y terminará como una anécdota más del presente sexenio.

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