NUEVA YORK.- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), una de las organizaciones internacionales más prestigiadas y activas del mundo, expresó hoy su “inquietud” al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, por el encarcelamiento del periodista Pedro Canché Herrera y la violación a su libertad de expresión.
“La violencia vinculada al crimen organizado ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo en el transcurso del último decenio”, afirmó el CPJ en la carta a Peña Nieto que fue difundida hoy, en la que reclama que el arresto de Canché viola la Constitución que el Presidente dice defender.
“La semana pasada, usted declaró públicamente que la comunicación ‘es una herramienta esencial para la promoción de la libertad, el debate y la adecuada toma de decisiones sobre asuntos de interés público [y] está basada en la libertad de expresión y en el derecho a la información’. Como Presidente, ha jurado defender la Constitución federal, que garantiza el derecho a la libertad de expresión para todos los mexicanos. Las medidas adoptadas por las autoridades locales de Quintana Roo y el injusto encarcelamiento de Pedro Canche infringen estas protecciones constitucionales”, reclama en una carta enviada a la Residencia Oficial de Los Pinos.
En este contexto, donde el clima de libertad de prensa ya está restringido, un periodista crítico no debe enfrentar ni represalias ni encarcelamiento por parte de las autoridades estatales por informar sobre cuestiones de interés público”, agregó la carta firmada por Joel Simon, presidente de la organización con sede en Nueva York.
Canché Herrera, periodista independiente y activista maya en el estado de Quintana Roo, está preso desde el 30 de agosto de 2014.
Es acusado por el Gobernador Roberto Borge Angulo de sabotaje, tras una denuncia de que había ordenado a un grupo de manifestantes bloquear el acceso a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado durante una protesta contra el alza en las tarifas.
“Periodistas locales indicaron al CPJ que Canché ha informado y defendido durante muchos años las causas mayas locales, trabajado en pequeñas publicaciones, y era una fuente importante para los periodistas que trabajan en la región. En un video de YouTube ampliamente visto, publicado el 24 de agosto de 2014, criticó duramente las políticas del Gobernador del estado, Roberto Borge, hacia la población maya, y expuso la mala calidad de los hospitales locales en sus ciudades y un aumento en ciertas tasas e impuestos”.
CPJ agregó: En febrero de 2015, Reynaldo Piñón Rangel, el Juez Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo, dictaminó que el derecho del Canché al debido proceso había sido violado y dijo que encontró varias irregularidades en los gastos y las acciones contra el periodista, según el abogado y los informes de Canché. El Juez Piñón dijo que no había pruebas concluyentes de que se había producido un sabotaje ni que Canché siquiera estuvo presente en los días que fueron presuntamente los hechos descritos en los cargos, de haber sucedido”.
Pero Canché, sin embargo, sigue preso.
Canché se ha convertido en uno de los símbolos de la violación de los derechos de los periodistas en México. Borge, acusado de atentar contra la libertad de comunicadores desde que asumió su mandato, pertenece al partido del Presidente Peña Nieto, el Revolucionario Institucional (PRI).
EL 22 marzo, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su preocupación por la “prolongada detención” del periodista y activista maya pese a que la justicia ya reconoció que hubo irregularidades en su proceso. Por ello exigió que se retiren de inmediato los cargos contra el comunicador.
En la carta de CPJ se recuerda a Peña Nieto que Canché Herrera negó las acusaciones y declaró que tenía testigos y pruebas de que se encontraba en la ciudad de Cancún el día en que ocurrió el incidente, de acuerdo con su abogada. Agregó que el pasado febrero un juez dictaminó que se había violado al periodista el debido proceso, que había encontrado irregularidades en las acusaciones y el proceso penal y que no existían pruebas concluyentes de que había ocurrido un sabotaje ni de que el periodista estuvo presente ese día.
No obstante no ordenó su liberación y reenvió el caso para su revisión al mismo juez que había denegado la impugnación al encarcelamiento.
El CPJ recordó además a Peña Nieto que el pasado diciembre le había planteado el caso de Canché Herrera y advirtió que incluirían a México en la lista anual de periodistas presos, lo que no ocurría desde 2006. Advirtió al mandatario que como presidente “tiene la obligación de cumplir la Constitución federal, que consagra el derecho a la libertad de expresión de todos los mexicanos”.
“Las acciones tomadas por las autoridades locales de Quintana Roo y el injusto encarcelamiento de Pedro Canché violan estas garantías constitucionales”, afirmó el CPJ.
A continuación, anexamos la carta íntegra dirigida a Peña Nieto, la cual también está disponible en inglés y en portugués. (Con información de EFE y Sin Embargo)
CPJ al Presidente de México: caso de periodista preso viola la libertad de expresión
20 de abril de 2015
Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de Los Pinos
Casa Miguel Alemán, PB, Col. San Miguel Chapultepec, 11850, Ciudad de México, Distrito Federal
México
Por correo electrónico: enriquepenanieto@presidencia.gob.mx
Estimado Presidente Peña Nieto:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización independiente y sin fines de lucro que promueve la libertad de prensa en todo el mundo, le escribe para expresar su inquietud por la continua detención de un periodista independiente y activista maya en el estado mexicano de Quintana Roo.
Pedro Celestino Canché Herrera ha estado en prisión desde el 30 de agosto de 2014, cuando fuerzas de seguridad estatales lo detuvieron y lo acusaron del delito de sabotaje, de acuerdo con documentos elaborados por la organización de libertad de expresión Artículo 19 y que le fueron suministrados al CPJ por la abogada de Canché, María Araceli Andrade Tomala. El periodista próximamente cumplirá su octavo mes en prisión.
La acusación contra Canché se deriva de una denuncia penal interpuesta contra él por Fernando Alfonso Trujillo, el gerente local de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado de Quintana Roo, quien acusó al periodista de ordenarles personalmente a manifestantes que bloquearan el acceso a las oficinas administrativas de la comisión en la municipalidad de Felipe Carrillo Puerto el 11 de agosto. Esa manifestación fue parte de una serie de protestas que se llevaron a cabo ese mes contra el aumento en las tarifas del agua en el estado, según informes de prensa.
Canché negó las acusaciones y declaró que tenía testigos y pruebas de que se encontraba en la ciudad de Cancún el día que los manifestantes bloquearon las oficinas administrativas de la comisión, de acuerdo con la abogada.
Con anterioridad Canché había escrito sobre las protestas y había subido videos a Twitter y a YouTube. Varias de sus fotografías de las protestas fueron publicadas en la revista Proceso y luego fueron reproducidas en el sitio web del diario Noticaribe.
Consultados por el CPJ, periodistas locales expresaron que durante muchos años Canché había informado sobre causas de la población maya local y había realizado activismo a favor de esas causas, se había desempeñado en pequeñas publicaciones locales, y era una fuente importante para los periodistas de la región. En un video muy visto que Canché subió a YouTube el 24 de agosto de 2014, criticó duramente las políticas del gobernador del estado, Roberto Borge, hacia la población maya, y denunció la pobre calidad de los hospitales locales en sus ciudades y el aumento de ciertos impuestos y cuotas.
En febrero de 2015, Reynaldo Piñón Rangel, juez sexto de Distrito del estado de Quintana Roo, dictaminó que el derecho de Canché al debido proceso había sido violado y declaró que había encontrado varias irregularidades en las acusaciones y el proceso penal contra el periodista, de acuerdo con la abogada de Canché e informes de prensa. El juez Piñón declaró que no existían pruebas concluyentes de que había ocurrido un sabotaje ni de que Canché siquiera estuviera presente en los días en que se afirma ocurrieron los hechos descritos en la acusación. El juez expresó: “Las conclusiones alcanzadas por la autoridad responsable revelan inconsistencia en las circunstancias de tiempo y, por ende, de modo y lugar, que giran en torno a cada una de las distintas conductas que refiere en el acto reclamado”.
El juez Piñón no dictaminó la liberación del periodista y le ordenó a un juez de instancia inferior, el mismo que había desestimado una impugnación previa del encarcelamiento de Canché, que revisara el caso de nuevo.
Tanto la abogada de Canché como CAPA han apelado el fallo, expresó la abogada al CPJ. El proceso judicial está en marcha.
Señor presidente, en diciembre, le escribimos para plantearle nuestra inquietud por el caso de Canché y para informarle que lo incluiríamos en la lista anual de periodistas presos del CPJ. México, que apareció en la lista del CPJ por primera vez desde 2006, fue el único país de las Américas –además de Cuba– que figuró.
La violencia vinculada al crimen organizado ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo en el transcurso del último decenio, según lo demuestran las investigaciones del CPJ. En este contexto, donde el clima de libertad de prensa ya está restringido, un periodista crítico no debe enfrentar ni represalias ni encarcelamiento por parte de las autoridades estatales por informar sobre cuestiones de interés público.
La semana pasada, usted declaró públicamente que la comunicación “es un instrumento imprescindible para promover la libertad, el debate y la adecuada toma de decisiones en asuntos de interés público… [y] se sustenta en la libertad de expresión y el derecho a la información”. En calidad de presidente, tiene la obligación de cumplir la constitución federal, que consagra el derecho a la libertad de expresión de todos los mexicanos. Las acciones tomadas por las autoridades locales de Quintana Roo y el injusto encarcelamiento de Pedro Canché violan estas garantías constitucionales.
Sinceramente,
Joel Simon
Director ejecutivo
Con copia para:
Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo