Las recientes capturas de miembros del crimen organizado, en especial del Cártel de Sinaloa en los estados de Yucatán y Quintana Roo han despertado dudas sobre el por qué se encontraban los supuestos delincuentes en estas entidades consideradas de baja criminalidad.
Un seguimiento realizado por este diario detectó que hay al menos siete empresas vinculadas a actividades delictivas, principalmente al lavado de dinero y trasiego de drogas para el Cártel de Sinaloa.
Esto cobra mayor sentido tras la captura de César Gastélum Serrano el pasado 11 de abril. A él se le considera uno de los principales operadores de dicha organización coordinando acciones desde Sudamérica hasta Estados Unidos.
Las compañías han sido señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EU (OFAC, por sus siglas en inglés) y pueden ser sujetas de embargo, así como los ciudadanos de ese país tienen prohibido realizar transacciones con ellos.
Sin embargo en México incluso han prestado servicios para entidades gubernamentales y la Secretaría de la Función Pública no tiene ninguna inhabilitación contra ellas.
Tal es el caso de Andamios Dalmine de México, quienes cuentan con 12 centros en el país, entre ellos el ubicado en bulevar Luis Donaldo Colosio, kilómetro 10 lote 44, colonia Alfredo V. Bonfil, Cancún, Quintana Roo. Su presidente, Francisco Javier Gastélum es hermano de César Gastélum.
La empresa ligada a la organización delictiva ha trabajado para el gobierno del DF, en mayo de 2006, participaron en la restauración del Ángel de la Independencia.
El Fideicomiso del Centro Histórico desestimó el contrato argumentando que “nosotros nos enteramos de los vínculos que tenía la empresa por lo que se publicó en los medios, no era humanamente posible tener esa información antes de celebrar un contrato con Dalmine”.
Otras empresas son la distribuidora de tequila La Casa El Viejo Luis y su filial El Viejo Luis, también ubicadas en bulevar Luis Donaldo Colosio s/n, colonia Alfredo V. Bonfil, Cancún, y están señaladas por la DEA por ser “negocios fachada” para lavar dinero a Los Güeros, brazo armado del Cártel de Sinaloa.
Desarrollo Arquitectonico Fortita y Promociones Citadel, también están vinculadas al mismo cártel mediante los operadores Ezio Benjamín Figueroa Vásquez y su hijo Bassein Eduardo Figueroa Gómez.
Además Socialika Rentas y Catering relacionada con Brenda Esparragoza Gastélum, hija de Juan José Esparragoza, “El Azul”. Todas las empresas con oficinas en la península de Yucatán. (Fuente: Diario Cambio)
Estados Unidos aplica sanciones contra empresario ligado al Cártel de Sinaloa
WASHINGTON.- El empresario mexicano Francisco Javier Gastelum Serrano fue designado narcotraficante significativo por el gobierno de Estados Unidos y aplicó sanciones contra su empresa Andamios Dalmine, con sede en el Distrito Federal.
Gastelum Serrano está acusado de utilizar a su empresa y a trece subsidiarias para almacenar narcóticos y exportarlos a Estados Unidos para el Cártel de Sinaloa.
“Con estas acciones en contra de Francisco Javier y su compañía, estamos una vez más actuando contra la red Gastelum Serrano, una poderosa organización de trafico de cocaína, responsable de dar apoyo al Cártel de Sinaloa”, indicó en un comunicado de prensa John E. Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).
Apenas en diciembre pasado, el Departamento del Tesoro anuncio la designación como narcotraficantes significativos vinculados al Cártel de Sinaloa a cuatro hermanos de Francisco Javier Gastelum Serrano: Cesar, Alfredo, Jaime y Guadalupe Candelario.
El Departamento del Tesoro sostiene que Francisco Javier provee apoyo “crítico” a las actividades de tráfico de drogas que realizan sus hermanos, sobre todo a César.
“Además de supervisar los cargamentos de narcóticos, Francisco Javier es responsable de manejar dinero a nombre de sus hermanos, procedente de la venta de las drogas”, subraya el Departamento del Tesoro.
Sobre Andamios Dalmine, la Ofac destaca que Francisco Javier la preside desde el año 2004, y que es el responsable legal en el contrato que tiene la compañía con el estado de Jalisco.
Con esta medida, queda prohibido a todo ciudadano o entidad de los Estados Unidos tener cualquier relación con los acusados. La violación de esta ley implica sanciones, en lo civil, de una multa de hasta 1.075 millones de dólares; para un persona y para una corporación la sanción podría ser de hasta 5 millones de dólares y una sentencia de hasta 30 años de cárcel para sus ejecutivos. (Fuente: Proceso)