Ya Roberto Borge tiene todo un ‘modus operandi’ bien definido y afinadito.
Cuando uno de sus adversarios cae en alguna situación, usa todo el aparato del estado para cercarlo y exhibirlo y, por supuesto, con recursos del estado.
Para Roberto Borge no hay límites entre el gobierno y su partido, ni división de poderes, ni autonomía municipal y son inexistentes términos como el uso adecuado del poder y el decoro político.
Lo ocurrido a Joselín Ávila sigue el mismo script usado ya por Roberto Borge contra otros de sus adversarios.
Alguien incurre en un imponderable o una situación y el gobierno usa indebidamente sus recursos y difama a través de sus medios.
Una “película” más vista” que una de Pedro Infante o “Tin Tán”.
En este caso, Joselín Ávila no pasó la prueba de alcoholemia y como marca el reglamento ya no se le permitió conducir, y fue remitido al “Torito”.
Como se sabe, Joselín Ávila y su esposa, la ex alcaldesa de Lázaro Cárdenas y diputada local, María Trinidad García Argüelles, son adversarios del Gobernador
Triny pretendió ser diputada federal y el ‘sistema’ le armó todo un caso con su cuenta pública.
Curioso. La Auditoría Superior del Estado, se puso muy a las vivas por supuestas irregularidades por 11 millones de pesos de “Triny” y pasó pro alto el desvío de casi 400 millones de pesos del crédito del Ayuntamiento de Solidaridad que contrataron el entonces Alcalde, Filiberto Martínez, y el entonces tesorero, José Luis Toledo Medina, hoy flamante candidato del PRI a diputado federal y el “delfín” para la Gubernatura.
Joselín tuvo trato de adversario político en “El Torito” y fue exhibido con toda la fuerza del estado.
El estado utilizó videos de “El Torito” para difamar a Joselín.
Grave, muy grave que se use material de una instalación de seguridad del estado y se proporcione a medios para que sea difundido a fin de difamar a un adversario.
Muy grave, pues datos o material confidencial en poder del Gobierno pueden ser usados sin el menor pudor contra quienes no les caen bien a los personajes del ‘sistema’.
Por supuesto, que lo ocurrido a Joselín no es responsabilidad del director de “El Torito”, Juvenal Reyes Marrufo.
Se tató de un acción política que implica, por lo pronto, al secretario del Ayuntamiento, José de la Peña y, por supuesto, al presidente municipal Paul Carrillo.
Esta acción de revelar videos confidenciales es aun más grave que no pasar la prueba de la alcoholemia.
Y mucho peor que una travesura política o guerra sucia.
Usaron recursos públicos, bajo resguardo de una instancia de seguridad, con fines de lucro político.
Ni más, ni menos.
¿Sabrán Paul y Pepe de la Peña en qué se metieron o los metieron?