Al Juez Penal de Felipe Carrillo Puerto, Javier Ruiz Ortega, no le quedó de otra que liberar a los líderes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo), Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, presos injustamente desde hace ocho meses, acusados de sabotaje.
El Juez Sexto de Distrito, Reynaldo Piñón Rangel, lo apercibió no una, sino dos veces, por hacerse pato para no corregir el auto de formal prisión que determinó en contra de ambos activistas, que organizaron las protestas por el aumento del agua potable en Felipe Carrillo Puerto.
Simplemente, el Juez Ruiz Ortega determinó la formal prisión sin contar con los elementos de prueba mínimos y esta falta de elementos fue lo que el Juez Piñón Rangel le exigió que plasmara en su determinación.
Y, obvio, como no había pruebas, el Juez Ruiz Ortega tuvo que dejarlos en libertad.
Sin embargo, sigue preso, Pedro Canché, y aún pesa la orden de aprehensión contra Omar Sánchez Cutis, cuyos procesos adolecen de lo mismo, por lo que fueron liberados Alfredo Esquivel y Teresita Brito.
Y también está abierto un proceso, pero ante la Justicia federal, contra el Juez Ruiz Ortega por desacato.
Por lo menos, en justo derecho, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, también debería de iniciar un proceso contra su Juez de Felipe Carrillo Puerto, que dejó en entredicho temas básicos como la división de poderes, la libertad de manifestación y de prensa y el debido proceso.
Aunque, en realidad, el Consejo de la Judicatura y la “carabina de Ambrosio”, es como lo mismo y Javier Ruiz Ortega sólo fue el ejecutor.