No hay duda que la principal ley de Quintana Roo es la Ley del Embudo.
Y es que poco, en realidad de nada, han valido señalamientos e incluso exhortos institucionales contra funcionarios públicos, cercanos a Roberto Borge
Hace unas semanas, la Profepa exhortó al Gobierno de Quintana Roo a que proceda contra autoridades locales que dieron la autorización del Dragon Mart.
Entre estos funcionarios figuran Juan Pablo Ortega Ceballos, quien como director del Instituto de Riesgo e Impacto Ambiental (Inira) dio los permisos para el proyecto, y Manuel Ávila Fernández, presidente de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, quien obligó al Ayuntamiento de Benito Juárez a extender la licencia de construcción.
También destaca el caso del jefe de la Policía de Cancún, Arturo Olivares Mendiola, que fue captado en una fiesta en el campo de tiro de las Secretaría Municipal de Seguridad Publica. El asunto fue divulgado por la prensa nacional y se abrió una investigación interna en el Ayuntamiento de Benito Juárez.
En los tres casos, no pasó nada. Es decir privó la impunidad.
Ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al emitir la recomendación para que sea liberado Pedro Canché, solicitó que se proceda contra el director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial, Lino Magos, por propiciar un clima de linchamiento en redes sociales contra el periodista independiente, aún preso, acusado injustamente de sabotaje.
Y lo más seguro es que no pase nada.
Está claro que la regla en Quintana Roo es la injusticia contra mis enemigos y la impunidad y gracia para mis amigos.