MÉXICO.- El juez George Alfredo Crioll pospuso esta mañana la audiencia para decidir la libertad del periodista maya Pedro Canché Herrera, al considerar que no se podía realizar debido a la ausencia de la agente del Ministerio Público asignada al caso, Karla Zenaida Sulub Santos, quien se dijo indispuesta por motivos de salud.
Luego de conocer la decisión del juez, la abogada del periodista, Aracely Herrera, afirmó: “Nuevamente fue violentado el debido proceso, pues de acuerdo al artículo 377 del Código de Procedimientos Penales de Quintana Roo sí está permitido realizar la audiencia aunque no esté presente algún representante del Ministerio Público”.
En entrevista con medios de comunicación que estaban pendientes de la audiencia, acusó que justo en esos momentos en otras salas se realizaban audiencias sin la presencia de representantes del Ministerio Público.
Previo a la celebración de la audiencia, la defensa de Canché siguió la lógica de que el Ministerio Público pertenece a la Fiscalía y solicitó con tiempo de anticipación a la subprocuradora del Estado, Blanca Imelda Ávila Vargues, suplir al representante del MP. No obstante, dijo Araceli Herrera, no recibieron ninguna respuesta.
Entonces, acusó: “Esta acción nos vuelve a confirmar que la detención de Pedro Canché es por cuestiones políticas, porque las autoridades insisten en mantenerlo preso a pesar de que el proceso por sabotaje ya se vino abajo en otros juicios y en ello coincidió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
El pasado lunes 11 de mayo, la CNDH emitió la recomendación 13/2015 al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; al presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, y a los integrantes del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal cometidas en agravio del comunicador maya.
La recomendación se derivó de la queja interpuesta por Canché el 28 de agosto de 2014 en la que denunció que recibió amenazas por parte de dos personas, una de ellas servidor público, quienes le enviaron mensajes intimidatorios y lo involucraron en los hechos relacionados con el bloqueo de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, del 11 al 19 de agosto.
Como periodista, Canché se encargó de dar cobertura a ese evento desde el día 16 de ese mes, sin embargo, servidores públicos de esa entidad lo responsabilizaron de ser el organizador de la manifestación y del bloqueo a las citadas oficinas, por lo que como consecuencia de una denuncia de hechos el día 22 de dicho mes se ejerció acción penal en su contra y de otras dos personas por el delito de sabotaje.
Posteriormente fue detenido y recluido en la Cárcel Pública Municipal sin derecho a fianza porque el cargo que le imputaron está considerado como grave.
La imputación que le endilgó el gobierno de Borge Angulo estuvo basada en un peritaje de “criminalística de campo, fotografía, valuación y extracción de información”, y cuatro testimonios.
Sin embargo, expertos de la CNDH analizaron los anteriores elementos desde la perspectiva de los derechos humanos y, a la luz de los criterios expuestos por organismos y tribunales internacionales, llegó a la conclusión que son insuficientes para imputar el delito de sabotaje y constituyen acciones desproporcionadas de la autoridad ministerial que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión de quien documenta y difunde cuestiones públicas.
El pasado 30 de abril se cumplieron ocho meses de la detención de Pedro Canché Herrera, pese a que un juez federal reconoció que existen arbitrariedades en el caso, así como violaciones a los derechos humanos y faltas en el debido proceso.
Aquel día, siete organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión exigieron al gobernador Roberto Borge Angulo la liberación “inmediata” del periodista y activista maya sujeto a proceso por el delito de sabotaje.
En un comunicado conjunto, los organizaciones Artículo 19, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Committee to Protect Journalists (CPJ), Freedom House, Global Voices, Periodistas de a Pie y Reporteros sin Fronteras, destacaron las violaciones al debido proceso contra Canché Herrera, detenido después de publicar un video en el que formulaba fuertes críticas al mandatario estatal. (Fuente: Proceso)
