VALLE DE BRAVO, México.– El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, declaró información incorrecta a las autoridades sobre las circunstancias en las que obtuvo una de sus propiedades, mostraron documentos públicos revisados por Reuters, una discrepancia que podría avivar la controversia en torno a sus finanzas personales.
De acuerdo con una declaración patrimonial oficial presentada hace dos años por primera vez, Peña Nieto reportó que recibió una propiedad a través de una “donación”, o un obsequio, de su padre.
Peña Nieto, que hizo pública su declaración en el 2013 como parte de un esfuerzo por impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, desde entonces ha actualizado y ratificado su declaración dos veces.
Sin embargo, por medio de una solicitud de información pública, Reuters accedió a documentos que mostraron que Peña Nieto en realidad compró la propiedad en cuestión -un terreno de 1,000 metros cuadrados en el pueblo de Valle de Bravo- en 1988 de manos de un tercero. Pagó 11.2 millones de pesos, o unos 5,000 dólares de esa época, según el registro. Su declaración muestra a la propiedad valorizada en sólo 11,200 viejos pesos o cinco dólares en esa época.
Reuters no pudo determinar por qué Peña Nieto presentó la compra como una donación y declaró un precio menor.
La declaración muestra una lista de otras ocho propiedades inmobiliarias, cinco de las cuales también son reportadas como donaciones. Reuters no pudo corroborar si estas cinco propiedades, que incluyen casas y terrenos, fueron declaradas correctamente.
Los funcionarios públicos mexicanos no tienen la obligación de explicar la fuente de los recursos utilizados para obtener propiedades que reciben como obsequio, pero se les requiere que declaren con precisión cómo adquirieron sus propiedades.
La oficina del presidente no quiso hacer comentarios, a pesar de que se le pidió varias veces explicaciones sobre las discrepancias en los documentos.
Peña Nieto ha estado bajo presión en los últimos meses por una serie de escándalos de conflictos de interés centrados en propiedades que él, su esposa Angélica Rivera y su ministro de Hacienda Luis Videgaray adquirieron de manos de contratistas vinculados al Gobierno.
La periodista mexicana Carmen Aristegui y sus colegas reportaron a fines del año pasado que la primera dama Rivera estaba adquiriendo una residencia valorizada en varios millones de dólares de una subsidiaria de un contratista del Gobierno que era parte de un consorcio liderado por una empresa china ganador de una licitación -que se canceló- por 3,750 millones de dólares para construir un tren de alta velocidad.
El Wall Street Journal reportó que Peña Nieto compró una casa de un desarrollador que, según el diario, ganó después millones de dólares en contratos estatales de obra pública.
El presidente negó haber cometido algún delito. Pero los escándalos han ensombrecido su agenda de profundas reformas económicas, con las que esperaba impulsar a la segunda mayor economía de Latinoamérica.
ACTUALIZACIÓN EN CAMINO
Peña Nieto publicará la actualización de su declaración patrimonial anual esta misma semana con más detalles, dijo un funcionario de la Presidencia. Sin embargo, no revelará los activos de su esposa porque ella no es una servidora pública y no depende económicamente de él, agregó.
Diez abogados y profesores de derecho en importantes bufetes y escuelas de leyes mexicanas que fueron consultados por Reuters dijeron que la declaración incorrecta podría traer problemas legales al presidente. La discrepancia entre los documentos de registro de la propiedad y su declaración oficial constituyen una declaración falsa a las autoridades, dijeron.
Varios abogados apuntaron a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Su artículo 80 detalla qué cargos públicos, incluyendo “hasta el de Presidente de la República”, deben declarar su patrimonio a las autoridades bajo juramento.
“El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta Ley, será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años”, dice la ley.
Varios abogados dijeron que pensaban que la declaración del presidente debía ser auditada dada la discrepancia.
“En la declaración patrimonial se declara como donación del padre, lo que en realidad es producto de una compraventa”, dijo Víctor Blanco, un abogado y académico mexicano. “Está incurriendo en falsedad”.
Los funcionarios que no logran justificar la fuente de su patrimonio pueden enfrentar un auditoría bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Si se confirma, sería un delito bajo el artículo 224 del Código Penal Federal de México.
Un abogado, que habló bajo condición de anonimato, dijo que creía que el presidente podría argumentar que el dinero utilizado para comprar la propiedad le fue donado, y que entonces la discrepancia no sería un problema mayor.
Los abogados dijeron que hay pocos precedentes de procesamientos de altos funcionarios bajo estas leyes.
Reuters no pudo chequear otras propiedades inmobiliarias de Peña Nieto porque su declaración patrimonial no detalla sus direcciones.
VIEJOS ARCHIVOS
El poco transparente y descentralizado registro de la propiedad mexicano hace difícil verificar quiénes son los dueños y los detalles de compra de terrenos y construcciones. Hay más de 220 oficinas del registro público en el país, muchas de las cuales carecen de bases de datos electrónicas para hacer búsquedas. Hasta los registros más modernos tienen limitaciones.
En algunas oficinas de registro público, los ciudadanos pueden buscar propiedades en una red interna. Sin embargo, para solicitar una copia de un registro en particular, deben saber el número de folio, el compendio de papeles en los cuales las propiedades fueron reportados originalmente. Cuando se busca por nombre de propietario, muchas veces no se obtienen resultados.
En el caso de la propiedad del presidente identificada por Reuters, una búsqueda por computadora en el registro público en Valle de Bravo, un exclusiva localidad de descanso a dos horas de auto al suroeste de la Ciudad de México, inicialmente no arrojó resultados para Peña Nieto.
Pero luego un reportero buscó entre viejos archivos de papel de la oficina del registro y halló el nombre del presidente junto a un número de folio. Eso le permitió hallar los registros de la propiedad de Valle de Bravo.
MÁS DISCREPANCIAS
Hay otras discrepancias en la declaración patrimonial del presidente.
Peña Nieto reportó el valor de la propiedad de Valle de Bravo en 11,200 de los llamados “viejos pesos”, cuando el registro de la propiedad muestra que originalmente pagó 11.2 millones de viejos pesos.
México sufría una profunda crisis económica en la década de 1980, y a principios de la década de 1990 el peso fue revaluado al eliminar tres ceros a la moneda.
La declaración de Peña Nieto incluye otras dos propiedades registradas en viejos pesos, lo que los abogados dicen que parece estar subestimando su valor real.
Una de esas propiedades es un terreno de 560 metros cuadrados con una casa de 492 metros cuadrados. La declaración dice que las adquirió en efectivo en 1982, cuando era un estudiante de 16 años. La otra propiedad es un terreno agrícola de 24,000 metros cuadrados.
Cuando se convierten los montos declarados usando la tasa de cambio actual, esas dos propiedades están valorizadas en su declaración en un total de apenas 102 dólares.
Sin contar esas tres propiedades, Peña Nieto declaró activos por unos tres millones de dólares en mayo del 2014.
El presidente hizo su primera declaración patrimonial como mandatario a principios del 2013. En esa época, reportó nueve propiedades, seis de ellas descritas como donaciones. No reportó las ubicaciones, ni el valor, ni el nombre de ninguno de los donadores.
En mayo del 2013, modificó su declaración para aclarar que las propiedades donadas vinieron de su madre o de su padre, y les asignó valores. Peña Nieto ratificó su declaración otra vez el año pasado, pero aún entonces no reveló dónde están ubicadas.
Poco después de presentar su primera declaración patrimonial como gobernante, Peña Nieto siguió el ejemplo de sus dos predecesores inmediatos e hizo público el documento. Entonces, prometió que su Gobierno sería transparente.
“Cumplo así, no sólo por un mandato legal, sino también una obligación ética que normará los actos de quienes somos parte de este equipo de trabajo (…), que tiene que ver con la rendición de cuentas”, dijo en ese momento. “Sobre todo, reafirmo mi convicción democrática de conducirme con absoluta transparencia”. (Fuente: Reuters)