Si bien el ‘vocero’ Rangel Rosado cumplió de manera excelente su labor, al aparentar ser peor que su jefe, con sus declaraciones desafortunadas acerca de la libertad de prensa, también terminó hundiendo aún más la posición del Gobierno del estado frente a los abusos cometidos en agravio de Pedro Canché y, de una vez por todas, mandó al diablo a las instituciones.
Rosado Ruiz insiste en temas que ya han sido rebasados y resueltos. Que si Pedro Canché es o no periodista, que si es o no un agitador, que si hubo o no sabotaje a las instalaciones de CAPA en Felipe Carrillo Puerto, o que si hay intereses del más allá o del más acá.
Rangel Rosado sólo confirma que Quintana Roo no es un estado de leyes ni de derechos, sino de caprichos y de revanchas y donde el poder público se usa para abusar.
El vocero de Borge desperdicia muchas palabras para explicar lo inexplicable y defender lo indefendible. El tema de Pedro Canché es mucho más sencillo que las ‘verdades’ del Gobernador difundidas y repetidas por Rosado.
Lo ocurrido con Pedro Canché es asunto de libertad de expresión, que rebasa al periodismo. De un quintanarroense, por cierto indígena, que dio a conocer y opinó de una serie de injusticias ocurridas en la Zona Maya.
Y por expresarse, le inventaron un delito y lo metieron injustamente en la cárcel.
Pero salió libre. Un tribunal colegiado del Poder Judicial Federal determinó que el delito fue fabricado y nunca hubo pruebas. Pero además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) enlistó una serie de agravios a los derechos fundamentales del periodista y activista maya.
Pero ni la sentencia de un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación ni una recomendación de la CNDH cuentan para el Gobierno que representa Rosado Ruiz, a través de sus palabras y dichos.
Al diablo, pues, la instituciones, en Quintana Roo.