NOTA DEL EDITOR: Columna de la periodista Gloria Palma publicada originalmente en Cancuníssimo que aquí reproducimos por considerarla de interés periodístico dado los recientes acontecimientos.
Por Gloria Palma
Conozco a Graciela Machuca, Ernestina McDonald y Zuleika Cáceres; como mujeres son luchadoras. Ahora son integrantes de la asociación Mujeres Periodistas de Quintana Roo que rindió protesta el pasado miércoles en una ceremonia encabezada por el gobernador Roberto Borge, a quien le entregaron una iniciativa de Ley para la protección de periodistas. Ahora, entonces, ya son activistas.
Desde marzo Borge ha impulsado su proyecto de “Ley para la Protección Integral a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de la Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de Quintana Roo”, al que, según sus palabras en esta ceremonia, se vendría a sumar la iniciativa presentada por la referida asociación que se constituyó apenas en mayo.
Grosso modo, esta iniciativa buscaría “detener y/o contrarrestar las agresiones que dañan la integridad física, psicológica, moral y patrimonial del gremio”, así como “denunciar las amenazas y campañas que desprestigian a los periodistas, perjudicándolos en su desempeño y su trabajo, pues muchas veces son despedidos bajo la excusa de dichas campañas”.
En su Artículo 1 el proyecto de ley gubernamental fija, por su parte, “establecer las medidas de prevención y medidas urgentes de protección, de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.
Machuca, McDonald y Cáceres tienen, en este afán, muchos casos en los que deberían, de entrada, pronunciarse.
Por ejemplo, el caso de Pedro Canché que -aunque fue liberado mediante un amparo después de nueve meses en prisión- no se ha resuelto en cuanto a la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que solicita al gobernador “reparar el daño a la víctima; ofrecer una disculpa pública y colaborar en la presentación y seguimiento de las denuncias en contra de los servidores públicos involucrados en la detención y tortura del periodista independiente”.
Si bien uno de los argumentos del gobierno estatal es que Canché no es periodista, sobrada razón para un pronunciamiento de la asociación defensora pues el gremio es, de oficio, garante de la libertad de expresión de los ciudadanos.
De igual forma, una vez que rindieron protesta las Mujeres Periodistas de Quintana Roo tendrían que respaldar al gremio mediante la investigación y seguimiento de casos, acumulados, en los que varios periodistas han sido despedidos injustificadamente y según testimonios de los afectados y, en algunos casos, de los propietarios o directores de los medios, por presiones del gobierno estatal o municipal.
En este sentido podrían apelar al Artículo 13 que establece “La cláusula de conciencia” en el proyecto, aún, de ley, que dicta: “El periodista podrá ejercer las acciones legales procedentes para que no sea removido de su fuente de trabajo si por razones objetivas se niega a participar en informaciones contrarias a los principios éticos, con pleno respeto al ejercicio de este derecho, siempre en apego a la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Asimismo, amenazas y campañas de desprestigio ha habido tantas que podrían integrar un expediente de varias fojas y aun, tomos. Y han sido tan intimidatorias y psicópatas como este ejemplo: “… Le gusta que la arponeen por adelante y por atrás”.
Y si en la iniciativa de ley o en el ejercicio de esta asociación no se contempla una fuerza retroactiva, es casi seguro que durante el próximo proceso electoral para la gubernatura y los 10 ayuntamientos tengan material excedente para actuar, según se lo proponen, en “detener y/o contrarrestar las agresiones que dañan la integridad física, psicológica, moral y patrimonial del gremio”, así como para “denunciar las amenazas y campañas que desprestigian a los periodistas, perjudicándolos en su desempeño y su trabajo, pues muchas veces son despedidos bajo la excusa de dichas campañas”.
Otro punto que Machuca, McDonald y Cáceres deberán observar con lupa –igual que todo el gremio- es la aplicación en la protección de los periodistas del 3% del dinero que el gobierno estatal destina hasta ahora a su departamento de Comunicación Social, y de los tres millones de pesos que destinaría al mismo fin una vez que esta ley sea decreto.
Éxito, si del periodismo pasan, así, al activismo.
En mi caso, particular, aprovecharé la legislación y empezaré a documentar cualquier presión gubernamental, virtual o editorial, que pudiera sobrevenir a la publicación de esta columna.