CHETUMAL, MX.- Unos 80 militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo se manifestaron este martes en la entrada de las oficinas de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en protesta por “congelar” sus cuentas a nivel estatal, ya que los 380 mil pesos mensuales que recibían como prerrogativas los administrará ahora un interventor nombrado por el organismo electoral nacional.
Cabe recordar que la Comisión de Fiscalización del INE designó desde inicios de julio al C.P. Gerardo Sierra Arrazola como interventor del PT, ante la probable desaparición del organismo político por no alcanzar el tres por ciento de votación requerido en el proceso electoral recién concluido.
Encabezados por el ex candidato a diputado federal del distrito 02, Mauricio Morales Beiza, los inconformes, exigieron que el INE aclare el destino de 37 mil 037 votos que aseguran les fueron “robados” en el conteo electoral debido a una supuesta caída del sistema.
Morales Beiza afirmó que el nombramiento del interventor es inconstitucional y por tal motivo piden su retiro y que el INE no se extralimite en sus funciones, ya que el proceso electoral todavía no concluye y no pueden borrar al PT solo porque así lo deseen.
Consideró que esta figura del interventor solo viene a paralizar las actividades del Partido del Trabajo pues se dejan de cubrir los pagos de sueldos del personal así como las rentas de los edificios y los servicios básicos.
Entrevistado al respecto, Juan Álvaro Martínez Lozano, Vocal Ejecutivo del Instituto Electoral, dijo que los petistas están en todo se derecho a manifestarse, pero dejó en claro que el nombramiento del interventor no es una decisión del INE, sino que es una acción estipulada en la Ley cuando los resultados de un partido no lleguen al tres por ciento en un proceso electoral.
Aclaró que el interventor no obstaculizará las funciones del Partido, ya que únicamente viene a cuidar que no haya un mal uso de los recursos vigilando los bienes y activos de ese instituto político, cerrando la puerta a actos de rapiña y posibles desvíos ante la desaparición del organismo. (Fuente: Política Quintana Roo)