CANCÚN, MX.- Periodistas de la entidad impugnaron la iniciativa de ley para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas porque se trata de un proyecto para afianzar el control del gobernador Roberto Borge Angulo sobre los medios de comunicación.
En un comunicado, precisaron que la iniciativa impulsada por el gobierno estatal restringe los derechos de los periodistas, encubre los abusos del gobierno del estado y omite prácticas que se han utilizado desde el poder público contra comunicadores, como las campañas de desprestigio en redes sociales.
“La iniciativa es sólo un reflejo de la situación en la que actualmente ejercemos el periodismo en Quintana Roo y, por lo mismo, la XIV Legislatura estaría legalizando con su aprobación el control piramidal que el Poder Ejecutivo ejerce en esta entidad sobre los demás poderes, incluido, en nuestro caso, el llamado ‘cuarto poder’”, destacaron.
Originalmente, el proyecto de ley se iba a aprobar el pasado lunes 20 en sesión extraordinaria, pero ante la indiferencia de los periodistas de la entidad se acordó someterlo a una nueva ronda de consultas.
Según los comunicadores, lo que el gobierno estatal pretende con esa iniciativa es establecer como “prerrogativa” y no como derecho humano el ejercicio de la libertad de expresión, además de que, subrayaron, no prevé “los ataques, intimidación, amenazas y campañas de desprestigio” contra periodistas y sus familias, lo cual vulnera los “derechos, garantías y seguridad profesional y personal” de los comunicadores.
“El hostigamiento mediático realizado por funcionarios públicos de ninguna manera está protegido por el derecho a la libertad de expresión, por el contrario, es considerado un mecanismo para disuadir a cualquier persona que emita una crítica al gobierno”, se lee en el comunicado.
La iniciativa de Borge Angulo, añade, restringe el acceso a actos y edificios públicos, y deja a criterio de las autoridades determinar “quien es periodista”.
“Los programas de acreditación pueden constituir una fuente de abuso por parte de las autoridades, pues éstas podrían negarla a periodistas que, por ejemplo, sigan una línea crítica al gobierno, restringiendo el derecho a la libertad de información”, apunta el texto.
En otro punto cuestiona la interpretación de la llamada “cláusula de conciencia”, pues no prevé responsabilidad para las empresas cuando éstas alteren y sesguen la información proporcionadas por sus reporteros. (Fuente: Proceso)
POSICIONAMIENTO DE PERIODISTAS SOBRE LEY DE BORGE
Cancún, Quintana Roo, 28 de julio de 2015
Diputados de la XIV Legislatura de Quintana Roo:
Nosotros, reporteros de los principales medios impresos y electrónicos de Cancún, decidimos manifestar nuestra posición sobre la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y proponer, con base en este análisis, los mecanismos de protección para ejercer nuestro trabajo.
Consideramos que:
La iniciativa de ley que ingresó al Congreso el gobernador Roberto Borge, es sólo un reflejo de la situación en la que actualmente ejercemos el periodismo en Quintana Roo y, por lo mismo, la XIV Legislatura estaría legalizando, con su aprobación, el control piramidal que el Poder Ejecutivo ejerce en esta entidad sobre los demás poderes incluido, en nuestro caso, el llamado “cuarto poder” que, en la práctica, debería ser el eje que equilibra la balanza entre el poder (político) y la sociedad civil, lo cual implica proteger también los derechos de la audiencia.
En primer lugar este proyecto de ley, en su artículo 3, fracción VI, determina a la libertad de expresión como “prerrogativa” y no como derecho humano. Eso significa –además de un atraso político de décadas en nuestro estado- que el Ejecutivo estará facultado, por decreto, a conceder como un favor la libertad de expresión, pues al no considerarla como un derecho niega que sea inherente a toda persona y de antemano, evade cumplir con sus obligaciones de protección y garantía de la libertad de expresión.
Nuestra propuesta es que se modifique este artículo en los términos que marca el artículo 1 de la Constitución Mexicana, pues es la base que sostiene cualquier iniciativa enfocada a proteger el ejercicio del periodismo.También proponemos, con base en nuestra experiencia diaria como reporteros, que se incluya un artículo referente a una de las situaciones que vulneran en Quintana Roo nuestros derechos, garantías y seguridad profesional y personal: los ataques, intimidación, amenazas y campañas de desprestigio que la mayoría de las veces están dirigidas contra nuestra persona o familiares.
En este sentido, solicitamos al Congreso de Quintana Roo que legisle a fin de que se les prohíba a las autoridades estatales realizar manifestaciones públicas para atacar y amedrentar a periodistas y, en general, a ciudadanos. El hostigamiento mediático realizado por funcionarios públicos de ninguna manera está protegido por el derecho a la libertad de expresión; por el contrario, es considerado un mecanismo para disuadir a cualquier persona que emita una crítica al gobierno.
Como base legal, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha determinado claramente que las autoridades en ejercicio de la libertad de expresión, se encuentran de igual forma sometidas a ciertas limitaciones y deben hacerlo con una diligencia aún mayor que la debida a cualquier persona, en razón de su posición como autoridad.
Sería conveniente que el Congreso de Quintana Roo determinara, en estos casos, procedimientos de protección, denuncia, juicios y sanciones jurídicas, incluso la cárcel, contra las personas que cometan estos ataques hacia periodistas que, en la mayoría los casos, son críticos al gobierno. De otra forma, esta ley será una simulación.
Consideramos también que:En el Capítulo V de esta iniciativa de ley, se tergiversa y oficializa el Secreto Profesional en el ejercicio del periodismo, cuando se dictamina que: “las personas Periodistas deberán abstenerse de proporcionar información que reciban, conozcan o tengan en su poder y que sea considerada de carácter reservada como lo establece el Artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la citada Entidad Federativa”.
En el artículo 21 de la Constitución estatal se establecen los principios y bases para que una información sea pública o reservada temporalmente, pero sólo cuando está en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal. Por tanto, esta iniciativa de ley nos considera, a los periodistas, como parte de la estructura de gobierno violando, tácitamente, la libertad de expresión al tergiversar el Secreto Profesional que en el ejercicio del periodismo significa el derecho del periodista a reservarse la identidad de sus fuentes; a que no se le requieran datos o hechos que no hayan sido publicados y que formen parte de las investigaciones periodísticas; y a que no sea objeto de inspección o aseguramiento de su equipo, notas, registros o archivos personales o profesionales que busquen identificar las mismas fuentes.
Asimismo, en el artículo 12 se tergiversa la Cláusula de Conciencia en el ejercicio periodístico, y se restringe a la supuesta libertad del periodista para renunciar a su empleo cuando no esté de acuerdo, en términos éticos, con el manejo de la información y se niegue a poner su firma o colaborar en la transmisión de hechos o declaraciones alteradas por el propio medio. Esta Cláusula, que en México como en otros países defiende la libertad de pensamiento y el código de ética del periodista, omite el derecho de los reporteros a que su libertad de expresión o ideológica y sus principios éticos no deben ser sancionados ni motivo de despidos que, en estos casos, serían injustificados. Este proyecto de ley, sin embargo, sencillamente nos decreta que renunciemos, y ni siquiera determina la obligación de las empresas a una justa indemnización.
De igual forma, en los artículos 13 al 16 la citada iniciativa de ley vuelve a restringir la labor de los periodistas, al establecer disposiciones para la acreditación a fin de acceder a actos e instalaciones públicas, dejándola a la discrecionalidad y arbitrio de las autoridades del mismo gobierno que determinarán también quién es o no periodista en esta entidad.
Primero, los programas de acreditación pueden constituir una fuente de abuso por parte de las autoridades, pues éstas podrían negarla a periodistas que, por ejemplo, sigan una línea crítica al gobierno, restringiendo el derecho a la libertad de información.
Consideramos, por tanto, que el procedimiento de acreditación podría ser susceptible de injerencias políticas, y ser una restricción de los derechos establecidos en los artículos 6 de la Constitución Federal, así como en el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.Segundo, en esta iniciativa se determina que el Estado impulsará, en conjunto con “organismos civiles de periodistas debidamente reconocidos”, la celebración de convenios de colaboración para la “profesionalización” de periodistas. Nuestra preocupación es en el término de “debidamente reconocidos”, pues como en el tema de la acreditación se establece aquí una condicionante donde el gobierno se erige como censor para otorgar el “debido reconocimiento” a determinadas asociaciones u organizaciones sociales de periodistas.
Esto genera un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad por parte de las autoridades de Quintana Roo al momento de determinar quién debe estar o no reconocido, y sobre todo pondría en riesgo o en duda la independencia de las mismas organizaciones cuya naturaleza debe ser precisamente de carácter civil, no gubernamental, y fungir como contrapesos al poder estatal.