MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto envió hoy a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, como parte de la legislación secundaria de la reforma constitucional en la materia, que entró en vigor el pasado 27 de mayo.
En Palacio Nacional explicó que el propósito de la iniciativa es acabar con el desorden y la falta de transparencia en el endeudamiento de los estados que, al 31 de junio sumó 511 mil 719 millones de pesos, equivalente al 2.9% del Producto Interno Bruto (PBI) del país.
En 2007 la llamada deuda subnacional era de 186 mil 470 millones de pesos. Es decir, aumentó 325 mil 249 millones de pesos, un incremento nominal de 174.4%. O bien, la deuda de los estados es ahora 2.7 veces la que había al inicio del sexenio anterior.
El presidente señaló cinco componentes para la nueva legislación: 1) Reglas y estándares de disciplina financiera, 2) Nuevas obligaciones para la contratación responsable de deuda, 3) Creación de un Registro Público Único para transparentar las obligaciones financieras, 4) Se establece un Sistema de Alertas de Deuda Pública para Estados y Municipios y 5) Los estados y municipios podrán obtener créditos con aval de la Federación.
Respecto del primer punto, Peña Nieto explicó que la iniciativa establece, por ejemplo, diversos mecanismos de medición y control del balance fiscal de los estados y municipios.
“Es decir, busca que los ingresos y egresos que hay en las entidades federativas estén en un sano equilibrio. Igualmente, propone otras medidas prudenciales: limitar el crecimiento del gasto en servicios personales, aportar recursos a fideicomisos para atender eventuales desastres naturales, priorizar la utilización de ingresos excedentes en la amortización de deuda y fortalecer la planeación financiera y la ejecución de proyectos de inversión.”
El segundo componente se refiere a que habrá nuevas obligaciones para la contratación responsable de deuda. No prohíbe que los estados, eventualmente, recurran a la contratación de deuda, pero establece principios y lineamientos para que lo hagan de forma mucho más ordenada y con responsabilidad, frente a las condiciones que mantenga su hacienda pública.
El mandatario señaló que los créditos sólo podrán contratarse con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado. Además, esta contratación forzosamente requerirá de la aprobación de la mayoría calificada en la legislatura estatal correspondiente.
Asimismo, dijo, “la deuda pública deberá transparentarse y destinarse, exclusivamente, a inversión pública o a mejorar el perfil crediticio del gobierno solicitante. Los créditos de liquidez de corto plazo tendrán que ser saldados, al menos, tres meses antes de que concluya la administración que lo solicite”.
Esto es, dijo, con el fin de evitar que cuando un gobierno está a punto de concluir su gestión, adquiera o contrate nuevos empréstitos, contrate deuda que tenga que dejar para el pago, sobre todo aquellos de corto plazo, de las administraciones que vengan hacia adelante.
El tercer componente es la creación del Registro Público Único, previsto en la reforma constitucional. En él, los gobiernos estatales y municipales, así como los organismos públicos locales, deberán inscribir y transparentar todas sus obligaciones financieras, incluyendo las contratadas bajo esquemas de asociación público-privada.
Dicho registro se actualizará oportunamente y su información podrá ser consultada por los ciudadanos en las páginas de Internet o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
También se establecerá –el cuarto componente– un sistema de alertas de deuda pública de entidades federativas, municipios y entes locales. “Se trata de un esquema de indicadores que permitirá identificar y distinguir a los estados y municipios conforme a sus niveles de endeudamiento”.
Es una “innovadora herramienta de transparencia”, dijo Peña, que no sólo será útil para advertir elevados niveles de endeudamiento y tomar medidas correctivas, también facilitará el acceso a créditos con menores costos y en mejores condiciones a los gobiernos locales con bajos niveles de deuda.
El quinto y último componente se refiere a la posibilidad de que estados y municipios puedan obtener créditos con el aval de la Federación.
Para ello se establecen en la iniciativa los procedimientos y condiciones que deberán cubrir los gobiernos locales para contar con una deuda estatal garantizada; es decir, deuda con la garantía de la Federación, similar a la que goza el gobierno del Distrito Federal, desde hace muchos años.
Preocupa tendencia y endeudamiento
En su turno al micrófono, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, afirmó que el país no tiene un problema de sobreendeudamiento de los estados y municipios, pero sí hay dos aspectos preocupantes.
El primero, dijo es la tendencia. Explicó que entre el 2008 y 2013 la deuda de los estados y municipios creció de 1.7% del PIB a 3.1%.
Dijo que ese fenómeno se ha revertido en los últimos dos años. “Sin embargo, el desempeño de los años 2008 a 2013, donde hubo un acelerado crecimiento de este endeudamiento, todavía en un nivel bajo, es uno de los determinantes y de las motivaciones para llevar a cabo esta reforma constitucional y ahora legal.
“Y, segundo, hay que señalar que si bien son la minoría, existen entidades federativas que presentan ya niveles muy altos de endeudamiento o problemas financieros para el pago de proveedores y contratistas”, dijo el secretario.
Videgaray afirmó que un principio esencial de la iniciativa es el de la transparencia, pues “los estados y municipios harán públicos todos y cada uno de los pasivos con que cuentan, de tal manera que la ciudadanía pueda conocer y exigir el buen manejo de la deuda de los estados y municipios en los que habitan. (Fuente: Proceso)