TULUM, MX.- En un amplio reportaje publicado este lunes en el portal Aristegui Noticias, la periodista Lydia Cacho documenta la larga historia de despojos de tierras de ejidatarios y de propietarios de zonas costeras en Tulum en el que, por primera vez, sale a relucir el nombre del Gobernador Roberto Borge Angulo como uno de los presuntos instigadores.
Sin embargo, en la historia de despojos en Tulum también aparecen los nombres de los ex gobernadores Joaquín Hendricks Díaz y Félix González Canto, actual senador por Quintana Roo, en complicidad con un grupo de empresarios, entre los que se encuentran Felipe Enriquez, político y ex diputado federal por Nuevo León que, además, presume ser compadre el propio presidente Enrique Peña Nieto.
“Los pobladores de Tulum aseguran que Roberto Borge, junto a González Canto, operan un plan que se ha gestado durante al menos doce años, y del que saldrán beneficiados sólo los empresarios dispuestos a someterse al sistema, a jugar a la guerra en medio de la selva, una guerra contra ejidatarios y pequeños empresarios, contra el desarrollo sostenible, el ecoturismo y los derechos humanos”, se expone en el reportaje.
De acuerdo con la investigación, para despojar de valiosos terrenos en la Riviera Maya se recurre a todo: desde persecución, amenazas y extorsión hasta desapariciones forzadas e, incluso, homicidio.
“Las dinámicas de despojo responden a una guerra abierta entre empresarios corruptores y políticos corruptos, que han tomado a los tribunales agrarios como rehén, corrompiendo jueces en ocasiones”, escribe Lydia Cacho. “Y Tulum es un botón de muestra”.
LARGA HISTORIA DE DESPOJOS E IMPUNIDAD
La periodista inicia su reportaje recordando el nunca aclarado caso del asesinato del abogado Alvaro López Joers el 17 de mayo de 2012, cuando llevaba la defensa de 40 personas, propietarias legítimas de diversos terrenos en el ejido José María Pino Suárez de Tulum, donde se encuentra la codiciada franja costera de Punta Piedra.
En este caso salen a relucir el nombre de varios poderosos empresarios de Nuevo León entre los que está José María Garza Ponce, quien había amenazado al abogado, argumentando que “tenía una relación cercana con el gobernador Roberto Borge”,
A partir de este punto, Lydia Cacho revela una intrincada trama de corrupción y complicidad a todos los niveles a lo largo de al menos los últimos tres sexenios, cuando se acentuaron los litigios por la posesión de la tierra, en la que están o estuvieron involucrados, en su momento, los gobernadores en turno.
Y presenta testimonios que implican al actual Gobernador Roberto Borge Angulo como uno de los presuntos promotores de los despojos a través de una elaborada estrategia montada desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual es operada por uno de sus amigos e incondicionales que tiene montada una verdadera ‘fabrica de juicios laborales’: Enrique Alejandro de la Cruz Pineda, subsecretario de la dependencia.
Enrique Alejandro de la Cruz Pineda sería el ‘hombre de confianza’ de Borge por encima de Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, titular de la dependencia.
De acuerdo con la investigación de Lydia Cacho, “el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo –según diversos testimonios recogidos para este reportaje, algunos anónimos, otros no– ha sido facilitador del despojo de una veintena de terrenos costeros en Tulum, noveno municipio del estado y uno de los destinos turísticos del Caribe Mexicano con mayor potencial de crecimiento”.
Y señala:
“El mandatario estatal, de acuerdo a las versiones de un grupo de personas que trabajó con los operadores en el despojo de terrenos en seis kilómetros de la zona costera Tulum-Boca Paila y los alrededores de la Laguna “Nopalitos” en el Ejido Pino Suárez, ha echado mano de la Secretaría estatal del Trabajo y Previsión Social, con el subsecretario Enrique de la Cruz Pineda (foto de abajo), para fabricar litigios laborales promovidos por supuestos empleados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, y así despojar a particulares de terrenos, casas en zonas residenciales y hoteles en Tulum.
De acuerdo al contador, un ex trabajador de la dependencia, De la Cruz Pineda propuso a Borge aprovechar los remates de bienes embargados por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECA), fruto de algún litigio entre empleador y trabajador. Según el contador se contrata gente para indagar la situación de inmuebles en zonas de alta plusvalía o con potencial de desarrollo. Una vez ubicados los inmuebles, se fabrican “empleados”, que demandan laboralmente a falsos dueños de terrenos, residencias y hoteles.
En una casa de dos pisos, color salmón, sin número en la calle 3 Durazno, casi esquina con Avenida Náder en el centro de Cancún, encontramos las oficinas de Luis López, originario de Monterrey y supuesto operador de los despojos vía juicios laborales.
En las afueras de las oficinas nos encontramos con “el contador”, quien laboró durante casi un año bajo el mando de López, hasta que, según su propia versión, se dio cuenta de que lo que hacían era una operación ilegal de despojo, ordenada por el gobernador Roberto Borge y por un grupo de socios del mismo
“Cuando tú como empleado vas a la Junta y demandas al patrón, cuando ya pasaron años y hay sueldos caídos y al final la sentencia es favorable para el trabajador, la Junta verifica las propiedades del patrón, se gravan y se embargan. Se llama embargo precautorio. Si el patrón tiene el dinero, le paga al trabajador; en su defecto, se vende en una subasta ese bien y el dinero se entrega al trabajador”. Dice el contador. “Ese es el procedimiento legal. Pero De la Cruz le propuso (al gobernador) investigar la situación de los predios; el “gober” le dio el visto bueno (…) fabrican empleados, fabrican empresas, fabrican todo”, explica.
“Cuando lo nombran gobernador, comienza a llamar a todos sus amigos; todos los que puso, si te fijas, son chavos; son sus cuates. Su gran amiguísimo es Enrique de la Cruz. El de la idea original de empezar a adjudicarse todos los terrenos y propiedades por medio de la Junta, fue Enrique de la Cruz (…) pero el cerebro es Luis López Naranjo (foto de abajo), egresado del TEC de Monterrey, que estudió con Beto Borge.
Por medio de la Junta se ha hecho de muchísimos terrenos; uno de ellos en Punta Venado”, narra el contador.
Punta Venado está dentro del municipio de Tulum; el presidente Enrique Peña Nieto denominó novena decisión prioritaria de su sexenio el Tren Transpeninsular con una inversión e 20,000 millones de pesos. En enero 2015 se canceló el proyecto por recortes presupuestales, pero el gobierno federal pagó 1,343 millones de pesos a la empresa AdHoc Consultores, propiedad de Aarón Dychter Poltolarek por los estudios sobre Tulum.
“Todo lo empezaron a hacer por medio de la Junta. Primero por un terreno, que no recuerdo dónde [se ubica], pero fue en un día inhábil. Había días en que no se trabajaba, sólo se quedaban las personas que tenían que hacer ‘las cosas’. Ellos hacían los juicios. Trabajan principalmente con Alexis”, prosigue el contador para referirse a Alexis Zavala Ávila, quien preside la Junta de Conciliación y Arbitraje II, en Cancún.
“Yo estuve presente cuando orquestaron la fabricación del juicio laboral JECA/PC/1164/2011. Lo fabricaron escondiendo todo de los verdaderos dueños de los negocios turísticos Puerta del Cielo, Hotel Playa Azul, Cabañas Ixchel y Cabañas dos Ceibas”, recuerda.
La fuente muestra los documentos de lo que se denominó el megadesalojo del 23 de mayo del 2014.
“El supuesto empleado, que es cualquier hombre al que contratan de fuera para suplantar, por ejemplo un jefe de meseros, o un gerente, no demanda al verdadero posesionario del predio ejidal, sino que asegura falsamente que su patrón era Carlos Amador Treviño Lozano (hombre con sombrero en foto de abajo). Entonces los de la Junta de Conciliación nunca citan al verdadero dueño para preguntar si ese sujeto trabajaba con ellos, sino, supuestamente, citan a Amador Treviño, que o nunca se presenta o si va, acepta que efectivamente les quedó a deber sueldos caídos. Pierde el caso y sin previo aviso a los verdaderos posesionarios, llega la gente de López, de Enrique de la Cruz, acompañados de algún notario y con cientos de policías, se apropian de las tierras, dicen que están en litigio y rápidamente la ‘venden’ a un prestanombres”.
El testigo, que teme por su integridad física desde que se atrevió a hablar de esta operación, asegura que estas transacciones, de las que hay evidencia, se repiten sistemáticamente, que han despojado a hoteleros extranjeros, a empresarios mexicanos de dinero y a ejidatarios que no tienen dinero pero sí su tierra. A todos, según la fuente, les une un punto en común: temen la ira y venganza del gobernador y socios empresarios. Sus testimonios coinciden con los de tres arrendatarias argentinas que rentaban parcelas ejidales para operar pequeños restaurantes, boutiques, escuelas de yoga y pequeños hoteles ecoturísticos en los que invirtieron todo su capital y que la policía les robó.
A fines de 2012, Carlos Amador Treviño Lozano acudió a la unidad VIII del Ministerio Público de Tulum y sin pruebas aseguró que su predio había sido invadido ilegalmente y que quienes lo ocupaban le amenazaron. La “investigación” procedió bajo total secrecía y el 19 de julio 2013, la gente de Treviño Lozano apareció acompañada de 15 camionetas policíacas con 200 elementos de la policía judicial de Quintana Roo portando armas largas. Despojaron a los propietarios de 14 hoteles. La policía amenazó y golpeó a quienes defendieron su propiedad, los huéspedes de los hoteles fueron sacados a rastras por la policía estatal; se les robaron cámaras y celulares para impedir que utilizaran las imágenes captadas en el ataque policíaco, a pesar de ello existen videos que muestran el despojo violento.
La gente salió corriendo sin poder tomar sus artículos personales y documentos oficiales. Los medios locales dieron cuenta gráfica y crónica de estos hechos. Inmediatamente se instaló un grupo de policías del estado y un centenar de trabajadores de una empresa de seguridad privada, ilegalmente armados, a resguardar las propiedades con cadenas, candados y alambres de púas. Las amenazas de muerte a los ejidatarios no se dejaron esperar. Cuarenta turistas interpusieron denuncias ante la PGJ por robo de posesiones personales y por haberles sacado a golpes de los hoteles. Ninguna procedió.
El 23 de mayo de 2014 se llevó a cabo el denominado megadesalojo de cuatro hoteles de playa en Tulum.
Dos supuestos trabajadores (que nunca laboraron ni vivieron en Tulum), los supuestos trabajadores de llaman Omar Homero Tijerina Herrera y Samuel Aguilar ibarra, cuyos nombres aparecen en el exhorto Playa NUM:40/2013 ganaron un juicio laboral de forma expedita.
La fuerza pública desalojó a trabajadores, turistas hospedados y empleados gerenciales de cuatro hoteles. Los propietarios de dichos predios quedaron paralizados frente a la toma ilegal de sus terrenos, operada nuevamente por un centenar de policías estatales y municipales fuertemente armados. Uno de los empleados de la junta local de Conciliación y Arbitraje dio orden al jefe de la policía municipal de que detuviera a cualquier reportero que estuviera tomando fotografías. Los fotorreporteros fueron advertidos. Testigos y propietarios aseguran que la policía les robó tanto a ellos como a los turistas cámaras y teléfonos celulares con los que documentaban el desalojo. Las quejas de diplomáticos ante el gobernador no surtieron efecto alguno. El despojo hecho bajo el juicio laboral expedito número 138/2912 fue rebatido en tribunales por los ejidatarios.
El amparo frente al juicio laboral interpuesto por el equipo de Treviño y López fue ganado con el número de expediente 138/2912, las autoridades locales se niegan a ejecutar la devolución de los predios a pesar de que los amparos salieron publicados el 26 de enero de 2015 y la policía carece de documentos oficiales para sustentar su presencia”.
Este es el link para leer el reportaje completo de Lydia Cacho sobre Tulum. .
(Noticaribe con información de Lydia Cacho para Aristegui Noticias – Fotos: Lydia Cacho y Héctor Valdéz Hernández-Tulum en Red)
