MÉXICO.- Por unanimidad, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedieron hoy el amparo a comunidades mayas de la península de Yucatán contra el otorgamiento de permisos de siembra de soya transgénica en la región, ya que éstos fueron entregados sin respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada de los habitantes.
Según el abogado Jorge Fernández, quien integra la organización Indignación y da seguimiento jurídico al caso, con esta decisión los ministros “dejan sin efecto los permisos y obligan a que se consulten las comunidades indígenas”. Ahora, añadió, “viene el tema de la implementación de la consulta, que es muy extensa, abarca todo el estado de Yucatán y ocho municipios de Campeche”.
El litigante indicó que los ministros emitieron su decisión durante una sesión pública, pero no dieron a conocer sus argumentos ni los elementos de la discusión previa a la votación.
“No tenemos la argumentación (que usaron) para conceder el amparo. Hasta tenerlo no tenemos la certeza de lo que dijeron. Aparentemente no se metieron en el argumento del derecho al medio ambiente sano porque no se mencionó en la discusión”, estimó Fernández.
De todas formas, para la defensa, el fallo de la máxima instancia jurídica del país representa una gran victoria, ya que en una sola tarde la SCJN resolvió a favor de las comunidades mayas los siete recursos de apelación que interpusieron, tanto el gigante de las biotecnologías Monsanto como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Ministerio Público Federal el año pasado.
Desde hace tres años, pobladores de la península y de ocho municipios de Campeche intentaron suspender el otorgamiento de permisos de siembra de soya transgénica en su región, con el argumento de que nunca fueron consultados pese a afectar territorios sobre los cuales tienen derechos constitucionales.
Los mayas aseveran que esta actividad genera afectaciones ambientales en su región, en particular sobre la contaminación del agua y la deforestación; pero sobre todo, porque la cercanía de la soya transgénica vulnera su principal fuente de ingresos: la apicultura.
De acuerdo con los habitantes, el uso de grandes cantidades de pesticidas erradica a las abejas y reduce la producción de miel, mientras que la presencia de elementos transgénicos en la miel cerraría las puertas del mercado europeo a los productores.
En tres ocasiones, la justicia otorgó amparos a favor de las comunidades mayas y reconoció que el otorgamiento de permisos violó su derecho a la consulta.
Monsanto y la Sagarpa –a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)– apelaron los tres amparos; el Ministerio Público Federal uno.
Al considerar que los siete recursos de revisión que debía analizar eran equivalentes, la SCJN los “aglutinó” en una sola decisión que rindió hoy.
“Estamos contentos de que las comunidades mayas de la península le ganen a una empresa transnacional de la biotecnología que cuenta el apoyo del gobierno, es una gran victoria”, exclamó Fernández.
El abogado subrayó que si bien la SCJN ya trató el tema de la consulta, los precedentes deberían “ir más allá, que se pudiera asociar la consulta con los derechos de autonomía y de autodeterminación de los pueblos indígenas y no entenderla como un simple procedimiento”.
Ayer, en el marco de otro proceso judicial que involucra a Monsanto, el Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa del Primer Circuito confirmó la suspensión temporal de la entrega de permisos de siembra de maíz transgénico en el país hasta que rinda su decisión sobre un procedimiento de apelación.
El pasado 19 de agosto, el juez Francisco Peñaloza Heras suspendió la medida precautoria que impide a las empresas de biotecnologías comercializar sus semillas de maíz transgénico desde septiembre de 2013. Las organizaciones reunidas en la Demanda Colectiva AC impugnaron de inmediato la decisión.
Si bien la medida precautoria sigue en peligro –pues desaparecerá si el juez no da razón a la Demanda Colectiva AC en el recurso de apelación–, Jorge Fernández estimó que “son dos resoluciones muy importantes, la de ayer y de hoy, porque demuestran que las comunidades están en pie de lucha y dicen no a los transgénicos”.
Hasta la noche de este miércoles, la industria de las biotecnologías –representada por el grupo de cabildeo AgroBIO– se mantuvo en silencio respecto a las decisiones de la justicia. (Fuente: Proceso)
