CANCÚN, MX.- El juicio contra los promotores de Malecón Tajamar irremediablemente se extenderá más allá de febrero del 2016, fecha en la que vencen los permisos ambientales de los que hoy goza dicho desarrollo inmobiliario, asegura la dirigente del movimiento Grupo Ecologista del Mayab (Mayab), Araceli Domínguez, de acuerdo con el diario El Economista.
La prolongación del juicio implicaría forzosamente que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tenga que volver a tramitar una Manifestación de Impacto Ambiental con las condicionantes actuales que hoy prohíben expresamente construir sobre zonas de manglar, lo cual cancelaría toda posibilidad de construir en 65% de las 58 hectáreas que comprenden el Malecón, explicó la activista.
Además del amparo promovido por los 113 niños, respecto del cual el juez cuarto de distrito anuló la suspensión definitiva porque los menores no pudieron pagar la multa de 21 millones de pesos, está pendiente de resolverse otro amparo promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en contra de los permisos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al Malecón Tajamar en el 2005.
El Cemda asegura que en la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada en ese entonces, Fonatur mintió a la autoridad asegurando que en las 58 hectáreas del proyecto no existía manglar.
Araceli Domínguez asegura que hay documentos que prueban que el gobierno de Quintana Roo advirtió en ese entonces a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) que no se podían otorgar los permisos ambientales al proyecto, porque 65% de los terrenos a desarrollarse estaba cubierto de manglar.
Además de ese amparo, están pendientes de resolverse las 4,333 denuncias ciudadanas interpuestas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en contra de las obras iniciadas por la empresa italiana Bi&Di, en agosto de este mismo año.
La activista aseguró que dado el número de impugnaciones y demandas, muy difícilmente se podrá resolver el asunto antes de febrero del 2016, lo cual obligará a Fonatur a promover una nueva Manifestación de Impacto Ambiental pero con las condicionantes que marca el artículo 60 TER, incluido en el 2008 en la Ley General de Vida Silvestre, el cual prohíbe la tala, desmonte o devastación de manglar, e incluso prevé sanciones penales. (Fuente: El Economista)
