El área protegida de Punta Laguna ha sido defendida con denuedo por los ejidatarios de Valladolid, en el estado de Yucatán. Desde hace años han sido despojados de grandes cantidades de tierras, los han hecho víctimas de sanciones y “rasuramientos” para manipular las asambleas. Recientemente el secretario general de Gobierno de Yucatán, Roberto Rodríguez Asaf, y el asesor Rafael Acosta Solís les propusieron un pacto para mantener la parcelación del ejido y para que la zona sea administrada por el gobierno estatal. Los pobladores inconformes, quienes con machetes impidieron un desalojo en los años noventa, dicen ahora que no aceptarán la propuesta y advierten: “Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”.
VALLADOLID, YUCATÁN, MX.- A mediados de los noventa, el padre y los tíos de Mariano Canul Abán repelieron con machete en mano a policías estatales que pretendían desalojarlos de Punta Laguna para dar cumplimento a un acuerdo de permuta de tierras establecido por los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán.
Más de 25 años después, Mariano y los pobladores de Punta Laguna, hoy Área Natural Protegida (ANP), están dispuestos a empuñar otra vez los machetes para impedir que los desaloje Rafael Acosta Solís, exfuncionario del gobierno de Yucatán vinculado con la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco y respaldado por el actual mandatario estatal, Rolando Zapata Bello.
Punta Laguna, lugar conocido como santuario del mono araña, se ha convertido en un nuevo Holbox, en donde grupos económicos y políticos no sólo pretenden despojar a indígenas mayas de sus tierras, sino apoderarse de una reserva natural para la construcción de un desarrollo turístico en una zona estratégica entre la Riviera Maya, de Quintana Roo, y Valladolid, Yucatán, la segunda ciudad más importante de esta entidad.
Procedentes de Chemax, el abuelo de Mariano, Ignacio Canul Tun, y sus hermanos Domingo y Marcos fueron fundadores en los años sesenta de esa pequeña comunidad en medio de la selva que, si bien colinda con Quintana Roo, pertenece al ejido y al municipio de Valladolid.
Al principio se dedicaron a la explotación del chicle y a la agricultura, hasta que la zona fue declarada Área Natural Protegida (ANP), con el nombre de Otoch Ma’ax Yetel Kooh (Casa del Mono y el Jaguar).
El 5 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del ANP de Otoch Ma’ax Yetel Kooh, con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), bajo la administración del ejido de Valladolid.
Los pobladores dejaron el chicle y la agricultura tradicional para dedicarse a actividades turísticas sustentables, consistentes básicamente en el avistamiento del mono araña en esta ANP, en donde hay unos 400 ejemplares.
Ejidatarios y sus hijos, agrupados en la cooperativa Najil Tucha, entablaron, hace nueve años, un acuerdo para la explotación del ANP Ma’ax Yetel Kooh con las entonces autoridades del ejido de Valladolid.
El convenio entre la cooperativa y el ejido consiste en una “concesión” por 30 años, con una contraprestación de 4 mil pesos mensuales.
El ejido de Valladolid cuenta con cuatro polígonos que están separados y que son denominados: Zaciabil, de 340 hectáreas, en la periferia de la ciudad; Papagayo, de 3 mil 600; San Antonio, de 3 mil 600, y Punta Laguna, de unas 30 mil hectáreas, incluida la APN de Otoch Ma’ax Yetel Kooh.
Pero las cosas empezaron a cambiar en 2013 para las 40 familias de Punta Laguna y los 704 ejidatarios de Valladolid, ya que el entonces presidente del Comisariado Ejidal, Leonardo Pech Un, de buenas a primeras determinó fraccionar el polígono Zaciabil.
Proceso se reunió con un grupo de ejidatarios en un domicilio del barrio de San Francisco, de Valladolid, quienes narraron la manera en que Rafael Acosta Solís, en complicidad con dirigentes comunales, ha realizado una serie de acciones para parcelar todo el ejido, con el último fin de apoderase de Punta Laguna.
El primer problema de Leonardo Pech es que necesitaba una mayoría calificada de la asamblea –75% del total en primera convocatoria y la mitad más uno en la segunda, de un conjunto de 704 ejidatarios inscritos en el padrón– para fraccionar Zaciabil.
La última vez que se logró la mayoría calificada fue en 1998, y en asambleas recientes la participación no ha superado los 350 ejidatarios.
Para resolver este inconveniente, el presidente del Comisariado Ejidal se dedica a sancionar a ejidatarios y a separarlos de sus derechos con el objetivo de reducir el número total a efecto de obtener el quórum legal. (Reportaje completo en Proceso)
