CANCUN, MX.- Activistas y familiares de presuntos implicados en feminicidios advierten que la aparente eficacia de la PGJE para localizar y detener a supuestos responsables se consumó partir de la tortura y la “fabricación” de culpables, documenta un reportaje de la revista Proceso.
Frente a la presión social y política bastaron dos semanas para que la Procuraduría aparentemente resolviera seis de 11 feminicidios reportados este año, siete de ellos ocurridos entre octubre y noviembre.
Así, la dependencia localizó y arrestó a presuntos responsables, mientras que otro fue detenido en flagrancia y uno más está identificado pero sin aprehender, aunque su fotografía ya fue divulgada.
Sin embargo, la principal prueba contra los cuatro presuntos homicidas localizados y arrestados es su propia confesión.
Ello ha levantado suspicacias, sobre todo porque las capturas han sido ampliamente publicitadas, e incluso el gobernador priista Roberto Borge ha encabezado ruedas de prensa para dar a conocer la identidad y la aprehensión de los supuestos responsables de dos de estos asesinatos.
Los cuatro implicados primero fueron consignados por cohecho y ultrajes a la autoridad, y una vez dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) se les acumuló el delito de homicidio.
La actuación de la PGJE en estos casos ha estado antecedida por escándalos de violación de derechos humanos.
Un caso es el de Héctor Casique Fernández, donde se comprobó a través del Protocolo de Estambul que fue sometido a tortura en los separos de la Policía Judicial (PJ).
También destaca la injusta detención de dos jóvenes –uno acusado de homicidio y otro por robo–, quienes finalmente fueron liberados al confirmarse su inocencia.
Ante estos antecedentes un grupo de activistas de derechos humanos tomó la defensa de Carmen Ramos Pérez, “El Conejo”, al que el gobernador presentó como el culpable de la muerte de Karen Carrasco, quien fue encontrada el 12 de octubre sin vida en un área verde de la Región 207, en donde fue violada y después asesinada a golpes con una piedra en la cabeza.
El homicidio de la universitaria provocó la indignación y la presión ciudadana. Más de 6 mil personas, convocadas por estudiantes de la Universidad del Caribe, realizaron una manifestación de protesta en las calles del centro de Cancún y en la plaza de la Reforma del palacio municipal.
El procurador Carlos Arturo Álvarez Escalera refirió que el señalado era lavador de carros y frecuentaba esta área verde para masturbarse, drogarse o emborracharse.
El activista Raúl Fernández indicó que “El Conejo” denunció que fue víctima de tortura para que se adjudicara la muerte de Karen.
Leonardo Kumul, abogado de esta agrupación, visitó a “El Conejo” en el Cereso de Cancún, y tras ese encuentro tramitó una amparo contra actos tortura, recurso que le concedió de forma provisional el Juzgado Quinto de Distrito.
“Pudo constatar (Kumul), el día que fue lo visitar a los cubículos del (penal de Cancún), que lo torturaron. (Carmen Ramos) se bajó los pantalones y tenía los testículos completamente inflamados, a punto de reventar, además la mandíbula dislocada por los golpes. También la clavícula”, dijo Raúl Fernández a Apro.
El acusado presentó el jueves 26 un nuevo escrito ante el juez quinto de distrito, en el que solicitó un amparo para recibir atención médica.
“Debido a los golpes y lesiones sufridos durante mi tortura, me encuentro en un mal estado de salud tanto física como mental, por tanto solicito a usted se me otorgue atención médica y se me practique un examen extenuante”, señala el acusado en los recursos presentados al juez federal.
Además, a través de las redes sociales, universitarios exigen pruebas de ADN para comprobar que fue él quien sin lugar a dudas atacó y mató a su condiscípula.
Previo a la captura de “El Conejo”, la Procuraduría detuvo a César Castillo Ríos, de 29 años, acusado de asesinar a su exnovia Abril Alejandra López Valencia, de 36 años, y a Luis Enrique Meza Calderón, de 27 años, “El Peque”, señalado como el responsable del homicidio de María Fernanda Vargas Sánchez, de 13 años.
Pero el 12 de diciembre, al rendir su declaración ante el juez, “El Peque” no aceptó la declaración que firmó en el MP del fuero común, pues acusó que fue golpeado por los agentes judiciales.
También llamó la atención que los rasgos faciales del detenido no correspondían con el retrato hablado que difundió hace cinco meses la PGJE tras el homicidio de la adolecente.
La dependencia lo señaló de ser un ladrón y que, drogado, atacó a Maryfer cuando la joven caminaba cerca de un lote baldío en el fraccionamiento Paseos del Mar.
De igual modo César Castillo, de 27 años y acusado por el homicidio de su exnovia, declaró ante el juez penal que fue torturado para que se confesara culpable del asesinato de quien fuera su pareja, y cuyo cuerpo apareció en un área verde en la zona hotelera de Cancún.
César fue arrestado luego que en redes sociales divulgó un video en el que pidió apoyo para dar con el paradero de Abril Alejandra López, quien era su compañero de trabajo en un centro de hospedaje de la zona turística.
Sin embargo, para la PJ Castillo Ríos mató por celos su expareja, ya que ella le confesó que tenía otro novio con el que se iba a casar.
Y el domingo 22 el gobernador Roberto Borge presentó a Everardo Elías Escobar, un taxista y exfuncionario del Instituto Municipal del Deporte como presunto responsable del homicidio de Elsy del Rosario Sánchez Pisté, instructora de spinning y zumba, quien el viernes 6 fue encontrada desnuda, con moretones en el cuerpo y estrangulada en su vivienda en el fraccionamiento Paseos Kabah, en la Región 233.
“Es un presunto confeso”, acotó el gobernador en rueda de prensa esa noche en la sede de la Subprocuraduría de la Zona Norte.
El mandatario estatal, que ha insistido en que estos casos no sean referidos como feminicidios, afirmó que el asesinato de Elsy Sánchez fue por celos, pues la madrugada del homicidio le informó a Everardo Elías que regresaría Mérida, Yucatán, con su esposo.
En todos los casos Borge Angulo también destacó que en los interrogatorios ha estado presente un defensor de oficio.
A través de su cuenta de Facebook, Trinidad Pérez, pareja de Everardo Elías, respondió al mandatario estatal:
“Sr gobernador, es una injusticia lo que se está haciendo con Everardo Elías, no se vale que a base de tortura lo hayan obligado a echarse la culpa; él es inocente y toda la gente que lo conoce lo sabe”, escribió.
También refirió que una mujer que la PJ presentó como testigo del crimen negó que las características físicas del sujeto que observó que frecuentaba a Elsy coincidieran con las de Everardo Elías.
“A una mujer le mostraron una foto de él y ella dijo: ‘No, él no es, la persona que vi es más joven y éste no es’. Luego le preguntaron que si ella vio el número de taxi y contesto que no”, abundó Trinidad Pérez.
También destacó que en la madrugada del viernes 6, cuando ocurrió el crimen, Everardo se encontraba con ella.
Y subrayó:
“Dios es grande y sabe que lo obligaron a decir que es culpable”.
Así, la única captura relacionada con esta secuencia de homicidios de mujeres que no ha requerido una investigación para localizar al responsable es la de Jaime Abraham May Alfaro, “El Güero”, quien fue detenido en flagrancia minutos después de atacar en su domicilio a su pareja Yolanda Sánchez, en Chetumal.
Además, la PJ anda tras la pista del expolicía municipal Néstor Orlando Cel Carrillo, acusado de asesinar en la madrugada del lunes 2 a su pareja Paloma Guadalupe Balam Poot, de 18 años, quien fue encontrada sin vida en una calle del fraccionamiento Villas del Mar III.
De los homicidios de mujeres ocurridos en Cancún y Playa del Carmen en lo que va del año quedan aún cinco por resolver, y en uno de ellos, ocurrido en la segunda semana de junio en las playas de Cancún, la PJ ni siquiera identificó a la víctima.
Pero la aparente eficacia en la detención de cuatro presuntos responsables de los homicidios de mujeres ha estado antecedida por casos de tortura e incriminación de inocentes que ha dejado mal parada a la Procuraduría.
Uno de los casos más notables fue el de un estudiaste de la Universidad Tecnológica de Cancún, quien permaneció 77 días en presión, acusado de participar en el asesinato de un proxeneta en un “spa” en la Región 92.
Unas de la sexoservidoras de ese establecimiento señaló que uno de los asesinos vestía un “abrigo” rojo, y Christian Vicente Córdoba, que poco después de los hechos corría hacia el paradero de camiones, fue detenido por vestir un suéter de ese color.
Tras las protestas de la familia, la PGJE reconoció su error y liberó al estudiante.
Otro caso simular fue el del joven Leyva Uscanga, quien fue detenido, cuando estaba acompañado de su novia, acusado de pertenecer a una peligrosa banda de ladrones y cuyo atraco más relevante habría sido un robo a casa-habitación, en agravio de María Concepción Garfias López, ocurrido el 13 de agosto de 2014.
El joven permaneció durante 48 horas en los separos de la PJ, en donde fue sometido a tortura, incluida la amenaza de que su novia sería violada frente a él.
El 17 de julio de 2014, tras 10 meses en presión, Jorge Leyva salió libre, pero en la Procuraduría le dieron instrucciones de negar entrevistas a los medios.
Sin embargo, el caso más relevante de abusos por parte de la Procuraduría es el cometido en agravio de Héctor Casique Fernández, instructor de artes marciales y exescolta de funcionarios públicos, quien fue señalado de pertenecer al Cártel del Golfo y acusado de ser uno de los responsables de la masacre de siete personas en el bar “La Sirenita”.
Más tarde se comprobó que Casique Fernández fue torturado para que se declarara culpable.
Por ello la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del estado determinó, por las lesiones de que fue objeto Héctor durante su reclusión en los separos de la PJ, proceder penalmente contra 37 funcionarios de la Procuraduría, incluido quien fue director de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola, actual subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP).
Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Sergio Belio Rosado, en Quintana Roo la práctica de la tortura “es sumamente preocupante”.
Y llama la atención, manifestó el legislador panista, la celeridad con la que se han resuelto la mayoría de los casos de homicidios de mujeres.
“Las pesquisas, de manera inusual, han llevado con prontitud a dar con los culpables. Esto crea suspicacias”, sentenció.
“El ciudadano lo que pide es claridad y aquí no la hay. Se tiene que probar a cabalidad la culpabilidad”, subrayó.
El activista Omar Sánchez Cutis, coordinador de Morena en el distrito electoral 01federal del estado, afirmó que el caso de la localización y captura de los supuestos responsables de los feminicidios sólo ha evidenciado las carencias de la PGJE.
“Solamente obtienen la confesión a “tehuacanazos”, comentó Omar Sánchez, que también fue acusado penalmente de sabotaje por la Procuraduría al participar en la defensa de los activistas que por el mismo delito fueron detenidos tras encabezar protestas por el incremento de tarifas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Felipe Carrillo Puerto. (Fuente: Proceso)