MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) determinó no impugnar la resolución de Rosa María Cervantes Mejía, Juez Decimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien negó la orden de aprehensión contra Arturo Escobar, exsubsecretario de Gobernación y exdirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En un comunicado, informó: “En su pretensión punitiva, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) consideró pertinente no agotar el medio de defensa previsto en la ley y subsanar los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional”.
El pasado 9 de diciembre, la juez determinó que la Fiscalía imputó al acusado un crimen que no corresponde a la conducta denunciada.
La determinación de Cervantes Mejía ocurrió un día después de que militantes del PVEM presentaron una denuncia ante la PGR contra Santiago Nieto, titular de la Fepade, por “revelar información de una averiguación previa y mantener un conflicto de interés en el cargo”.
La juez argumentó que la Fepade imputó a Escobar el delito de destinar o recibir aportaciones a favor de un candidato o partido cuando el hecho es que el dirigente del PVEM firmó un contrato con una empresa.
Dijo que la Fiscalía tiene la facultad de apelar la negativa de aprehensión ante un tribunal unitario o de solicitar la devolución del expediente para volver a consignarlo.
Este lunes, la PGR dijo que la Fepade consideró pertinente no impugnar la resolución de la juez y, en su lugar, subsanará los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional.
Tres órdenes de aprehensión
El pasado 26 de noviembre la Fepade solicitó a un juez federal tres órdenes de aprehensión contra los empresarios que presuntamente celebraron contratos para la expedición de 10 mil tarjetas Premia Platino, con Arturo Escobar y Vega, exfuncionario de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Ellos son María Guadalupe Robles, Pablo Líder Robles y Ramiro Quintero Ramos, quienes realizaron aportaciones en dinero y en especie pese a la prohibición legal para ello, según la Fepade.
Con base en la denuncia de la exdiputada federal perredista Julissa Mejía y de otra promovida por el PAN, la Fiscalía determinó que sí había elementos para considerar el delito electoral por parte del entonces dirigente del PVEM.
La indagatoria se refería a las tarjetas denominadas “Premia Platino”: El PVEM las compró a proveedores no autorizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo la Fepade. (Fuente: Proceso)
