En el marco de la conmemoración del Día del Agua, todas y todos conocemos la importancia de tan vital líquido, sin embargo, pareciera que no hay interés en desarrollar alguna política pública al respecto, pero seguramente se implementará cuando definitivamente se den los actos de violencia que, además, ya se dan en poblados o comunidades de algunos estados del norte del país o en la Ciudad de México con problemas de escases y racionamiento.

En la Iniciativa de Ley General de Aguas y de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la pasada Legislatura logramos detener la propuesta del gobierno federal a través de la CONAGUA, cuyo dictamen solo favorecía a los particulares sin mencionar el derecho constitucional humano al agua.

El derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico es el tema que motiva sobre todo cuando la ley General de Aguas que se propone resulta opuesta a la realización plena y efectiva de este derecho.

No se puede hablar de trasvases o de fracking que al día de hoy muchas personas han escuchado pero no saben a fondo sus implicaciones no solo porque la cantidad de artículos que contienen estos aspectos es limitada, sino porque son parte de un tema más amplio y que es oportuno comentar: los partidos, principalmente (PRI, VERDE, PANAL, entre otros), en ningún momento dieron apertura y sí una cerrazón a escuchar diversas opiniones del porqué no apoyar la iniciativa oficialista y los aspectos que hacían de lado para no entrar en el debate del tema. Quiero recalcar que incluso llegó a tal grado la ignorancia, que en varios dictámenes como también fue en la reforma energética, no quisieron que pusiéramos glosarios o definición de los conceptos que son importantes, tal es el caso simplemente de la sustentabilidad.

Los defensores de la propuesta afirman que el régimen solo se “actualizó”. ¿Qué significa esa “actualización”? ¡Nunca lo supimos! Como ya lo mencioné, tampoco entraron al debate de ideas, pero sobre todo a la importancia de la Ley.

El suministro público del agua es la expresión material del derecho humano al acceso al agua o su incumplimiento: suministro continuo, agua de calidad, tarifas, asequibilidad privatización. Es un tema que no debe ser cerrado a los ojos de la población. El derecho a usar el agua no solo consiste en abrir la llave; tiene muchos procesos para hacerla llegar a cada una de nuestras casas o a los kilómetros de distancia que muchos deben hacer para poder tomar un vaso de agua. Hagamos que valga lo que es vital para la vida y los seres vivos y no una moneda de cambio para algunos. ¡Cuidemos el agua, la necesitamos!

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