“La información que se obtiene en los interrogatorios se convierte en inteligencia” para capturar grandes capos o rescatar gente secuestrada, explicó bajo anonimato durante una entrevista con la AFP este veterano, que por más de 30 años sirvió en las tropas militares. “Que hablan, hablan”, dijo, al abogar por que se aplique a los delincuentes “la misma dosis (de tortura) que ellos aplican”.
Esta inusual confidencia llega en momentos en que el gobierno de México intenta contener la vorágine de una serie de escándalos de tortura por parte de militares y policías, difícilmente disimulable incluso en las cifras oficiales.
En 2012, cuando el presidente Enrique Peña Nieto asumió su mandato, hubo 287 denuncias de tortura a nivel federal. Para 2014, sumaban 2.403, según información de la Fiscalía General que Amnistía Internacional obtuvo mediante una petición de información pública.
Del lado de las víctimas, son numerosos los casos documentados por diversas ONG e incluso la ONU. Del lado de los victimarios, el militar entrevistado por la AFP da su versión.
Cuando el interrogado se escuda tras “el famoso ‘no lo sé’, ‘no lo conozco'”, se le presiona primero con “un sometimiento de golpeo”. Después vendrá el estrangulamiento de envolver la cabeza con una bolsa plástica, describió el ex mando, que presenció varios de estos interrogatorios.
Si se resiste, la bolsa se llenará de agua. “Cuando se les acaba el oxígeno, por ahí tienen que respirar y (el agua) se le va a meter entre las narices. Es una asfixia”, detalló este veterano, que pidió no relevar su grado en la jerarquía militar ni la fuerza armada a la que perteneció.
Después vendrá la electrocución. “Hay que mojarlos, hay que darles toques” eléctricos, dijo, al asegurar que numerosos militares y policías fueron “completamente despedazados, decapitados, torturados” al caer en manos de criminales.
El ex militar –que fue desplegado a los extremos este y oeste de la frontera de México con Estados Unidos, dos de los puntos más peligrosos– asegura que él y muchos de sus compañeros temen represalias contra sus familias y padecen estrés postraumático.
“¿Usted cree que yo voy a dormir tranquilamente mis cuatro horas de descanso escuchando los gritos? Gritos de lo que se está llevando a cabo, una tortura”, preguntó, al explicar que, “espiritualmente hablando”, llega a sentir culpa.
Desde 2006, México mantiene desplegados decenas de miles de militares y policías federales en las calles para combatir el narcotráfico. Esto, aunado a las batallas campales entre cárteles, ha dejado más de 100.000 muertos y desaparecidos.
En 2014, la ONU denunció una situación “generalizada” de tortura por parte de militares y policías en un ambiente de “impunidad”.
El gobierno de Peña Nieto lo rechazó tajantemente, pero un nuevo escándalo estalló en abril, cuando corrió por internet un video que muestra dos militares y una policía federal torturando a una mujer.
Días después, el grupo de expertos extranjeros que investigó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa señaló casos de tortura contra detenidos por este crimen.
Y la semana pasada, en un hecho histórico, un general del Ejército que ordenó en 2008 la electrocución de un detenido y la incineración clandestina de su cadáver fue condenado a 52 años y medio de prisión.
“Cuando imitas una guerra, se desprenden todos los elementos negativos: el enfrentamiento, los militares acosados por el crimen organizado que responden con sentimiento de defensiva individual”, estimó Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tras la difusión del video, el ministro de Defensa pidió disculpas públicas, algo inédito, pero subrayó que se trataba de hechos “aislados”.
“Eso también se decía en las dictaduras de Sudamérica. No pueden decir que es sistemático, un protocolo”, estimó Gustavo Fondevila, investigador del prestigiosos Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El veterano militar también encuentra contradicciones en el pedido de disculpas.
“La orden (de torturar) viene de ellos. (…) Quieren resultados porque la ciudadanía ya no aguanta la inseguridad. (…) Nosotros cumplíamos las órdenes, nada más”, sentenció.
Contactados por AFP, ni el Ejército ni la Marina respondieron si, efectivamente, sus tropas están adiestradas para torturar.
“Los famosos derechos humanos de los que habla actualmente la administración de Peña Nieto, para nosotros los que fuimos militares, es lo más absurdo que podemos encontrar. (…) ¿Dónde están entonces nuestros derechos como militares?”, dijo el veterano.
Inocentes al banquillo
Al preguntarle sobre la posibilidad de que algún inocente haya sido torturado, el militar zanjó: “Negativo. Todos eran delincuentes”.
Sin embargo, según una encuesta del CIDE realizada en 2012 entre reclusos de cárceles federales, el 30,5% de los que se declararon culpables lo hicieron porque los torturaron o golpearon.
El despliegue de fuerzas federales es “una cacería de brujas. (…) Para mí, los delincuentes son ellos, que se escudan bajo un uniforme”, dijo a la AFP Claudia Medina, una mujer de 36 años que asegura haber sido secuestrada y torturada en 2012 por elementos de la Marina Armada, en un caso que fue documentados por el relator de la ONU.
Tras 36 horas de tortura y 23 días en la cárcel, esta comerciante de clase humilde fue exonerada –por falta de pruebas– de sus cargos: portación de armas de uso exclusivo del Ejército, narcomenudeo y lavado de dinero.
Medina aún tiene frescas las huellas del calvario que vivió con los ojos vendados, las manos atadas y bajo una estridente “música tipo rap” que maquilló sus gritos.
“Creemos que lo superamos, pero no”, dice con la voz cortada, tras recordar los golpes de puño cerrado en la nuca, el picante inyectado en su nariz, las patadas en el estómago, los cables eléctricos amarrados a sus pies, la voz de quien la violó.