CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciaron una investigación por actos de corrupción y desvío de recursos en contra de funcionarios del gobierno de Quintana Roo, luego de que la ex diputada federal del PAN, Alicia Ricalde Magaña y el abogado penalista Bruno Francesco Domínguez Manzi denunciaran la mala construcción del Auditorio Bienestar, que tuvo un costo de 244. 7 millones de pesos, cuando en otros estados, el mismo auditorio costó 166 millones; una diferencia de casi 80 millones de pesos.

A ello se suma la mala planeación de ese auditorio debido a que o lo han podido inaugurar porque tiene una mala,estructura y problemas en el subsuelo debido a que expertos en ingeniería advierten que se puede hundir y desplomar.

Tanto la ex diputada federal, como el abogado penalista quintarroenses, denunciaron que el “Auditorio del Bienestar” -con un costo mínimo de 244.7 millones de pesos-, tiene graves fallas en su cimentación que lo colocan en peligro de hundimiento, por lo que tendría que ser demolido; sin embargo, el gobernador Roberto Borge A filo, tendrá que esperar a que pase el proceso electoral.

Sólo, por hacer un comparativo, en Nayarit, se construyó un auditorio similar el cual tuvo un costo de 166 millones, casi 80 millones menos que que lo,que pagó,el gobierno del Estado de Quintana Roo, por el “Auditorio del Bienestar”, por el cual se pagaron 244.7 millones de pesos.

De acuerdo a la ex diputada federal, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó los adecuados Proyectos de Desarrollo Regional para la construcción del “Auditorio del Bienestar” en Benito Juárez, Quintana Roo, además de que no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan que no acreditó haber tramitado las licencias y permisos de la obra, ni la manifestación de impacto ambiental correspondientes.

Dijo que aun cuando el Auditorio del Bienestar ya fue concluido desde marzo de 2015, no ha sido entregado a las áreas encargadas de su operación porque los expertos en ingeniería del mismo gobierno de Quintana Roo, advierten que existen fallas y se corre el riesgo de que se desplome, por lo que la única forma, es tirarlo y volverlo a levantar porque esta mal construido desde los cimientos. (Fuente: La Prensa)

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