CANCÚN, MX.- Aunque la mayor parte de los casos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en Quintana Roo por parte de policías judiciales estatales y municipales no se denuncian, por la desconfianza hacia las autoridades, de abril de 2014 a febrero de este año, ya se han documentado al menos más de una decena de casos de tortura en la entidad, denunció el catedrático universitario Leonardo Daniel Kumul Salazar.
El también director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos, señaló que el gobierno de Roberto Borge Angulo y de la presidencia municipal que encabeza Paul Carrillo en Benito Juárez, han sido marca de la tortura, de detenciones ilegales, arbitrarias, así como de la corrupción de las policías municipales y judicial.
El también defensor de los derechos humanos convocó a la presentación del libro “La tortura: una propuesta basada en el Protocolo de Estambul”, donde detallan los más de 60 casos de tortura documentados en diversos estados, 11 de ellos en Quintana Roo, en menos de los dos recientes años, de abril de 2014 a febrero de 2016.
Aunque todos son graves, cinco casos están registrados en Cancún, dos en Chetumal, uno en Playa del Carmen y tres en Felipe Carrillo Puerto.
El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como el Protocolo de Estambul, es el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias.
Fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000.
El propósito del protocolo de Estambul es servir como una guía internacional para la evaluación de las personas que han sido torturadas, para investigar casos de posible tortura y para reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras.
Sabotea gobernador Borge la impresión y publicación del libro
“La empresa que contratamos para imprimir el libro les quedo mal, de acuerdo al convenio firmado, quedaron de entregar los mil ejemplares el pasado sábado, pero ya no contestaron las llamadas telefónicas ni siquiera atendieron las vistas a la sede de la empresa editorial”, informó Kumul Salazar.
Dijo que es la cuarta empresa editorial asentada en Cancún, que son las únicas que existen, que se habían comprometido a realizar la publicación y “aunque ya les habíamos advertido lo que seguramente podría pasar y dijeron que si, se comprometieron a producir el libro.
“Pues, desgraciadamente pasó lo que tenía que pasar, de acuerdo a los antecedentes que hay en materia de violación a los derechos humanos, pues el gobernador habló por teléfono a la editorial para amenazarlos si publicaban el libro, nos llaman y nos avisan que ya no lo pueden publicar y nos devuelven el anticipo de dinero que habíamos depositado. Lo mismo pasó con las otras dos editoriales”.
La cuarta empresa nos había asegurado que ya habían publicado otros libros, por ejemplo, los dos más recientes de la periodista y escritora Lydia Cacho, entre otros y pese a que ya habíamos pagado el costo de la edición, no cumplió y no entregaron los mil ejemplares.
No se lo puedo atribuir a otra cosa más que a la intervención del estado, pues no le iba a parecer que circulara en Quintana Roo el libro.
Mencionó que la publicación ya la esperaban en Yucatán, sobre todo en la capital del estado y en Valladolid, así como en los 11 municipios de Quintana Roo.
El libro trata sobre los medios de defensa jurídica que las personas pueden utilizar en caso de ser víctimas de tortura.
En el mismo detallan los más de 60 casos de tortura documentados en diversos estados, 11 de ellos en Quintana Roo, en menos de los dos recientes años, de abril de 2014 a febrero de 2016.
Aunque todos son graves, cinco casos están registrados en Cancún, dos en Chetumal, uno en Playa del Carmen y tres en Felipe Carrillo Puerto.
“Lamentablemente hay más casos, que nosotros no llevamos o que muchas víctimas no denuncian por temor a que les quiten la vida o los desaparezcan”.
Los casos de tortura son ejecutados por agentes de la Policía Judicial del estado, con el conocimiento de Ministerios Públicos del fuero común, así como de mandos medios y superiores de la Procuraduría de Justicia del Estado, como los dos recientes titulares de la dependencia, Gaspar Armando García Torres y Carlos Arturo Álvarez Escalera, así como el subprocurador de la zona norte, Ludwig Alejandro Vivas Arjona (quien según ya renunció porque presuntamente fue amenazada de muerte); el director de la Policía judicial de la subprocuraduría en la zona norte del estado, Marco Antonio Sánchez Sánchez, entre otros.
Entre los casos más graves que se documentan en el libro de 116 páginas hay material audio visual como grabaciones, videos y fotografías de las torturas cometidas por los directivos y personal de la Procuraduría de Justicia del estado.
“Tenemos material donde queda constancia de las condiciones físicas y de salud de las personas detenidas y como estaban horas después de sus detención”, señaló.
Hay 11 casos plenamente documentados de tortura con los requisitos que marcan las legislaciones internacionales como el Protocolo de Estambul y que se empezaron a combatir en los juzgados federales.
Denunció que en el colmo de la inseguridad y de la impunidad con que actúan la Procuraduría de Justicia del Estado y los cuerpos policiacos del municipio Benito Juárez, el 22 de diciembre del 2015, su padre y madre fueron objeto de un atentado cerca de mi domicilio por parte de uniformados municipales.
Fueron dos elementos de una motropatrulla del ayuntamiento local, justo dos días después de que fue destituido Jesús Cristobal Mena Paullada, como director de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, por actos de corrupción y tortura, hechos que fueron plenamente documentados y aunque en todo momento trataron de protegerlo y solaparlo, no les quedo de otra más que despedirlo.
Por cierto, la dirección de Asuntos internos es la instancia encargada de investigar a castigar los casos de corrupción y mal ejercicio público por parte de la corporación policiaca.
Este personaje también había sido acusado de actos de corrupción y abuso del poder cuando tuvo cargos directivos en la Procuraduría de Justicia del estado en otras administraciones.
Dijo que otras de las represalias que sufrió es que fue destituido de su plaza de catedrático de planta en la Universidad del Sur, sin ningún argumento legal.
“Al compañero Rafael Meneses lo secuestran el 22 de febrero saliendo de la Universidad del Sur, justo el día que iban a presentar el libro en la casa de la Cultura Jurídica, que hoy no les fue entregado por la imprenta. Ese día policías municipales nos amenazaron”.
Salvajismo policiaco
De los casos más extremos y que han marcado la vida del joven abogado y activista de los derechos humanos está el caso de cuatro jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres, plantel 3 de esta ciudad de Cancún.
Son tres varones de 19 años y una joven de 18 años quienes fueron detenidos el 26 de febrero de 2015 enfrente del palacio municipal de Cancún cuando se manifestaban mostrando su solidaridad con los jóvenes estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Policías municipales, bajo las órdenes de Arturo Olivares Mendiola, detienen a los cuatro jóvenes, “materialmente los agarran de los cabellos, los arrastran varios metros y los avientan a unas camionetas de la dependencia policiaca, lo cual documentaron con fotografías, audio y video. Se los llevan al jefe policiaco y los torturan en las instalaciones de Seguridad Pública y en la mesa 11 del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Justicia de la zona norte, los 3 varones los desnudan y son violados por policías judiciales al mando de Sánchez Sánchez, con un palo de escoba. La joven mujer también fue violada sexualmente. Los cuatro fueron torturados nuevamente en ese lugar durante más de 36 horas y los obligaron a firmar unas hojas y declararse culpables donde los acusan de haber cometido varios delitos, desde ultrajes a la autoridad, de robo, intento de homicidio, terrorismo y una serie de delitos inimaginables, todo ello, con el conocimiento del Ministerio Público de la mesa 11, señaló.
Dijo que ellos han externado su solidaridad con el caso de Héctor Cacique Fernández, quien trabajo para el gobernador Roberto Borge Angulo como guardaespaldas y como instructor de escoltas del mismo mandatario, a quien le inventaron varios delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, entre otros, y pese a recomendaciones de Derechos Humanos, permanece encarcelado en el penal de Chetumal.
Aunque no han dado a conocer ninguna sanción para las 43 personas, entre policías judiciales, Ministerios Públicos y personal y directivos de la Procuraduría de Justicia del Estado implicadas en el caso de tortura contra Héctor Cacique, y las medidas para reparar el daño causado a su persona, Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) reveló que ha recibido informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde atiende la recomendación hecha.
Dijo que muchos de los casos se decretaron por parte de jueces federales los delitos de tortura y en breve, se liberarán las ordenes de aprehensión contra el personal de la PGJE, como los dos recientes procuradores Gaspar Armando García Torres y Arturo Alvarez Escalera, así como el subprocurador de la zona norte, policías judiciales y ministerios públicos, entre otros.
Violación debido proceso
Respecto a dos de los casos de feminicidios suscitados a fines del año pasado y principios de este año, documentados en los expedientes de Carmen Ramos Pérez, amparo 1610/2015 y el de Jesús Lagunes Alcocer, amparo 1787/2015, se ha para aplicado el protocolo de Estambul por las múltiples violaciones al debido proceso de los dos detenidos.
A unas horas de la detención de los dos presuntos autores de los dos feminicidios, solicitaron que les realizarán los exámenes médicos respectivos en el Hospital General de Cancún y el director del nosocomio (Rubén Maldonado Villanueva), emite certificados médicos donde señalan que los dos presuntos “están integros”(sanos), pero a la vez entrega dos placas de exámenes radiológicos donde detalla la existencia de dos fracturas, una en la mandíbula y otra en la columna.
Entonces recurren a instancias federales y los exámenes médicos constatan que si hay lesiones y con eso existe la presunción de tortura, explico.
Ante la parcialidad, negligencia y corrupción del personal de la procuraduría de Quintana Roo, así como de los juzgados del fuero común y derivado del principio de imparcialidad, los jueces federales designaron peritos de Campeche y Yucatán para que el próximo 24 de junio realicen el protocolo de Estambul, donde va a quedar en evidencia la tortura y todas las violaciones al debido proceso que cometió la PGJE, por lo que podría decretarse la libertad de estas dos personas.
Refirió que todos los días reciben mensajes y llamadas de auxilio de más detenciones arbitrarias y casos de tortura de ciudadanos de todas clases sociales, desde taxistas, meseros, albañiles, profesores, entre otros.
Dijo que la dependencia tenía hasta el 26 de abril del presente año para cumplir con todos los puntos incluidos en la recomendación 17/2015, emitida en octubre pasado, luego de varias quejas hechas por Cacique y sus familiares por constantes agresiones y omisiones legales durante su caso, por parte de personal de la PGJE y sin embargo, el caso sigue estancado. y asi hay casos en los 11 municipios de de tortura y violaciones a los derechos humanos de cientos de personas por parte de policías y personal de la Procuraduría de Justicia del Estado. (Noticaribe)
