Normalmente los jueves dedicamos esta columna a charlatanes, timadores y seudocientíficos. Podría parecer extraño que hoy hablemos de la petición de que sean anuladas las elecciones a presidente municipal de Cancún. Pero hay razón para ello. En primer lugar, los comicios fueron ganados con malas mañas por una pandilla de charlatanes y embaucadores disfrazada de partido político: el llamado Partido Verde Ecologista, que nada tiene de partido ni —mucho menos— de ecologista. Y el asunto, por lo demás, no es de interés local: es una muestra de lo que puede suceder en otros muchos lugares del país si se deja a esa caterva de delincuentes electorales seguir usando tan sucias técnicas de compra y coacción del voto.
La demanda de anulación fue presentada por un grupo de cancunenses encabezados por el afamado dirigente social Tulio Arroyo y su esposa, Bettina Cetto. Y, ciertamente, está muy bien fundamentada. Dice así en sus partes medulares:
La premisa fundamental de que el voto debe ser libre y secreto —impresa incluso en las mamparas de cada casilla instalada para la jornada electoral del pasado 5 de junio—, fue violentada por los consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), quienes por unanimidad, rehusaron aprobar la petición del PRD y Morena de qie se prohibiera tomar fotos dentro de las mamparas a las boletas ya marcadas con el voto.
Como era público y notorio, el llamado partido verde estuvo repartiendo despensas a cambio de votos, con la promesa de seguir haciéndolo si triunfaba y la amenaza de dejar de hacerlo en caso contrario. Como prueba de haber votado por él, se exigía a los electores presentar una foto de la boleta marcada. De hecho, esa foto constituía una especie de contrarrecibo para que la familia del votante pueda seguir recibiendo las despensas.
Era evidente que con tales acciones y presiones se violaban la libertad y la secrecía del voto, derechos ambos consagrados tanto por la Constitución General de la República como por la de Quintana Roo. Pero los consejeros del IEQROO se negaron a evitarlo. Con ello —dicen Arroyo y Cetto— se hicieron encubridores y cómplices de un delito electoral, lo cual es razón más que suficiente para que sean destituidos de sus cargos. Y eso es lo que igualmente se pide en la demanda.
La forma en que ese seudopartido compró la presidencia municipal del principal centro turístico de México, lucrando con la miseria de los habitantes de zonas marginadas, debe ser motivo de preocupación. Evidentemente, no lo hizo por simple afán de gobernar, sino como una especie de inversión que recuperará con creces mediante el saqueo de las arcas públicas, los acostumbrados actos de corrupción desde el poder —como las autorizaciones de cambios de uso de suelo a cambio de generosos cohechos— y otras sucias acciones por el estilo. Una vez en el gobierno, el negocio le resultará más fácil, pues las despensas las pagarán con el mismo dinero del erario público, manteniendo siempre sobre las cabezas de los gobernados la amenaza del hambre si no siguen votando por esa pandilla.
El siguiente paso, a no dudarlo, será —en Quintana Roo— hacerse del municipio de Solidaridad, otro rico filón por el gran crecimiento de la mancha urbana y la construcción de hoteles. Con el control de esas dos principales ciudades, hacerse de la gubernatura no representará mayores problemas. ¿Hasta qué otras ciudades y estados se extenderá tan sucia operación de compra de votos? ¿Tendremos qué cambiar el término proceso electoral por proceso despensal?
La respuesta la dejamos a los lectores.
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Creo q todos estamos d acuerdo q no somos,ni seremos y ni hay perfectos en esta tierra,pero el PVEM refleja toda una miseria d la condicion humana actuando y mostrando su hambre y ambicion d gobernar pero,suciamente.
Loq se empezo q sea hasta el final.cuente con mi firma,en contra del PVEM.
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