CHETUMAL, MX.- El Constituyente Permanente de Quintana Roo, integrado por los 11 municipios del estado, validaron por mayoría la primera parte de la reforma constitucional aprobada previamente por el Congreso que permite la creación de la Fiscalía General del Estado para sustituir a la Procuraduría General y que ha sido cuestionada por considerarla parte de un ‘paquete de impunidad’ para el Gobernador Roberto Borge.
Hasta la mañana de este jueves, la iniciativa de reforma constitucional ya había sido avalada por los municipios de Benito Juárez, Bacalar, Isla Mujeres, Tulum, Solidaridad, Lázaro Cárdenas y José María Morelos, todos controlados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Con estos votos, la creación de la Fiscalía General del Estado ya era legal.
La iniciativa, sin embargo, fue notoriamente rechazada por el Cabildo de Cozumel, también de mayoría priista, donde sólo el Alcalde Fredy Marrufo, el síndico y un regidor votaron a favor mientras los otros 8 regidores votaron en contra. Aquí, los ánimos se desbordaron cuando, en el exterior del Palacio Municipal donde se realizaba la sesión, los policías arremetieron con gases lacrimógenos contra ciudadanos que se manifestaban contra la aprobación de la iniciativa borgista.
Ayer, el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto había suspendido la sesión extraordinaria de Cabildo cuando seis regidores anticiparon su voto en contra de la creación de la Fiscalía.
No se ha confirmado si posteriormente se realizó la sesión de Cabildo.
Estaban pendientes de votar la iniciativa los ayuntamientos de Puerto Morelos y Othón P. Blanco, aunque ya sólo sería un mero trámite porque la propuesta de Borge ya tenía los votos necesarios para ser declarada constitucional.
En casi todos los casos, las sesiones de Cabildo se realizaron a puertas cerradas o a espaldas del pueblo, ya que algunas se convocaron en la madrugada y sin avisar a medios de comunicación.
En el caso de Solidaridad, incluso, se ha denunciado que los regidores de oposición no fueron convocados, lo que daría pie a una impugnación legal por el desaseado procedimiento para sacar adelante el ‘paquete de impunidad’ de Borge.
Se prevé que mañana viernes, el Congreso realice una nueva sesión dentro del Tercer Periodo Extraordinario para nombrar al Fiscal que podría permanecer en el cargo hasta 9 años si el próximo gobernador, Carlos Joaquín González, no obtiene el apoyo del Congreso para removerlo y nombrar a su propio candidato.
El gobernador electo, sin embargo, no cuenta actualmente ni con la mayoría simple, motivo por el que la medida de nombrar un nuevo fiscal por parte de Borge antes de irse ha sido interpretada como una estrategia para blindarse de cualquier posible acción de la justicia en su contra durante la próxima administración.
Se desconoce a cuánto asciende el gasto por la renta de las instalaciones del hotel o si los diputados también se están hospedando en el lugar. (Noticaribe)