CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la inédita protesta de la Coparmex en el Ángel de la Independencia y el encuentro que tuvo Enrique Peña Nieto en Los Pinos con la cúpula empresarial, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, anunció el veto presidencial parcial al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que obliga a los particulares a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, pero dejó intacto el artículo 29 de la misma ley que nulifica la obligación de servidores públicos de entregar su 3 de 3.
Castillejos afirmó que se devolverán al Congreso de la Unión otros 15 artículos vinculados con el 32, donde se señala que todo particular o empresa que ejerza o reciba recursos públicos o que contrate con cualquier instancia de gobierno debe presentar las tres declaraciones.
El veto parcial del Ejecutivo federal no le gustó a los legisladores que promovieron la Ley 3de3, obligatoria para los servidores públicos. La senadora Martha Tagle afirmó que no aclara cuál es su posición sobre el polémico artículo 29. A su vez, la senadora del PRD Dolores Padierna expresó que “las tres declaraciones: de interés, patrimonial y fiscal deben ser públicas, no a la simulación del veto que debilita el combate a la corrupción”.
Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, calificó como “error político” vetar sólo el 32 y no el 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Presidencia de la República, dijo, “desaprovecha esta gran oportunidad para verse como un mandatario sensible a los reclamos sociales”.
Abundó: “El reclamo del veto al 29 era mucho más grande, el reclamo social, de opinión pública, mucho más grande para que se hubiera vetado el artículo 29”.
El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, quien promovió junto con el Partido Verde “descafeinar” la obligatoriedad de las tres declaraciones, admitió un día antes del anuncio presidencial que se “equivocaron” en el artículo 32 que afecta a los empresarios.
Humberto Castillejos argumentó que “el gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y que haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones”.
Tal ordenamiento, abundó, inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos “y lo más importante, afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones como beneficiarios del programa Prospera o los becarios de Conacyt, entre otros”.
El consejero jurídico de la Presidencia también consideró que el artículo 32 afecta “de manera excesiva” la vida privada y la protección a los datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros que no viven en el país, pero que trabajan en una empresa trasnacional. (Fuente: Proceso)