MONTERREY, MX.- La exalcaldesa panista regia Margarita Arellanes Cervantes quedó vinculada a proceso y será procesada por delitos graves de corrupción, al presuntamente desviar recursos para contratar un despacho de abogados con el fin de protegerla de problemas legales cuando dejara el cargo.
Junto a ella quedaron vinculados nueves de sus colaboradores.
De ser encontrados culpables por el empleo de 8.2 millones de pesos para buscar su blindaje jurídico, podrían enfrentar una pena que entre dos y 12 años de prisión, sin la opción a perdón.
Esta es la primera vez en la historia de Nuevo León en que un alcalde es sometido a proceso por actos de corrupción.
La juez de control Patricia Gutiérrez, del Juzgado Primero de lo Penal en la entidad, dispuso que la exalcaldesa y los demás coacusados acudan una vez al mes a plasmar su huella digital en el juzgado, pese a que la Fiscalía Anticorrupción, que presenta los cargos, demandó que se les impidiera salir de la ciudad.
Además de Arellanes Cervantes, como probables responsables del delito de ejercicio abusivo de funciones están sus excolaboradores en el trienio 2012- 2015: Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, secretario del ayuntamiento; Julián Hernández Santillán, tesorero y Alejandra Rodríguez Guerrero, secretaria de Administración; José Francisco de la Cruz Suárez, director jurídico; e Irasema Arriaga Belmont, síndico.
Por ejercicio indebido de funciones fueron vinculados a proceso David Rex Ochoa Pérez, síndico; Arturo Pecina Cruz, regidor; Luis Ángel Torres Garza, encargado de Adquisiciones, y Aldo Ariel Zepeda López, director de director de Egresos.
A los primeros se les desestimó la acusación por ejercicio indebido, debido a que la Fiscalía violentó sus derechos, al confundir características de los dos delitos, argumentó la juez.
Al concluir una audiencia que inició a las 9:00 de la mañana y se prolongó ocho horas, todos fueron acusados por haber contratado y aprobado la erogación para pagar al abogado Roberto Martínez, acuerdo establecido en octubre del 2015, días antes de que Arellanes dejara el Ayuntamiento de Monterrey.
En el lugar estuvo presente el fiscal anticorrupción del estado, Ernesto Canales.
La exalcaldesa se quejó de la acción parcial de la justicia pues afirmó que hay otros municipios en Nuevo León que han firmado contratos similares para obtener blindaje legal y ningún funcionario ahí ha sido procesado. (Fuente: Proceso)