Apoyados en juicios laborales falsos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge, en Quintana Roo, han despojado a empresas y particulares de bienes inmuebles, pero también de su dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias.
Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad documentaron casos –de los cuales revisaron cuatro expedientes– que prueban cómo el gobierno del priista Borge ha despojado terrenos y hoteles en Tulum, embargado condominios en Cancún, y se ha apoderado de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a funcionarios públicos.
Estos actos han sido legalizados por funcionarios cercanos a Borge. Uno de ellos es Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio (RPyC), a quien el Congreso local acaba de nombrar magistrado a propuesta directa del gobernador.
Ese nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para proteger al gobernador priista.
Otros funcionarios implicados: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila.
Los despojos y el modus operandi
El 23 de mayo de 2014, el actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez y tres funcionarios más de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún –que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de QRoo– irrumpieron en el hotel Playa Azul, en Tulum. Ahí, sin identificarse ni mostrar alguna orden por escrito, y con el apoyo de policías municipales armados, despojaron al ejidatario Joel Tovar de 4 mil 500 metros cuadrados de tierra, y dejaron al español Andrés Pérez sin los ahorros que invirtió en el hotel que administraba desde hacía cinco años.
Ese día lo mismo ocurrió en tres hoteles más: Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo. Sólo por estos cuatro casos de despojo, cuyos expedientes están en poder de Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el daño rebasa los 340 millones de pesos.
El despojo en el hotel Plaza Azul ocurrió luego de que dos particulares –quienes aseguraron haber trabajado en dicho hotel ganando sueldos mensuales de 753,234 pesos, tres veces más que el presidente Enrique Peña Nieto–interpusieron un juicio laboral contra las personas que dicen ser dueñas de esa franja de costa en Tulum. Jamás mencionaron los nombres de Joel Tovar y Andrés Pérez.
A pesar de que Joel y Andrés dicen que no se les notificó del juicio en su contra, y de que nunca conocieron a los supuestos demandantes, la justicia deQuinta Roo los condenó a pagar 200 millones de pesos a esos empleados. Para hacer efectivo el pago, embargaron el terreno y el hotel.
En entrevista, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, Alexis Zavala Ávila, negó la versión de los afectados acerca de que no se les notificó del juicio en su contra.
Y cuestionado acerca del exhorbitante sueldo de los supuestos trabajadores, el funcionario respondió que “por regla general, la carga de la prueba es para el patrón, y si el patrón en su momento no puede desacreditar o desvirtuar esta situación, se tiene en su momento que condenar“.
Con el mismo modus operandi de juicios laborales a modo, 51 de 62 condominios del complejo Lagoon Loft –valuado en 20 millones de dólares– fueronembargados en otra diligencia del actuario Quintal Bojórquez. Como ocurrió en el hotel Plaza Azul, también llegó con una veintena de policías municipales armados para tomar el desarrollo.
Este embargo ocurrió para pagar 48 millones de pesos a favor de 21 supuestos trabajadores que demandaron a la compañía. En este caso, el tiempo que transcurrió entre que el propietario del complejo habitacional se enteró del juicio laboral y el desalojo del inmueble fue de tres meses.
La empresa presentó un juicio de amparo, lo ganó y se ordenó reponer el procedimiento. Sin embargo, eso no ha ocurrido hasta la fecha de publicación de este reportaje.
En 2015, el gobernador Borge respondió al reclamo de los empresarios locales sobre la ilegalidad de los juicios laborales amañanas y creó una mesa de diálogo; sin embargo, en ella participaban los responsables de los despojos: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña y el subsecretario, Enrique de la Cruz Pineda.
Estos despojos también son conocidos por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La Presidencia mexicana turnó el caso a la Procuraduría Agraria.
Departamentos de lujo para funcionarios
Funcionarios y políticos de Quintana Roo ocupan departamentos de lujo en Maioris Tower –un edificio de dos torres ubicado en una de las zonas de más plusvalía de Cancún–. Sin embargo, son condominios que se vendieron de forma irregular y a casi la mitad de su verdadero precio en el mercado.
El penthouse 18, por ejemplo, es propiedad de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, que es regidora por el Partido Verde (PVEM) en el nunicipio de Benito Juárez , Cancún. La funcionaria local compró el inmueble el 2 de octubre de 2015 en 7 millones 500 mil pesos, según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. El verdadero precio de la propiedad es de 10 millones 420 mil pesos.
Entre los dueños de estos inmuebles también se encuentran: la actual directora de Relaciones Públicas del ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; y el ex funcionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez, y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.
La empresa Maioris denunció la venta irregular de al menos 19 departamentos. “Consideramos que todos estos actos ilegales fueron llevados a cabo por la notario 22 y con la participación importante del Registro Público y de la Secretaría de Gobierno del estado de Quintana Roo, ya que ellos eran los responsables de supervisar este notario”, dijo Francisco Siman, abogado de Maioris.
Cuentas congeladas… sin previo aviso
Otra ilegalidad producto de juicios laborales irregulares les ocurrió a las empresas Pochteca y Planigrupo, cuyas cuentas bancarias fueron congeladassin que se les notificara la existencia de algún juicio en su contra. Además, se les retiró dinero: al menos 7.5 millones de dólares.
En marzo de este año, el director de Pochteca, Armando Santacruz, descubrió que siete cuentas bancarias de la compañía fueron congeladas para hacer efectivo el pago de un juicio laboral donde se había fallado en contra de la empresa y del cual no estaban enterados.
“Fuimos a la Junta de Conciliación a pedir copia de los expedientes y nos dijeron que estaba ‘extraviado’; intentamos interponer un amparo y el Juez nos pedía que le lleváramos copia del expediente. Tuvimos que llevar a un Notario a que diera fe de que el expediente no lo tenían en la Junta… logramos el amparo y nos dieron acceso a él, pero era demasiado tarde, de nuestras cuentas ya habían retirado dinero para cobrar los laudos (5 mdp)”, dijo Santacruz.
Según Santacruz, su empresa fue víctima de un juicio laboral amañado donde se violó su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les informó del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnización millonaria.
También la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año. A ellos les retiraron 2.2 millones de pesos de sus cuentas. A la fecha de publicación de este reportaje, la compañía sigue sin recibir el expediente del caso, en el cual pudieron saber por otras fuentes que el laudo nació de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa aún no estaba constituida. (Fuente: Animal Político con información de Expansión)
REPORTAJE COMPLETO DE EXPANSIÓN: [LOS PIRATAS DE BORGE: EL SAQUEO DE BIENES, INSTITUCIONALIZADO EN QUINTANA ROO]
EDITORIAL DE EXPANSIÓN: EL DESPOJO EN QUINTANA ROO DEBE IR A JUICIO
CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, una institución esencial para el estado de derecho, sirvieron para el robo y saqueo despiadado de individuos, empresas y ejidos. Varias demandas atribuyen un papel semejante al Registro Público de la Propiedad local, que presuntamente toleró que inmuebles en disputa legal cambiaran de dueño sin dar derecho de audiencia al expropiado.La investigación conjunta de Expansión e Indaga, la red de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, muestra cómo la falsificación, simulación y omisión de información, legalizada por la autoridad en juicios laborales, llevó al robo de propiedades a dueños legítimos o la congelación de cuentas bancarias y posterior robo de dinero.
Lee el reportaje completo: Los piratas de Borge: El saqueo de bienes, institucionalizado en Quintana Roo
El descaro de los hechos es insólito. Quintana Roo es el estado más endeudado del país respecto a su población e ingresos. Vacías las arcas públicas, ¿qué opción le queda a quien concibe un cargo público como una forma de enriquecimiento? Aparentemente, los funcionarios del estado gobernado por Borge se fueron sobre los particulares. (Entrevistados por los periodistas, niegan que así fuera, y aseguran que todo se hizo de forma legal.)
El resultado es un reinado del terror. En Quintana Roo, a dos meses de que cambie el gobierno como resultado de la derrota del PRI-PVEM en las elecciones del 5 de junio, sólo hablan quienes ya no tienen nada que perder, o quienes no tienen propiedades en el estado. El tamaño del despojo es por tanto difícil de cuantificar. El miedo ha silenciado la mayor parte de las causas. Hay al menos un abogado asesinado que defendía a los afectados por la red en Tulum. El equipo legal de una multinacional que pidió el anonimato fue amenazada con armas. Nuestros periodistas fueron recibidos con palos metálicos y machetes.
Pese a estas dificultades, en la pequeña muestra que narramos en nuestra investigación se pudo comprobar el robo de 350 millones de pesos en cuatro casos. A partir del 25 de septiembre en que se dé el cambio de gobierno no cabe duda que saldrá a la luz cómo el equipo de Borge provocó pérdidas por valor de varios cientos de millones de dólares.
La mecánica es sorprendente. Un juicio laboral falso presentado por un supuesto extrabajador, muchas veces inventado, se resuelve en ausencia del acusado, quien nunca es avisado formalmente de que está siendo juzgado, aunque en el expediente constan varias notificaciones simuladas (en oficinas inexistentes, a empleados no conocidos). Ante la ausencia del acusado durante la causa, el juez laboral ordena el embargo de bienes del empresario. Los bienes en ocasiones son inmuebles arrebatados a sus dueños, que nunca tuvieron oportunidad de defenderse. En los remates de la propiedad –tampoco notificados–, los compradores, cercanos o vinculados al partido en el poder, adquirían propiedades a precios de saldo.
No se entiende el silencio del gobierno federal ante el nivel de los delitos denunciados en un estado que es la capital turística de México. Sería deseable que una vez que el gobernador pierda el fuero, se abran causas contra él y las personas involucradas. Sería esta la forma de desalentar imitadores y de mostrar ante el mundo que México no tolera la corrupción ni la quiebra del estado de derecho por parte de personajes dignos de otro siglo y otras geografías.
La crisis no es menor. Según fuentes diplomáticas, el cónsul de Italia en Playa del Carmen presentó una queja directa al presidente Enrique Peña Nieto durante la visita de estado del presidente italiano Sergio Mattarella. En la embajada de Francia se evalúa una notificación similar. Ciudadanos italianos y argentinos afectados por esta red de despojo solicitaron a sus países la creación de una alerta para viajeros a Tulum.
El gobierno de Borge, quien fue informado de esta situación desde hace cuatro años, actúa como si todo se pudiera tapar. El gobernador nombró a un amigo Auditor del estado, y premió al responsable del registro de la propiedad con una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia.
Este paquete de impunidad debe desaparecer. Es una exigencia que, por el bien del país, debe empezar en el Congreso local, obtener el respaldo de la Presidencia de la República y terminar en los juzgados, donde se aplique la ley a quienes supuestamente convirtieron instituciones de la legalidad en herramientas de robo y saqueo.
