CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Enrique Peña Nieto presentó esta mañana, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los Congresos de Veracruz y Quintana Roo, así como a sus respectivos gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge, por la aprobación de las recientes leyes anticorrupción “a modo” en esas entidades.
En conferencia de prensa, el vocero presidencial Eduardo Sánchez y el subprocurador Salvador Sandoval Silva precisaron que el recurso se interpuso esta mañana.
Así, la PGR presentó acciones de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por los congresos de Veracruz y Quintana Roo las cuales fueron consideradas por el PAN y el PRD como blindajes a los gobernadores que están por concluir su gestión.
El objetivo de esta controversia es que la SCJN determine que las entidades no pueden regular en materia anticorrupción en el ámbito local, previamente a la publicación de las leyes generales del sistema nacional anticorrupción.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Salvador Sandoval, indicó que “las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República se encaminan a atender problemas muy concretos”.
Y aseguró que la falta de competencia de los congresos locales generará inseguridad jurídica y los juicios emitidos por su aplicación tendrían vicios de inconstitucionalidad.
Objeto de la impugnación en el estado de Veracruz
a) Facultad del Congreso a designar al titular de la Contraloría General del Estado, así como a expedir la legislación local en materia anticorrupción, estableciendo el Sistema Local Anticorrupción.
b) Creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el seno de la Fiscalía General local, estableciendo que dicho funcionario será nombrado por las dos terceras partes del Congreso local.
c) Eliminación del fuero constitucional al Gobernador del Estado.
d) La regulación a la entrega del Informe del Resultado de la Cuenta Pública.
e) La regulación a la entrega del Informe del Resultado de la Cuenta Pública.
f) Creación en el seno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de una sala especializada en materia anticorrupción cuyos magistrados serán propuestos por el Gobernador del Estado.
Objeto de la impugnación en el estado de Quintana Roo
a) Facultad al Tribunal de Justicia Administrativa para imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas.
b) La facultad del Gobernador del Estado para nombrar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado.
La reforma constitucional de mayo de 2015, previó además dos cuestiones fundamentales:
Primero, que los Estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al Sistema Nacional.
Segundo, que hasta que eso ocurra, las leyes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas, continuarán en vigor. (Fuente: Grupo Fórmula | Presidencia)
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