CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Civil ‘Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad’ celebró la iniciativa presidencial de promover, a través de la PGR, tres acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de los sistemas anticorrupción “a modo” promovidos por los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, de Quintana Roo, Roberto Borge y de Chihuahua César Duarte.
Mediante un comunicado, consideró que “este es un paso en la dirección correcta para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción”.
“En nuestro anterior comunicado de 30 de junio alertamos sobre este tipo de situaciones y nuestro rechazo total: El nombramiento exprés de personas ligadas a los gobernadores salientes como magistrados, fiscales, auditores, consejeros y otros funcionarios encargados de la prevención, detección y sanción de actos de corrupción genera un claro conflicto de interés y mina la confianza y legitimidad de las instituciones.”
Los supuestos sistemas anticorrupción promovidos por Javier Duarte y Roberto Borge buscan blindarlos ante posibles investigaciones futuras, sin tomar en cuenta que no pueden crear sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales en esta materia. Del mismo modo, no pueden nombrar funcionarios en dichas áreas.
En el caso de Veracruz lo que se impugna es:
• Creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo fiscal sería nombrado por dos terceras partes del Congreso (lo cual de facto aseguraría el control del fiscal por parte del gobernador)
• Facultad del Congreso para designar al Contralor General del Estado y expedir legislación anticorrupción.
• Creación de la Sala Superior Especializada en Anticorrupción, cuyos magistrados serían propuestos por el gobernador.
Mientras tanto, en el caso de Quintana Roo se impugna:
• La facultad del gobernador para nombrar a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
• Creación del Tribunal de Justicia Administrativa con facultad para imponer sanciones a servidores públicos locales.
• Ratificación del titular de la Dirección General de Visitaduría como contralor interno de la Fiscalía General del Estado por un periodo de seis años por parte del fiscal local.
En el caso de Chihuahua la PGR informó que con la acción de inconstitucionalidad “se impugna la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y eventual nombramiento de su Titular”.
La reforma constitucional de mayo 2015 previó que los Estados deben esperar a la expedición de las leyes generales para ajustar sus sistemas locales anticorrupción al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Es inadmisible que gobernadores salientes busquen mantenerse en la impunidad creando sistemas locales anticorrupción “a modo”.
La asociación civil confió en que estas acciones del Ejecutivo ante la SCJN sean las primeras de muchas para combatir y erradicar la corrupción de nuestra sociedad y sistema político sin importar afiliaciones. A México le urge convertirse en un país de leyes en el que se combatan las redes de corrupción y la perniciosa impunidad se encuentren donde se encuentren. (Comunicado)
