CHETUMAL, MX.- Andrés Blanco Cruz, representante legal y ex delegado de la comunidad de San Antonio Soda, informó que tras el fallo emitido por el Tribunal Colegiado de Cancún, el Congreso del Estado, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, deberán responder a la sentencia de dotar de agua potable a esa población inmediatamente y en caso de no acatar la orden, tanto los diputados como el director de CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, podrían ser objeto de sanción penal por desacato.
El también ex dirigente del PRD en el municipio capitalino, mencionó que este martes vence el plazo fijado por el juez para otorgarle agua de calidad y en cantidad suficiente a los habitantes de San Antonio Soda, y a más tardar este miércoles el Congreso del Estado deberá notificar por escrito las medidas que está llevando a cabo para cumplir con la indicación.
Blanco Cruz, dio a conocer que el monto de obra presupuestado por la CAPA para dotar de agua a esa población es de alrededor de 70 millones de pesos para llevar el vital líquido por acueductos desde la comunidad de Nicolás Bravo, que se encuentra a unos 15 kilómetros en línea recta hacia San Antonio.
Blanco Cruz, dijo que están conscientes de la situación política y económica que atraviesa el estado, sobre todo por el cambio de gobierno que se llevará a cabo en unos meses, pero precisó que el Congreso local puede solicitar una ampliación presupuestal etiquetada para la obra del acueducto este año o ya de plano dejar etiquetado ese recurso para que se ejerza iniciando el 2017.
Sin embargo aclaró que independientemente del tiempo que lleve la construcción la cual debe empezar de inmediato, CAPA está obligada a dotar de agua a los pobladores de esa demarcación, para lo cual requieren al menos de 120 pipas de agua de calidad de manera mensual, recalcando que el fallo es inapelable y que el gobierno del estado no tiene otra instancia a la cual recurrir, y en caso de desacato se procederá penalmente contra los funcionarios que no cumplan con la orden del juez. (Fuente: Política Quintana Roo)