PLAYA DEL CARMEN, MX.- Días después de haber perdido las elecciones para gobernador, Mauricio Góngora Escalante urdió un “plan” para tapar los agujeros de la corrupción que dejó su administración en el Municipio de Solidaridad, publica este lunes el periódico Luces del Siglo.
De esa manera los encargados de sucederlo en el cargo llevaron a cabo la maniobra: solicitar a la XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, la autorización para refinanciar la Deuda Pública Directa del Municipio y un nuevo financiamiento para “Inversión Pública Productiva”.
El procedimiento de contratación se realizó sin que mediara licitación pública de por medio y de él conoció el Comité Financiero para la Evaluación del Crédito del Municipio de Solidaridad, el cual le adjudicó el contrato de financiamiento hasta por 1,030 millones de pesos de Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, sin asegurarse de que estuviera contratando bajo las mejores condiciones de mercado.
Ese Comité, que fue inventado de la noche a la mañana, no tiene ninguna validez legal. Prácticamente, los sucesores de Mauricio Góngora se sacaron de la manga a dicho “Comité Financiero”, con el propósito de disponer de liquidez para hacer frente a las “emergencias” de última hora que dejó la derrota del PRI en el Municipio de Solidaridad.
Cristina Torres Gómez, presidenta municipal electa, señaló que en una abierta violación a lo dispuesto por la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, los funcionarios de Solidaridad que actúan como una verdadera “tapadera” de las corruptelas del ex alcalde Mauricio Góngora, pasaron por alto lo establecido en el último párrafo de la fracción VIII del artículo 117 constitucional que establece la obligación a estados y municipios de “liquidar a más tardar tres meses antes del término del periodo de su gobierno las obligaciones del corto plazo que tengan contratadas”, así como la prohibición expresa de no contratar nuevas obligaciones durante esos últimos meses.
La alcaldesa electa de Solidaridad aseguró que el señalado Comité Financiero carece de facultades para adjudicar el contrato respectivo y que en el fallo del 6 de julio pasado no se realizó algún análisis que soporte que demostrará que la oferta irrevocable que presentó el banco Bansi, la cual resultó “ganadora”, representa las mejores condiciones del mercado y tampoco se garantiza que se ponderaron todos los costos asociados.
Ante el número indeterminado de irregularidades e ilegalidades, Cristina Torres Gómez, triunfadora de los comicios del pasado 5 de junio con la alianza entre PAN/PRD adelantó que este martes solicitará a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negar la inscripción del financiamiento en el Registro de Obligaciones que para esos efectos lleva dicha Unidad Torres Martínez señaló que dentro de las obligaciones de “Corto Plazo” que se pretende refinanciar se encuentran aquellas que fueron contratadas sin la autorización de la Legislatura del Estado y sin estar dentro de los montos autorizados por esta en la Ley de Ingresos del Municipio respectiva.
Dichas obligaciones fueron contratadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios a un vencimiento menor a 180 días, al amparo de la excepción prevista en el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, que no autoriza a contratar obligaciones sin que el financiamiento este contemplado dentro de los montos autorizados para tales fines en la Ley de Ingresos para el caso concreto, de los ejercicios fiscales 2015 y 2016. Al vencimiento de las operaciones, abundó, las autoridades municipales renovaron las obligaciones en una evidente simulación, esperando que llegara el momento para “refinanciarlas” siguiendo ahora sí, los trámites de ley, es decir, el refinanciamiento autorizado por el Ayuntamiento, la Legislatura del Estado e inscrito en el Registro Público Único.
La munícipe no descartó la posibilidad de manifestar puntualmente algunas observaciones relacionadas con el destino de los recursos que, en su opinión, sin duda serán materia de responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios que intervinieron.
Finalmente advirtió a la Institución de Crédito que resultó ganadora de este cuestionado proceso, en este caso BANSI S.A Institución de Banca Múltiple, que en caso de disponer al Municipio de Solidaridad los 1,030 millones de pesos sin que la obligación se encuentre inscrita debidamente en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo hizo con el anterior crédito que contrató con el Municipio, no dudará en someter al ayuntamiento que se desconozca la obligación y que se interpongan las acciones legales correspondientes. (Fuente: Luces del Siglo)