PUEBLA.- La estrategia de blindarse ante una posible investigación por el presunto manejo indebido de recursos públicos u otras prácticas deshonestas, no sólo ha sida empleada por los gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua. En Puebla también ocurrió.
De acuerdo con el portal de Expansión, mientras los “paquetes de impunidad” de los mandatarios priistas Roberto Borge, Javier Duarte y César Duarte están en vilo, el panista Rafael Moreno Valle lo consumó en diciembre pasado, seis meses antes de las elecciones estatales del pasado 5 de junio.
El 9 de diciembre de 2015, el Congreso de Puebla aprobó la creación de la Fiscalía General del Estado, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), cuyo titular es inamovible por un periodo de siete años.
El exprocurador Víctor Carrancá Bourget, ratificado en el puesto de fiscal el pasado 5 de enero, ha colaborado con Moreno Valle desde el inicio de su adminitración en 2011, y ha sido cuestionado por su teoría sobre el caso Chalchihuapan, la cual explica que la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo fue producida por la “onda expansiva” de un cohetón.
De acuerdo al politólogo de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, Juan Luis Hernández Avendaño, el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) no interviniera con alguna acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como en el caso de los Duarte y Borge, se debe a que Moreno Valle no esperó los resultados de la pasada elección para actuar.
“La naturaleza del blindaje en Puebla es distinta porque se hace con antelación aunque el fin es el mismo, porque lo que buscan es protegerse, cubrirse de alguna manera las espaldas.
“El otro mecanismo que ahora tiene Moreno Valle para garantizar cubrirse, es que Gali tuviera la victoria. En caso de que no ganara, pues ya había tomado algunas decisiones en cuanto a la procuraduría y demás, justamente para evitar alguna sorpresa”, dijo el especialista en entrevista para Expansión.
EL “DOBLE BLINDAJE”
Contrario a lo que sucede en Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, donde los mandatarios entrantes de oposición –Carlos Joaquín González, Miguel Ángel Yunes y Javier Corral– han manifestado que investigarán a sus antecesores del PRI por presuntos actos de corrupción, Moreno Valle cuenta con el respaldo del próximo gobernador poblano, Antonio Gali Fayad.
Gali Fayad, quien fuera secretario de Infraestructura durante la actual administración, se ha pronunciado por dar seguimiento a los proyectos de Moreno Valle, a quien ha calificado como el “mejor gobernador” que ha tenido el estado.
Al respecto, el experto Hernández Avendaño, consideró que tal postura garantiza al panista un “doble blindaje”.
“A diferencia de los estados en donde hubo alternancia, Moreno Valle se puede ir muy tranquilo porque deja a un incondicional, a Antonio Gali, quien se encargará de cubrirle las espaldas, de cuadrar sus cuentas, de limpiar lo que haya dejado mal, aunque el gobernador es muy inteligente y seguramente no dejará rastros de irregularidades”, consideró Avendaño.
En este contexto, opositores al PAN han reprochado al líder nacional del instituto político, Ricardo Anaya, las acciones emprendidas contra el blindaje de los mandatarios de Veracruz y Quintana Roo, cuando meses antes ocurrió lo mismo con uno de sus militantes.
“No es defender a los priistas, pero los panistas también deben ser congruentes con lo que exigen. Critican las prácticas en otros estados, pero aquí en Puebla, Anaya lo permitió, no dijo nada. Combate algo que un panista ya hizo”, opinó el presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE), Francisco Romero.
A LIMPIAR EL TERRENO
Además de la designación de un fiscal y la sucesión de un excolaborador como nuevo gobernador estatal, el gobierno morenovallista logró remover a Víctor Manuel Hernández Quintana, auditor que dejó el exmandatario Mario Marín Torres (2005-2011).
Aunque su periodo concluía en octubre de 2016, Hernández Quintana renunció en 2011–a nueve meses de haber arrancado la actual gestión– tras dos denuncias penales en su contra.
La primera fue presentada por el exdiputado panista Jesús Zaldívar por la supuesta sustracción de 400 cajas con expendientes de cuentas públicas, principalmente del sexenio de Marín Torres, mientras que la segunda fue interpuesta por el exalcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, por el delito de extorsión.
Al quedar vacante la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), David Villanueva Lomelí fue nombrado para terminar el periodo, pero en noviembre de 2012 se reformó la Constitución para crear la Auditoría Superior del Estado (ASE), por lo que el auditor fue ratificado en el puesto por un periodo de siete años, con la posibilidad de reelegirse.
Villanueva Lomelí, yerno del exgobernador priista, Melquiades Morales Flores, (1999-2005) y mentor político de Moreno Valle, trabajó con ambos funcionarios en la Secretaría de Finanzas.
Especialistas, activistas y opositores han acusado a Moreno Valle de tener un control absoluto de los poderes y organismos descentralizados en Puebla, ya que la mayoría de los funcionarios han sido sus colaboradores.
En el Congreso local, 28 de los 41 diputados están identificados con él, mientras que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJP) concretó una jubilación masiva de magistrados logrando ocupar 12 de 19 cargos con allegados, entre los que destaca Roberto Grajales, su operador político durante la campaña a a la gubernatura en 2010.
Los tres encargados de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Javier Fregoso Sánchez, Gabriela Sierra Palacios y Norma Pimentel Méndez, también están vinculados al gobernador, pues trabajaron con él cuando fue secretario de Finanzas (1999-20003) y con su esposa Martha Erika Alonso, actual secretaria general de Acción Nacional.
GUARDAESPALDAS DE POR VIDA
Al igual que el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien mandó reformar la Ley de Seguridad Pública para que él y su familia conserve escoltas por los próximos 15 años, el Congreso de Puebla hizo lo mismo en julio de 2012, para que Moreno Valle sea protegido por 16 escoltas –ocho en turno— al término de su sexenio por los próximos 12 años.
A partir del año 13, el número de escoltas se reducirá a 12 y el estado tendrá la obligación de proveerlos de armas y autos para brindar el servicio. Además, deberá otorgar un salario mensual de al menos 10,000 pesos para cada uno de ellos, lo que equivaldría a dos millones de pesos al año. (Fuente: Expansión)