CHETUMAL, MX.– El regidor electo Gabriel González Soto señaló que el basurero intermunicipal de Othón P. Blanco y Bacalar está plagado de irregularidades; incluso en la manera en que fue adquirido, ya que prácticamente obligaron al dueño del terreno donde está ubicado a vendérselo al Gobierno del Estado.
“Aún no han dado respuesta a la solicitud de información que presenté para conocer el estado del basurero; sin embargo, en días pasados me contactó la persona que vendió el predio donde se construyó, revelando varias irregularidades”, citó Gabriel González.
Como primer punto, refirió que de acuerdo al dueño, I.N.H. (quien optó por omitir su nombre por seguridad), desde el 2013 varias personas se acercaron para comprarle 10 hectáreas específicas de su predio El Zapotal, ubicado en el kilómetro 6 de la carretera Cafetal-Mahahual. Él se negó, pero semanas después y por aviso de sus amigos, descubrió que ya se encontraba maquinaria trabajando en su terreno.
“Él vive en Chetumal, por lo que ya imaginarán su sorpresa cuando se dio cuenta de esta invasión ilegal a su propiedad. I.N.H. me comenta que le dijeron que esa zona era perfecta para construir un relleno sanitario; lo cual le pareció ridículo pues cerca se encontraban cuerpos de agua que podrían contaminarse. Peor aún: si las máquinas excavaban unos cuantos metros encontrarían el vital líquido, evidenciando el enorme riesgo ambiental que suponía la ubicación del basurero en esa zona. Pero los encargados de la obra se mantuvieron en su postura de que todo estaba bien, los estudios los respaldaban, por lo que no tenía que preocuparse más que por esperar al avalúo del predio para recibir su pago”.
“Prácticamente lo obligaron a venderlo a un precio mucho menor al valor real del predio, en 650 mil pesos, al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), en diciembre del 2013”, señala González Soto.
El regidor señala que éste no ha sido el único golpe a I.N.H. Antes de que se declara listo el basurero intermunicipal, pagaba 400 pesos de impuesto predial. Este año su recibo del Predial presentó un concepto de cobro por 11 mil 500 pesos: un aumento de casi 30 veces la cantidad acostumbrada; siendo irónico que el predio haya aumentado su plusvalía por ser contiguo a un basurero.
“Esto puede significar que el IPAE haya vendido el predio al Gobierno del Estado por un precio mucho mayor al que se le pagó a I.N.H., de ahí que haya incrementado su valor catastral en casi 30 veces más.”, puntualizó el regidor Gabriel.
Señala que estas son irregularidades que van a investigar a fondo, empezando por saber de quién fue la idea y quién aprobó que se construyera un basurero tan lejos de Chetumal.
Porque si tomamos en cuenta que cada camión recolector de desechos puede transportar entre cuatro y cinco toneladas, serían necesarios al menos 80 viajes desde la ciudad para depositar la basura en ese ‘relleno intermunicipal’. Si cada camión tiene un rendimiento de cuatro kilómetros por litro, recorrer los 220 kilómetros de ida y vuelta hasta el basurero tendría un costo de 800 pesos por unidad, que multiplicados por los 80 viajes serían 64 mil pesos al día, y casi 2 millones al mes. Esto sin contar el tiempo que se perdería en trasladar los desechos: aproximadamente dos o tres horas por vehículo. Sólo hace falta tener sentido común para saber que esto es inoperante, una tontería”, dice González.
“Otro aspecto a considerar es que, de acuerdo con el vendedor del predio, esa zona tiene cuerpos lagunares cerca e incluso se puede encontrar agua a unos metros debajo del basurero, lo que supone un riesgo ambiental enorme para toda la zona. Entonces los estudios de Impacto Ambiental que sustentaron su construcción están equivocados.
Significa que esta obra nació plagada de irregularidades y errores, y vamos a investigar quiénes fueron los responsables”, asegura.
Gabriel González concluye que se construyó un costoso e inoperante elegante blanco, mismo que se heredará a las autoridades municipales de Othón P. Blanco y Bacalar.
“Lo más preocupante es que de acuerdo a Rafael Muñoz Berzunza, titular de la SEMA, los municipios están obligados a operar el relleno sanitario, pues de no hacerlo podrían hacerse acreedores a sanciones. Por eso es urgente que abordemos este tema”. (Fuente: PAN)