CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició de oficio una investigación de las operaciones realizadas por funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo, que terminaron en el despojo de bienes y recursos a empresarios en el estado. Hasta ahora ha identificado a 78 implicados (individuos y empresas), entre ellos 21 servidores públicos.
Las referidas operaciones están siendo revisadas y confrontadas con la base de datos del SAT para identificar si existen irregularidades fiscales que pudieran representar algún delito, toda vez que varias de ellas debieron derivar en declaraciones y pagos de impuestos.
Lo anterior fue revelado por el SAT a Animal Político en respuesta a un cuestionario de ocho preguntas que se le envió al organismo para conocer si habían intervenido en el caso, y de ser así, los avances en la investigación.
El 6 de julio pasado un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y Expansión, retomado por Animal Político, titulado “Los Piratas de Borge: El saqueo institucionalizado de bienes” reveló que un grupo de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo estaban involucrados en una serie de operaciones para despojar a particulares de terrenos y hoteles en Tulum, embargar condominios en Cancún, e incluso apoderarse departamentos de lujo para después venderlos a mitad de precio.
Estas operaciones en el papel parecen legales, pero la investigación periodística documentó posibles irregularidades, como por ejemplo demandas laborales utilizadas para lograr el despojo de hoteles a nombre de exempleados que dijeron tener un sueldo mensual de más de 750 mil pesos.
Estas y otras acciones contaron con el aval de funcionarios del gobierno estatal como el exdirector del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Quintana Roo, Carlos Lima; el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda.
El SAT subrayó que, como resultado de un primero análisis de la información publicada del caso, se identifican al menos cuatro tipos de operaciones que debieron tener repercusiones fiscales, lo que será revisado de forma minuciosa.
Señaló que conformidad con su Ley, está facultado para actuar de oficio con base en denuncias públicas, toda vez que tiene la atribución de vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, incluso, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones. De ahí que iniciara una revisión de lo informado por el reportaje. (Información completa en Animal Político)
