CHETUMAL, MX.- En sesión ordinaria, la mayoría de los diputados de la XV Legislatura, dieron entrada a las primeras iniciativas que buscan revertir “el paquete de impunidad”, del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Con la mayoría implícita, el próximo jueves se aprobarían estas reformas relacionadas con la temporalidad de los escoltas de funcionarios públicos y las sanciones contra funcionarios que infrinjan la Ley.
El bloque de legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Encuentro Social (PES), Nueva Alianza (NA), Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), y el independiente, Juan Carlos Pereyra lograron nuevamente imponer mayoría al sumar 13 votos en contra de diez de los diputados del Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
Durante la sesión, se dio entrada a la iniciativa presentada para reformar y derogar disposiciones al Código penal para restablecer sanciones ya contempladas en contra de servidores públicos que “actúen de manera irresponsable y criminal” y que puedan ser castigados de manera adecuada.
La coordinadora de la bancada panista Mayuli Martínez Simón dijo que se trata de combatir las reformas de la anterior legislatura que redujeron las penas a delitos por corrupción, desvío o distracción de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, destrucción de documentos oficiales, tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia.
Por lo mismo, explicó, la nueva iniciativa pretende derogar el decreto 406 donde se realizaron reformas a diversos artículos del Código Penal, entre ellos el 54 – relacionado con las sanciones de los delitos culposos–; el 155 y el 209 que sancionan el delito de administración indebida; el 212 los relacionados con desvió de recursos públicos; así como los artículos 252 y 256 que castiga el enriquecimiento ilícito y el delito de peculado, respectivamente.
También se ingresó a Comisiones, la iniciativa del decreto para reformar las disposiciones a la Ley de Seguridad Pública del estado, por el que se dejan sin efecto medidas como la ampliación al servicio a servidores públicos hasta por ocho años, y 15, en el caso del gobernador; además del establecimiento de confidencialidad en la información de los escoltas, la determinación discrecional del número de éstos y recursos materiales; y la integración de diputados como sujetos de protección.
La segunda de las iniciativas presentadas, precisó la diputada Martínez Simón, está dirigida a la Ley de Seguridad Pública del estado y tiene como finalidad reintegrar a sus actividades de vigilancia a alrededor de 600 policías estatales (el 20 por ciento de los elementos en nómina) que se encuentran de comisión prestando servicio de escolta, choferes o gestores de funcionarios de la actual administración.
De los 600 elementos en comisiones, 150 se encuentran al servicio directo del gobernador Roberto Borge Angulo, realizando diversas funciones en la residencia oficial en Chetumal, sus domicilios particulares y para la seguridad personal de familiares como sus padres, hermanas, ex esposa e hijas.
Fernando Zelaya Espinosa, diputado del PAN, aseguró que con la iniciativa presentada este martes para revisar la Ley de Seguridad Pública, también en los municipios deberá revisarse la plantilla laboral y retirar los privilegios que se han otorgado también a empresarios, periodistas y amigos de los gobernantes.
“En el análisis de la iniciativa tendrán que comparecer los titulares de la Secretaria de Seguridad Pública, así como los directores de las policías municipales para que informen sobre el número de elementos comisionados y las actividades que están desarrollando”, comentó.
“Desde luego tendrán que justificar con base en qué mecanismos legales fueron asignados para realizar tareas diferentes a su obligación de realizar patrullajes y tareas de prevención al delito”, añadió.
Zelaya Espinosa aseguró que en esta misma semana podría dictaminarse sobre esas modificaciones a la Ley de Seguridad Pública, las cuales se proponen mandar a patrullar y vigilar las calles a estos 600 elementos para reformar la seguridad en Chetumal y los municipios que lo requieran y lo soliciten.
DEBATE POR EL AUDITOR DE BORGE
En otro tema, la mayoría de los diputados dieron entrada al punto de acuerdo para que se haga una revisión a las irregularidades en el proceso de renuncia, convocatoria, sustitución, nombramiento y requisitos de procedibilidad del Auditor del Órgano de Fiscalización Superior.
En tribuna, el diputado Emiliano Ramos Hernández explicó que el punto de acuerdo tiene como propósito que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, revise el dictamen que generó el nombramiento de un nuevo Auditor.
Por su parte, los diputados Raymundo King de la Rosa y José de la Peña Ruiz de Chávez, del PRI y PVEM, respectivamente, se pronunciaron en contra de la propuesta, por considerarlo ocioso y violatorio del derecho de audiencia para los aspirantes que participaron en la designación.
El coordinador del PRI, Raymundo King, consideró que esta no era la vía por la que los diputados deban observar ilegalidades y violaciones para determinar la remoción y emitir un decreto para elegir a un nuevo Auditor.
En tanto, el diputado Eduardo Martínez Arcila pidió calma a los legisladores del PRI y PVEM, enfatizando que “el que nada debe nada teme” y remarcando que la propuesta será debidamente analizada en las comisiones.
El diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio celebró el diálogo y el respeto de las fracciones parlamentarias, y consideró que la finalidad de las propuestas buscan que Quintana Roo pueda seguir adelante.
El diputado Juan Ortiz Vallejo aseguró que los diputados de MORENA, no van a permitir más tapaderas e impunidad y que sigan las anomalías, “queremos que todos los ciudadanos vivamos con transparencia”.
Finalmente, el diputado del PAN Jesús Zetina Tejero, aseguró que nunca será ocioso el trabajo que se realice en este parlamento, pues los quintanarroenses exigen resultados.
Finalmente, de obvia y urgente resolución, los diputados dieron el aval para reformar el Presupuesto de Egresos del estado, para el ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a la sentencia a favor de los ciudadanos de la comunidad de San Antonio Soda, dictada en el juicio de amparo número 575/2015-I-A radicado en el Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial Federal, en relación a su derecho al agua potable. (Fuentes: La Jornada Maya | Luces del Siglo | Congreso de Quintana Roo)