CANCÚN, MX.- El jueves, durante la Sesión número 5, diputados de la nueva mayoría en la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobaron reformas y derogaciones al Código Penal y a la Ley de Seguridad Pública del Estado, en el inicio de las acciones legislativas para revertir el paquete de impunidad del gobernador priista Roberto Borge Angulo, que no obstante, aún tiene la última palabra y pudiera dar el veto a los decretos de los parlamentarios.
Y es que lo avalado por los legisladores locales deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado y para ello es necesaria la indicación del actual Jefe del Ejecutivo Estatal, lo que tendrá que darse forzosamente en el transcurso de la próxima semana, pues Carlos Joaquín González rendirá protesta el domingo 25 de septiembre y aunque él haga lo propio de forma inmediata la ley no es retroactiva y por tanto, Roberto Borge y su familia gozarían de escoltas por 15 años más.
Durante su intervención en tribuna el diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, Eduardo Martínez Arcila, advirtió que falta lo más importante que es la publicación en el Periódico Oficial del Estado, que “cae en manos nuevamente del Ejecutivo Estatal actual. Si estas reformas no se publican, si estas reformas se vetan, nos van a volver a ver la cara a los ciudadanos”.
Y agregó que “hay que seguir de cerca este proceso legislativo, porque debe concluir esta semana que viene, si no, se van a salir con la suya y eso lo debemos impedir”.
Pero lo aprobado sólo es la primera parte del paquete de impunidad, pues quedan puntos pendientes como los nombramientos de los magistrados numerarios Felipe de Jesús Magaña Solís y Carlos Alejandro Lima Carvajal, así como el magistrado supernumerario Ángel Ysidro Quintal Quintal, del Poder Judicial del Estado; a ello se suma la designación de Carlos Arturo Álvarez Escalera como Fiscal General del Estado y, por supuesto, la llegada de Javier Zetina González como Auditor Superior.
En torno a éste último, el parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Emiliano Ramos Hernández, indicó que el pasado martes presentó al Pleno del Congreso un punto de acuerdo para que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta –que él preside- revise el dictamen por el cual se dio el nombramiento de Javier Zetina, quien tiene la instrucción de protegerle la espalda a Roberto Borge.
“Solicité parte del expediente y he encontrado algunas inconsistencias en el procedimiento para el nombramiento, por eso he pedido se lleve a cabo una revisión. Su imparcialidad como auditor está ampliamente cuestionada, es un auditor a modo de Roberto Borge”, expuso.
Emiliano Ramos explicó que el punto de acuerdo consiste primeramente en el análisis del procedimiento en la designación de Javier Zetina y de encontrarse irregularidades se dictaminará al respecto, y aseguró que la intención es resolver con prontitud el caso aunque no con celeridad, ya que deberá cumplir con lo que marca la ley y no cometer los mismos errores de la XIV Legislatura.
“La XIV Legislatura todo lo hizo fast track, con un interés no de respetar la ley sino de generar impunidad; nosotros cuidaremos los tiempos y agotaremos todos los procedimientos y procesos de investigación del dictamen para que no haya errores y para que lo que presentemos al Pleno vaya firme”, puntualizó.
En esta batalla de los nuevos funcionarios públicos contra el paquete de impunidad que avaló la XIV Legislatura, Cristina Torres, alcaldesa electa de Solidaridad –con cabecera en Playa del Carmen-, intervino de forma importante para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no avalara un empréstito de mil 30 millones de pesos que endeudaría aún más a Solidaridad y que serviría para cubrir gastos de campaña tras la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección de gobernador, lo que dejó con las ganas de obtener ese dinero a Roberto Borge Angulo, así como al ex candidato perdedor Mauricio Góngora Escalante y el actual edil solidaridense Rafael Castro. (Noticaribe)