CANCÚN, MX.- Luego de que el gobernador Roberto Borge, a través del IPAE, le expidió un título de propiedad por un terreno que fue objeto de un despojo en la franja de tierras expropiadas al Ejido Bonfil, Alberto Millar, director de la revista Polémica, se burló y se ufanó de que también le habían otorgado el no ejercicio de la acción penal por una demanda presentada por Eduardo Paredes, representante de la Unión de Posesionarios y Colonos Alfredo V. Bonfil A.C..
La información proporcionada señala que la llamada se realiza entre Alberto Millar y Lenzy Kaba Lacutier, un amigo, después de que el director de la revista recibe del IPAE el titulo de propiedad del terreno que le despojo a la Unión de Posesionarios y Colonos Alfredo V. Bonfil A.C.
En la conversación, Alberto Millar hace referencia a ‘La Garza’, como se le conoce a Eduardo Paredes, representante legal de esa asociación, y dice que “ya se la peló”.
Mientras su interlocutor le dice que se ha sacado la lotería, Alberto Millar presume que además se le concedió el no ejercicio de la acción penal, relacionada con la denuncia presentada por Eduardo Paredes.
El predio titulado a favor de Alberto Millar Lopez el 15 de septiembre de 2016, forma parte del polígono expropiado al ejido de “Alfredo V. Bonfil” para destinarse a regeneración de áreas degradadas por explotación de materiales pétreos, en términos del decreto publicado el 4 de julio de 1994 en el Diario Oficial de la Federación.
Como ya se informó, el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal demandó la reversión de tierras de una superficie expropiada de 783-49-04 hectáreas por no haber sido destinadas a la causa de utilidad pública por la que se expropiaron.
El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 con sede en Chetumal es competente para conocer y resolver de la demanda de reversión, que finalmente se resuelve por medio de convenio judicial por el cual el FIFONAFE recibe una contraprestación de 18 millones 730 mil pesos respecto de una superficie de 325-69-00 has. la cual dejo de utilizar para la causa de utilidad pública. Dentro de la superficie “comprada” al FIFONAFE se encuentra el predio que se le escrituró a Millar Lopez.
El Estado de Quintana Roo se obligó en términos de ese convenio a seguir cumpliendo con la causa de utilidad publica establecida en el decreto de expropiación mencionado respecto de la superficie restante de 457-80-04.00 has.
El Gobierno del Estado atendiendo al convenio judicial de referencia, incluyó la Unidad de Gestión Ambiental 15 dentro del Modelo de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez como zona de preservación.
La aprobación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo aprobado por las administraciones de Paul Carrillo de Caceres y Roberto Borge Angulo al asignarle un uso de suelo de SCU Subcentro Urbano (zonificación mixta que incluye hasta vivienda multifamiliar) a lo que fue el polígono de sascaberas hasta entonces regulado por el POEL hizo apetecibles estos terrenos sujetos hoy a una gran especulación, como podemos apreciar de la cantidad enorme de letreros que los comercializan que van desde la altura del aeropuerto a Cumbres.
El asignarles uso de suelo implicó que debían despojar a los integrantes de la Unión de Posesionarios y Colonos Alfredo V. Bonfil A.C de la posesión que tenían reconocida por el IPAE y el Gobierno del Estado, incluso desde antes de la expropiación del 4 de Julio de 1994.
Esta asociación fue despojada el 21 enero de 2015 por personas armadas en compañía de Alberto Millar. El representante de la Asociación, el Capitan Piloto Aviador Eduardo Paredes presentó una denuncia penal por estos hechos.
Diputados de la XV Legislatura, durante la reciente comparecencia de Claudia Romanillos, directora del IPAE, anticiparon que este organismos y sus operaciones serán los primeros en seer auditados por la presunción de irregularidades en la venta de tierra del patrimonio estatal y en la titulación de terrenos. (Noticaribe)