CHETUMAL, MX.- Las comparecencias públicas, realizadas por la XV Legislatura a los funcionarios salientes de la administración estatal, dejaron en evidencia su actuación y la opacidad con la cual se manejaban los recursos, por lo que en Acción Nacional, seguiremos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas para que estas prácticas sean erradicadas, declaró Juan Carlos Pallares Bueno, Presidente Estatal del PAN en Quintana Roo, al finalizar la comparecencia del titular de VIP Saesa en el Congreso Estatal.
Explicó que, con respecto de estos ejercicios de transparencia, ha sido positiva la percepción de los ciudadanos, quienes también pudieron ser participes de las comparecencias a través de las redes sociales a través de sus diputados. Sin embargo, los funcionarios estatales salientes quedaron a deber a los ciudadanos.
En el caso de Juan Pablo Guillermo Molina, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, durante su comparecencia aseguró que la deuda pública que entregará la administración de Roberto Borge es de 19 mil 197 millones de pesos más 574 millones de pesos en deuda con proveedores, declaró que el estado “no está quebrado” y que la deuda es “moderada y manejable”, aún cuando se le considera la segunda deuda más grande del País.
Los diputados lamentaron que en el caso del Fiscal General del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, se pusieran en riesgo de perder más de 70 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, porque este no ha hecho los nombramientos para integrar el órgano interno de control, a pesar de que está en sus atribuciones.
En La Secretaría de Salud Estatal, su titular Juan Lorenzo Ortegón, intentó explicar las deficiencias en la infraestructura y servicios de salud, señalando que el 60% del presupuesto anual se destina a nómina, lo que a su parecer hace difícil mejorar la atención a la población. Deja grandes pendientes como los hospitales de Nicolás Bravo, Carrillo Puerto y Cancún.
El encargado del despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Pedro Pablo Torres Tejero, no pudo explicar porqué no se han iniciado investigaciones ante las diversas denuncias publicas sobre actos de corrupción en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y se limitó a señalar que únicamente tienen responsabilidad administrativa con las juntas, aún cuando es el titular de esta secretaría quien esta al frente de estos órganos.
La directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, fue cuestionada por la opacidad en la venta de terrenos del patrimonio estatal, y no pudo explicar el porque se habían vendido terrenos a precios tan bajos como $65 pesos por metro cuadrado, la funcionaria no pudo entregar mucha de la información que los diputados le solicitaron.
El titular de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra) Fernando Escamilla Carrillo, reconoció que no hay obras significativas ni de mayor importancia en la administración borgista saliente, el funcionario enlistó varias obras como propias, cuando en realidad se trataban de infraestructura de la iniciativa privada u obra federal, evitó hablar en detalle de obras como el polémico Auditorio del Bienestar o los domos deportivos que costaron el doble del presupuesto de otros Estados del país, además de que reconoció que hay un monopolio conformado por los 17 sindicados de taxistas en el Estado, y que esta administración saliente y el propio exgobernador solaparon.
El director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gustavo Guerrero Ortiz, tampoco pudo explicar el destino de los 1,055 millones de pesos que ingresó CAPA por la ampliación de la concesión de Aguakan, y tampoco pudo dar información sobre como se invirtieron 506 millones de pesos que recibió CAPA a finales de 2015, en ambos casos, dijo, fueron ingresados a cuentas de la SEFIPLAN, sin embargo, nunca se supo en qué se invirtió ese dinero.
El Director General de Vip Saesa, Carlos Alberto Acosta, reveló que tenia un contrato con la empresa “Taxi Aéreo Villa Rica” por 150 horas, por un costo anual de 162 millones de pesos, además de que también se rentaba un helicóptero por 25 horas mensuales, con un costo anual de 19 millones y medio de pesos, esto para uso personal del exgobernador Roberto Borge; sin contar con la flotilla de cuatro aviones que operaba directamente su dependencia, que eran usados por funcionarios estatales y familiares, aunque el funcionario no entró en detalles puesto que no entregó las bitácoras de las aeronaves.
“Los ciudadanos ya están cansados de cifras alegres, exigen cuentas claras y transparencia en la función pública, sabemos que la administración saliente ha dejado muchos pendientes, sin embargo, los funcionarios de Acción Nacional cuentan con la experiencia y están listos para hacerle frente a estos retos, y sobre todo, a dar la cara por los ciudadanos, que esperan un verdadero cambio, y con estas acciones lo estamos demostrando”, finalizó Pallares Bueno. (Fuente: PAN)