CIUDAD DE MÉXICO.- Las investigaciones sobre la masacre estudiantil en Tlatelolco hace 48 años, y la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa hace dos, tienen algo en común: se toparon con los muros del Ejército. Y más aún: en ambos casos, los militares desempeñaban funciones policiales y de seguridad pública.
La participación del Ejército en la matanza del 2 de octubre de 1968 no ha quedado esclarecida. Ni siquiera la fiscalía especial que se creó para investigar los crímenes del pasado perpetrados por el Estado mexicano pudo abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El actual titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, también se niega a esclarecer el papel de los soldados en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
La acusación la hizo quien era el jefe del Ejército en 1968, el general Marcelino García Barragán. Directo, señaló al entonces jefe del EMP, el general Luis Gutiérrez Oropeza, como el responsable de desplegar a una docena de francotiradores en varios edificios de la Unidad Tlatelolco que daban a la plaza de las Tres Culturas.
El general García Barragán respondió así a las acusaciones del general Gutiérrez Oropeza, quien atribuyó toda la responsabilidad al Ejército y en particular a su entonces alto mando. El jefe del EMP durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aseguró que toda la operación militar del 2 de octubre había estado bajo el mando del secretario de la Defensa.
La participación de Gutiérrez Oropeza en la matanza había sido documentada por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), cuando en 1977 logró la desclasificación de reportes de la inteligencia militar estadunidense sobre lo ocurrido en Tlatelolco.
La versión del Ejército fue confirmada en 1999 por el fundador de este semanario, Julio Scherer García, y el cronista Carlos Monsiváis en su libro Parte de guerra (Proceso 1182), con documentos del general García Barragán, quien había fallecido dos décadas antes, en septiembre de 1979.
Ese relato fue la versión con la que trabajó años después la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2002 por el gobierno de Vicente Fox. (Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2083 de la revista Proceso, ya en circulación)