MÉRIDA.- La Procuraduría Federal de Protección Ambiental(Profepa) en Yucatán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sancionarán a la empresa y al piloto por el aterrizaje de un helicóptero en el Parque Área Natural Protegida Arrecife Alacranes la semana pasada.
Para el primer caso, la Profepa fincará responsabilidades y sanción económica que podría superar los 3.6 millones de pesos, al concluir con el acta administrativa de la investigación del aterrizaje del helicóptero en el Área Natural el pasado fin de semana.
La multa correspondería a entre 50 y 50 mil unidades de medida y actualización ($73.04), es decir poco más de 3.6 millones de pesos, pues son los causantes del daño material, que se establecerá al concluir las investigaciones y la recopilación de evidencias, en el transcurso de las próximas 72 horas, aclaró.
El delegado de la Profepa, José Lafontaine, puntualizó, que se está investigando un caso de carácter ambiental, es decir los daños causados a la biodiversidad por el aterrizaje de un helicóptero, y si estaban funcionarios federales y senadores, ellos no son los culpables de la hipótesis legal.
El caso del coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Guillermo Ruiz de Teresa, el senador Emilio Gamboa Patrón y el empresario Emilio Díaz Castellanos, subrayó viajaban a bordo del helicóptero en calidad de pasajeros.
El delegado de la Profepa, José Lafontaine, sostuvo que el piloto y el dueño de la nave serán los sancionados en este caso, por aterrizar en un lugar no permitido, pues debería conocer la prohibición que existe para aparatos aéreos en esa zona.
En tanto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la SCT impondría una sanción de alrededor de 2 millones de pesos a la empresa Heliservicio, S.A. de C.V, operadora de la aeronave Bell modelo 412EP por el cambio del plan de vuelo sin autorización, así como por operar en aeródromos no autorizados.
Además, la DGAC suspendió provisionalmente la licencia al piloto mientras se lleva a cabo la indagatoria. Asimismo, se podría hacer acreedor a una multa de unos 365 mil pesos por desobedecer instrucciones de la empresa. (Fuente: El Financiero)